La juez Mercedes Alaya, que investiga la supuesta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, señala en uno de sus últimos autos las "relaciones" que mediarían entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.  

  La juez Alaya investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, una fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

PREJUBILACIONES FRAUDULENTAS  

  Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la prejubilación irregular de otras 111 personas en 67 expedientes de regulación de empleo, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE. Como consecuencia de estos hechos, figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero (de nuevo en prisión), los sucesores de este último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla; Antonio Rivas, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas (también en prisión) y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, entre muchos otros.   

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.

Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría Hermes Consulting y Maginae Solutions habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

"LA CLAVE" ESTÁ EN LAS SOBRECOMISIONES   

Pues bien, en el auto emitido el 22 de marzo para ordenar el ingreso en prisión de Juan Lanzas, la juez Mercedes Alaya analiza pormenorizadamente este aspecto concreto, explicando el papel de cada una de las partes, con "la Consejería de Empleo otorgando las subvenciones" y "las consultoras, los intermediarios (sindicatos) y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial", toda vez que "la clave de este proceso son las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, de las que se surte cada interviniente".

Las sobrecomisiones, según la juez, constituían "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables".   

"Indiciariamente, se alimentaría además de la misma (en referencia a las sobrecomisiones) la autoridad pública que permitiría la ilícita disposición de los fondos, así como los sindicatos e intermediarios, que seguirían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio". La juez, así, da cuenta de la "relación de amistad" que unía a Juan Lanzas y Francisco Javier Guerrero y señala, por ejemplo, que para los expedientes de regulación de empleo promovidos en Matadero de Fuenteobejuna, Juan Lanzas negoció una financiación pública gracias a sus contactos en la administración. Después de que en estos ERE interveniesen el gabinete Estudios Jurídicos Villasís y la consultora Vitalia, las pólizas de seguro de rentas pactadas para las prejubilación incluyeron comisiones de incluso "el 29 por ciento" en algunos casos.

MÁS ERE  

  En el ERE promovido en 2006 en Surcolor, de otro lado, Lanzas habría cosechado también la financiación pública con la asistencia de nuevo de Estudios Jurídicos Villasís y la consultora Vitalia. Además de incluir el coste total del procedimiento "una comisión del 16,9 por ciento" (367.000 euros), este ERE incluyó la prejubilación del esposo de una concejal del PSOE de Camas y un "concuñado" del ya exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas. Se trata de dos personas que no trabajaron jamás en Surcolor y que pertenecían "al ámbito" de Antonio Rivas, según la juez. Igualmente, merced a este ERE Lanzas habría cosechado 118.000 euros a través de Juan Francisco Algarín Lamela, quien habría actuado como testaferro canalizando el dinero obtenido del supuesto exceso de comisiones.   

Sobre el ERE acordado en Comercial Alimentaria Dhul, la juez atribuye de nuevo a Lanza la obtención de la financiación autonómica. El procedimiento fue elaborado con la intervención de Personal Life y Vitalia, con una "comisión del 19 por ciento" y la inclusión en este ERE de tres intrusos; la esposa de un sindicalista de CCOO y dos "cuñados" del propio Lanzas. La juez, en este punto, señala las "relaciones" entre Lanzas y la familia Ruiz Mateos", porque el inculpado habría sido para esta conocida familia, siempre supuestamente, un "conseguidor de financiación pública y negocios de interés".

Así, explica la juez que Lanzas cosechó presuntamente financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas por esta familia, "cobrando supuestamente" tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero "en la casa de los señores Ruiz Mateos".

"SOCIEDADES PANTALLA"  

  Pero principalmente, el dinero habría llegado a Lanzas a través de "un amplio entramado de sociedades pantalla", como "Servicios Inmediatos de Andalucía", "Atrado Mensajería", "Estudios Agenciales", "Maginae Solutions", "Consulting Social Siemur" o "Al Andaluz Masss Media Channel". Al frente de estas empresas, así, se situaban "testaferros" que cobraban de consultoras como Vitalia las sobrecomisiones de las que se alimentaría la trama. Así, la juez le atribuye un "enriquecimiento exagerado" e ilícito de más de 13 millones de euros y diversos papeles en la inclusión de unos 24 intrusos, entre los que figuran su esposa y él mismo, en numerosos expedientes de regulación de empleo siempre financiados por la Junta de Andalucía.   

Por eso, la juez le atribuye un presunto delito continuado de prevaricación, otro supuesto delito continuado de malversación, otro delito de cohecho, otro de tráfico de influencias, otro delito continuado de falsedad en documentos mercantiles, un posible delito continuado de blanqueo de capitales y un presunto delito de asociación ilítica