Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 342.000 euros en concepto de responsabilidad civil a la ex presidenta del Consell y del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, y a los otros cinco acusados del caso Can Domenge, a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados en esta causa. Un procedimiento en el marco del cual pide seis años de prisión tanto para la ex dirigente histórica de Unió Mallorquina como para los otros tres ex dirigentes del partido que se sentarán en el banquillo.

    Así consta en el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado la acusación pública tras finalizar la instrucción de este caso, que echó a andar a raíz de la querella interpuesta por la mercantil Núñez y Navarro para denunciar la venta de los solares palmesanos por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía el grupo presidido por el empresario José Luis Núñez.  

  En su escrito, los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau solicitan una fianza civil de 32.000 euros para Munar, el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, los ex consejeros insulars Bartomeu Vicens, que en la actualidad cumple condena por una pieza separada del caso Son Oms, y Miquel Àngel Flaquer, y para el principal accionista de Sacresa una de las adjudicatarias, Román Sanahuja Pons. Mientras, para el abogado asesor de Sacresa, Santiago Fiol, reclama una caución de 182.000 euros.   

De forma paralela, la acusación pública pide la nulidad del expediente de enajenación de los terrenos, su adjudicación y la compraventa escriturada, así como la reversión de la finca al Consell de Mallorca y que éste sea indemnizado de las cargas, gravámenes y perjuicios que puedan haberse producido.

   En concreto, los fiscales acusan a los cuatro ex dirigentes de UM de los delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que finalmente no les acusan por un delito de malversación de caudales públicos. Además de los seis años de prisión, solicitan diez años de inhabilitación absoluta para cargo público para Munar y Nadal, y ocho para Vicens y Flaquer. Asimismo, reclaman un año y medio de cárcel para Fiol (fraude y revelación de secretos), y dos años para Sanahúja (fraude y uso de información confidencial).  

  En relación al delito de malversación no apreciado, señalan que el objeto material no puede ser un inmueble, amparándose para ello en una sentencia del Tribunal Supremo.  

  Tal y como postulan en un extenso escrito, fue a principios de 2005 cuando, siguiendo las directrices de Munar, se fue elaborando un proyecto con la participación de Nadal, Vicens y Flaquer, que se concertaron con otros acusados a fin de "beneficiar de manera arbitraria" a Sacresa, para lo cual idearon, prepararon y desarrollaron las actividades administrativas necesarias, disfrazando el proyecto bajo la apariencia de que se trataba de una decisión política.    "Infringieron de forma deliberada y manifiesta diversas normas y de manera injustificada se apartaron del interés público", sostiene el Ministerio Fiscal, aseverando que el proceso estuvo supervisado "en todo momento por Munar", quien "impartió las órdenes y directrices tendentes a la finalidad acordada", pese a que la ex presidente ha negado hasta ahora haber participado en acto ilegal alguno durante la tramitación. Además, apunta a que los cuatro acusados decidieron que nunca debía sobrepasarse la cantidad de 31,5 millones de euros para la adjudicación y así "podrían mantener el expediente bajo control", y dirigieron el procedimiento hacia un concurso y no una subasta

. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A SACRESA   

 Al hilo de lo anterior, la acusación mantiene que "enmascararon la verdadera finalidad del proceso bajo la falsa excusa de cumplir las determinaciones del Plan Territorial relativas a un crecimiento sostenible y ordenado". Es más, durante el tiempo transcurrido entre la solicitud de inicio del expediente (mayo de 2005) y el comienzo de éste (noviembre), los inculpados presuntamente aprovecharon para remitir información a Sacresa y anticipar las bases del futuro concurso, al tiempo que ésta remitió los borradores de condiciones que le eran "más favorables".  

  Una transmisión de datos que supuestamente se efectuó a través del abogado externo de Sacresa, Santiago Fiol, contratado "especialmente para llevar a cabo esta labor y por la que recibió 150.000 euros, plenamente consciente de la ilegalidad de su conducta". La acusación precisa además que el traspaso de información se realizaba mediante la entrega de sobres que el otro de los acusados, Ramón Sanahúja, remitía a Nadal con modelos de pliegos de condiciones, lo que "no solamente permitió a Sacresa "conocer y preparar el concurso con antelación sino también indicar a la administración qué condiciones le resultaban más adecuadas".    Y ello, además, a pesar de que al concurso se presentaron otros licitadores que, según la Fiscalía, "se vieron perjudicados por el trato de favor y el flujo de información del Consell en favor de Sacresa".    De este modo es como, finaliza el escrito, fueron los ex dirigentes de UM, en connivencia con los representantes de la mercantil beneficiada, redactaron las cláusulas a efectos de hacer "un traje a medida" para que los requisitos exigidos en el concurso "encajasen de forma perfecta con el proyecto de la mercantil con la que se habían concertado". Todo ello de cara a que el 30 de diciembre fuese aprobado el expediente para dar impulso a la adjudicación, propuesta en mayo de 2006 a Sacresa y Ferrà Tur, y aprobada en pleno el 5 de junio de ese año.   

 Cabe señalar que el escrito de acusación ha sido presentado cuatro meses después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12, Carmen González, dictase el auto para transformar las diligencias previas de la causa a procedimiento abreviado, y con el que finalizaba la fase de instrucción de este procedimiento.  

  El caso fue instruido durante cuatro meses por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al aforamiento de Munar, Nadal y Vicens, aunque finalmente volvió a manos del Juzgado de Instrucción número 12 después de que la ex líder "uemita" dimitiese como presidenta del Parlamento balear el 26 de febrero de 2010 tras las acusaciones vertidas contra ella por el propio Nadal en el marco del caso Maquillaje. Precisamente, la Fiscalía solicita otros seis años de prisión contra cada uno de ellos dentro de una pieza separada de esta causa.