La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha preguntado este jueves al abogado responsable del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal, imputado en la causa, por la intervención que tuvo en el expediente de Primayor el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías, quien en declaraciones a Europa Press ha confirmado dicha intervención.

   Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, después de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, haya cuestionado al imputado sobre este extremo, el letrado ha asegurado que Gaspar Zarrías "era el político que se interesaba y al que se acudía" a fin de "solucionar los problemas de Primayor y de las empresas de la zona de Jaén".

   Al hilo, y siempre según estas fuentes, Carlos Leal ha explicado que la "problemática" de Primayor se trató de solucionar a finales de 2007 y principios de 2008 "con varias comidas" celebradas en la Casa Rosa, sede entonces de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a las que, según ha dicho, asistieron el propio Zarrías; el "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, el empresario José María Ruiz Mateos y su hijo, así como "algún otro consejero" de la Junta al que no ha podido identificar con nombre y apellidos.

   En esas reuniones, de las que se enteró a través del propio Juan Lanzas, se abordó la posibilidad de que Dhul y Proasego -ambas pertenecientes al Grupo Nueva Rumasa- se instalaran en Jaén y procedieran a recolocar a los trabajadores de Primayor. Posteriormente, Dhul recibió una subvención de 6,4 millones de euros y Proasego de más de nueve millones, aunque el imputado ha dicho desconocer si estas ayudas se abonaron por parte de la Junta, aunque "cree que la de Dhul" sí se pagó.

   Durante su declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya, que se ha prolongado desde las 11,30 horas hasta cerca de las 21,00 horas de este jueves, el abogado Carlos Leal ha llegado a afirmar que "lo habitual en Ruiz Mateos era coger el dinero de las subvenciones y meterlo en un depósito a plazo fijo".

   El exconsejero, de su lado, ha admitido que mantuvo una reunión en su despacho oficial, a instancias del comité de empresa de Primayor, con el empresario José María Ruiz Mateos, su hijo, un técnico y representantes de los trabajadores, para abordar la posibilidad de que la empresa Dhul instalará una empresa de precocinados en Jaén y de esta manera recolocar a los desempleados de Primayor.

LA MENCIÓN DEL EXCHÓFER DE GUERRERO A ZARRÍAS

   No es la primera vez que aparece el nombre de Zarrías en relación al caso ERE, pues hay que recordar que el exchófer del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero aseguró en su declaración ante la juez que el exconsejero de Presidencia "llamó en varias ocasiones" a Guerrero para incluir a "intrusos" en varias prejubilaciones, aunque dijo no recordar "el nombre de los "intrusos" señalados por Zarrías" porque "eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más".

   Juan Francisco Trujillo, que declaró ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado día 22 de marzo, en el marco de la operación "Heracles" desarrollada por la Guardia Civil, señaló también que Zarrías "hizo gestiones" con Guerrero "para que le dieran ayudas" a una empresa azulejera de Vilches (Jaén), así como que Lanzas "presumía de tener línea directa con Zarrías", por lo que "podría pasar que le transmitiera a Guerrero alguna orden, petición o consejo de Zarrías".

   Por otro lado, y en el marco de su declaración, Carlos Leal ha asegurado que Juan Lanzas era un colaborador de su despacho, Estudios Jurídicos Villasís, así como que "no conocía las tropelías de Lanzas con Vitalia".

ALAYA IMPUTA SIETE DELITOS A CARLOS LEAL

   La instructora ha imputado un total de siete delitos al abogado y le ha atribuido haber participado en la "trama" desde el año 1999, año al que la magistrada ha decidido ampliar la investigación mediante un auto conocido esta semana.

   De este modo, la juez Mercedes Alaya ha imputado al letrado sendos presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

   Durante más de una hora, la magistrada le ha leído los hechos que le imputa y que, a su juicio, "ponen en evidencia su rol delictivo dentro de la trama", en la que habría supuestamente participado desde el año 1999 a través de los expedientes de Faja Pirítica, Santana, Aglomerados Morell o Río Grande, entre otros.

"POR MIS CUENTAS NO HA PASADO DINERO PÚBLICO"

   No obstante, y durante un receso en su declaración, el imputado ha asegurado en declaraciones a los periodistas que "por sus cuentas no ha pasado dinero público, ni un euro", así como que "no tiene nada que ocultar".

   Asimismo, y a preguntas de la magistrada, ha señalado que "no tenía conocimiento de la inclusión de "intrusos" en las pólizas de prejubilación" vinculadas a los distintos expedientes, y que "se fue cabreando exponencialmente" conforme se fue enterando de dicha inclusión de "intrusos" a través de la prensa.  

   La juez Alaya ha comunicado a los abogados presentes en la comparecencia que ha realizado ya al imputado el 75 por ciento de las preguntas que tiene previsto formular, por lo que en la mañana de este viernes prevé concluir su interrogatorio, tras lo que le tocará el turno a la Fiscalía Anticorrupción, al resto de acusaciones y a los abogados defensores.