Miercoles, 15 de mayo de 2024

Informe remitido al juez

La Guardia Civil cree que los cortes del vídeo del Faisán no fueron accidentales

  Así consta en un informe pericial que el instituto armado remitió el pasado viernes al juez instructor del caso, Pablo Ruz, quien encargó este examen para contrastarlo con el realizado el 23 de noviembre de 2009 por la Sección de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica, que sostenía que los cortes podrían haberse producido "por agentes externos, accidentalmente o por deterioro".   

El examen de la Guardia Civil sobre la parte de la grabación que contiene los cortes, que se denomina en las actuaciones "cinta de vídeo/vigilancia número 122", contradice la tesis de la Policía y concluye que la manipulación fue realizada en el mismo momento en que se produjo, lo que apuntaría a que fue realizada por algún miembro del equipo conjunto de investigación.

   En el escrito que presentó el 1 de octubre de 2009 para solicitar el archivo de la causa por falta de autor conocido, el fiscal Carlos Bautista ponía de relieve que "la dirección del equipo conjunto" estableció un dispositivo de vigilancia personal o electrónico ante el bar Faisán pero no así en el domicilio del receptor del chivatazo, Joseba Elosúa. De igual modo, indicaba que el establecimiento tenía "dos entradas" y que la cámara policial "sólo enfocaba la entrada principal".

   Según fuentes de la causa consultadas por Europa Press, el vídeo, que está grabado en formato VHS, fue visionado en presencia del juez Baltasar Garzón en la última semana de octubre de 2009 y su primera reproducción se produjo a cámara rápida. Entonces, el funcionario policial que lo custodiaba aseguró que la cinta no había sufrido ningún deterioro tras la grabación, tal y como ahora ha confirmado la Guardia Civil.

DOS CORTES EN "UN MOMENTO CLAVE"  

  En concreto, el vídeo de vigilancia del bar Faisán de Irún presenta dos cortes de tres minutos y 16 segundos, respectivamente, que afectarían, según la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce la acusación popular en la causa, a un momento "clave" de la investigación.  

  El primero correspondería, teniendo el cuenta el desfase horario de tres minutos que tenía el reloj de la cámara, a la grabación que se realizó entre las 10.52 y 10.55 horas del 4 de mayo de 2006, día en que se iba a desarrollar la operación contra el aparato de extorsión de ETA. El segundo, de 16 segundos, comprendería entre las 11.11.12 horas hasta las 11.11.28. Según la Fiscalía, la supuesta "filtración" pudo producirse entre las 11.10 y las 12.00 horas de ese día.

  En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

EL JUEZ TAMBIÉN PREGUNTÓ A CARLOS G.

   El juez Ruz encargó esta diligencia el pasado 24 de enero con el objetivo de que las conclusiones del informe realizado por el Cuerpo Nacional de Policía pudieran ser "confirmadas o rebatidas" por la Guardia Civil y así saber si los cortes de imagen fueron "simultáneos a la grabación original" o se produjeron "con posterioridad".  

  También quería conocer la "intencionalidad o accidentalidad" de estos cortes, y en caso de ser posible, si existía alguna técnica audiovisual por la que pudiera llevarse a cabo "la recuepracuión de imágenes borradas de la grabación original". 

     De hecho, en el citado auto el magistrado solicitó al equipo policial de Carlos G. un informe ampliatorio en el que le pedía que detallara las razones por las que la imagen de la persona que supuestamente llevó a la delación no había sido registrada.

De igual modo, solicitaba a los investigadores que le remitieran una "certificación de la cadena de custodia" de la cinta y que identificaran a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado


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