La Fiscalía Anticorrupción solicitará, una vez haya declarado como imputada la Infanta Cristina y siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el curso de las pesquisas, el fin de la instrucción del caso Nóos como paso previo a su enjuiciamiento, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

   De hecho, tal y como han precisado las mismas fuentes, el Ministerio Público ya se encuentra trabajando en la elaboración de un extenso escrito mediante el que determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

   A falta de conocer si el magistrado cita o no a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como ha solicitado el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, la petición de la Fiscalía se producirá, previsiblemente, escasas semanas después de que este sábado la hija del Rey don Juan Carlos sea interrogada por el juez José Castro, quien citó a declarar a la Duquesa de Palma tras culminar las investigaciones sobre presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales que inició en torno a ella ocho meses atrás.

   El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma encara de este modo la recta final de unas investigaciones que dieron sus primeros coletazos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Urdangarin como Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.

   Una vez la Fiscalía pida el cierre de las pesquisas, el juez dictará un auto mediante el que pondrá fin a la instrucción y decretará el pase a procedimiento abreviado de la causa, es decir, dará pie a la Fiscalía y al resto de acusaciones para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que el magistrado deberá acordar necesariamente.    

EL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES

   Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares, puso la lupa sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial encabezado por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de euros públicos.

   Sin embargo, ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.

LAS INVESTIGACIONES DEL CASO PALMA ARENA

   El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas, entre otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear dio realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron de las arcas públicas.

   Junto a los denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit adjudicados a Nóos por hasta 2,3 y 3,6 millones de euros, respectivamente, en manos de Castro también se encuentran investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción del velódromo Palma Arena.

   De hecho, el caso bautizado con el nombre de la considerada infraestructura estrella del PP arrancó en agosto de 2009 con la detención del exdirector general de Deportes del Govern y medallista olímpico José Luis "Pepote" Ballester, del exportavoz "popular" en el Ayuntamiento de Palma Rafael Duran y de tres empresarios que habrían intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el sobrecoste del velódromo, inicialmente presupuestado en cincuenta millones de euros, que al término de las obras se vieron incrementados en unos 110 millones.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE MATAS Y FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

   Precisamente, el juez Castro, que recaló en Mallorca en 1985 y más en concreto en el Juzgado de lo Social número 2 de Palma, para ser posteriormente nombrado, en 1990, titular del Juzgado de Instrucción número 3, en el que permanece desde entonces, indaga la relación que existiría entre la malversación de fondos producida durante la construcción del velódromo, el enriquecimiento supuestamente ilícito de Matas y el elevado tren de vida que llevó mientras era máximo mandatario de la Comunidad Autónoma, y la financiación presuntamente irregular de la que se habría beneficiado el PP balear.

   El magistrado, cuyo Juzgado aglutina varias de las principales causas de corrupción política y económica que se instruyen en Baleares, ha tenido ante sí, a lo largo de interrogatorios que se han prolongado hasta durante tres días y que en ocasiones han finalizado a altas horas de la madrugada, al propio Matas, a varios de sus exconsellers, a Santiago Calatrava, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga y, en dos ocasiones, a Iñaki Urdangarin.