Jueves, 03 de julio de 2025
a seis imputados en el caso ERE
La juez Alaya impone 367.000 euros en fianzas civiles
Entre ellos Luis Javier García de los Reyes, exdirigente del sindicato UGT en Jaén.
En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya impone la fianza civil más elevada a Alfredo Pérez, vecino de Baeza (Jaén) que, a través de las relaciones que mantenía con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, sería incluido en la póliza relacionada con el expediente de Primayor "a pesar de que no había trabajado" en dicha empresa.
Para fijar esta fianza civil, la juez instructora tiene en cuenta la resolución de la Consejería de Empleo de 20 de marzo de 2012 en la que se especifica que las cantidades "efectivamente" percibidas por el imputado ascendieron a 107.221,9 euros, cantidad a la que suma el tercio legal previsto.
La segunda fianza civil por cuantía corresponde a José Ángel Martín Moreno, administrador único de Gestifesa, empresa que según Alaya "recibiría, procedentes de los fondos públicos andaluces y por influencia" del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de viabilidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil e Hitemasa".
Este imputado, "en lugar de reclamar el abono de sus honorarios a las empresas receptoras de los estudios realizados por su empresa, en connivencia" con Guerrero "y a través del mismo" reclamaría dichos honorarios "directamente de la administración, pues no había suscrito el oportuno contrato administrativo", todo ello "a pesar de que conocía por razón del objeto social de su empresa cual era el trámite legal a seguir".
"TORTICERA INTENCIÓN"
No obstante, y "a sabiendas de su injusticia, cuidaría de que el importe de las facturas por él emitidas en ningún caso superase los 30.050,61 euros, y ello con la torticera intención de que se considerase un contrato negociado y sin publicidad, consiguiendo de esta forma" que por parte de Guerrero, "con total ausencia de procedimiento y de forma arbitraria, se abonaran al imputado 103.878,95 euros con cargo a los fondos públicos andaluces".
Es decir, concluye la juez, "hubo concierto" entre ambos "para defraudar a la administración a través de una resolución impropia y arbitraria de Guerrero, con total ausencia del procedimiento legalmente establecido --expediente de contratación-- y con el fin último de apropiarse de patrimonio público". Además, la magistrada declara responsable civil subsidiaria a Gestifesa.
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