La juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, ha admitido a trámite la querella promovida por el PP andaluz, que se persona así en estas diligencias.  

  En su querella, el PP señalaba que, merced al artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común (Lrjpac), "los actos" del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero "mediante los que se han otorgado las subvenciones son nulos de pleno derecho", reclamando la restitución de las cuantías "indebidamente" disfrutadas en el caso de los beneficiarios que finalmente resulten condenados.

   Fuentes del PP han informado a Europa Press de que la juez Mercedes Alaya, a través de un nuevo auto, ha admitido la mencionada querella, si bien no ha trascendido si han sido aceptados todos los términos de esta querella registrada el pasado 21 de marzo en el Juzgado de Instrucción número seis.   

En esta querella, recogida por Europa Press, el PP-A argumenta que en los actos de Francisco Javier Guerrero investigados por la juez, que además ha imputado a este exmiembro del PSOE, se ha dictado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y se ha dictado por un órgano administrativo manifiestamente incompetente", añadiendo además que estos "actos" son "nulos de pleno derecho" por "ser constitutivos de delito".

   Al tiempo, aclara que "la declaración de nulidad de pleno derecho conllevará la obligación de los que en su día resulten condenados de restituir a la Hacienda Pública de las cantidades indebidamente dispuestas o recibidas".

 "LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES" 

   Todo ello, explica el PP A en su querella, "sin que puedan resultar perjudicados los derechos de los trabajadores que, con buena fe y bajo la creencia de la legalidad de las subvenciones que han percibido, se acogieron a los expedientes de regulación de empleo". El papel de Guerrero en la Dirección General de Trabajo es uno de los puntales de los que arranca la investigación emprendida por la Policía Judicial, a instancias de la juez Alaya, en cuanto a la posible "trama" de formalización de prejubilaciones fraudulentas.  

  La Policía Judicial había puesto sus ojos en el "nuevo sistema" de ayudas autonómicas para ERE o reestructuración de empresas en crisis creado por Guerrero al desembarcar en el citado cargo.

   Según la Policía Judicial, gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el por entonces Instituto de Fomento de Andalucía, la última de las instituciones se convertía en la pagadora de estas subvenciones "evitando los controles y la fiscalización propia" de este tipo de libramientos.   

 Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el BOJA, constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Mediante esta fórmula, en concreto, habrían sido librados 647.869.157,45 euros para incentivar expedientes de regulación de empleo o ayudas a empresas en crisis, figurando entre las prejubilaciones de estos procedimientos personas que jamás habían trabajado en las empresas en cuestión.  

  El PP A, en calidad de acusación popular, dirige su querella contra un total de 26 personas, entre altos cargos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía, uno de ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, e intermediarios y beneficiarios de pólizas presuntamente irregulares relacionadas con expedientes de regulación de empleo (ERE).   

 Además, figuran como querellados los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general del Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera; y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.   

 También figuran como presuntos intermediarios Juan Lanzas, comercial de Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González, comercial de Vitalia, y José González Mata, administrador de Uniter S.L. e Ingotor Seguros S.L.

LOS HECHOS DENUNCIADOS  

  Asimismo, incluyen a María del Carmen Fontela, José Acevedo López, José Antonio Márquez Sánchez, José Antonio García Prieto, Juan Manuel López Espadas, Ricardo Medina Barrios, Patrocinio Sierra García, María José Martínez Elvira, Nieves Ruiz Pérez, Rafael Rosendo Villavieja, Alejandro Millán Torres, Juan Antonio Rodríguez Cordobés, Victorina Madrid Pisabarro, Rafael Rodríguez fuentes y Antonio González Perez, al aparecer como beneficiarios en pólizas de seguros de rentas financiadas por la Junta y contratadas para los ex trabajadores de empresas en las que nunca han trabajado.   

 El PP-A considera que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos; cohecho; prevaricación; tráfico de influencias; uso de información privilegiada; fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa, y falsedades en documentos públicos y mercantiles. El PP A sitúa el origen en el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) posterior Agencia IDEA, suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el que era presidente del IFA, Antonio Fernández.    Al respecto, considera que "al objeto de solventar los problemas de legalidad de las subvenciones concedidas a empresas, de conformidad con la legislación europea y tras los reparos que, al parecer, realizó la Intervención General de la Junta a determinados pagos de las ayudas concedidas a la mercantil Hijos de Andrés Molina S.A., por parte de personas aún no identificadas se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta".  

  Además, la querella sostiene que para la financiación de este sistema los presupuestos de la Consejería de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas presupuestarias con la denominación de transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA y que el volumen total de fondos transferidos desde 2000 hasta 2010 asciende a 647.869.157,45 euros. Así, apunta que "realizadas las transferencias de financiación al IFA-IDEA, este organismo de acuerdo con la Dirección General de Trabajo ha venido pagando subvenciones para el pago de primas de pólizas de seguros mediante las que se aseguraban las rentas de los trabajadores acogidos, o no, a ERE hasta su jubilación, subvenciones a ayuntamientos, empresas y entidades sin ánimo de lucros, sin que se haya seguido procedimiento administrativo alguno".

   En esta línea, precisa que "el IFA IDEA ha materializado pagos y la Junta ha concedido subvenciones contraviniendo los procedimientos recogidos en la Ley General de Hacienda Pública y habilitados para dichos fines e incumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en el otorgamiento de subvenciones".