Según hace constar la juez en un auto, ha archivado la causa abierta, por el cobro de dietas de la Permanente, contra el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya; el exconsejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo foral Álvaro Miranda, y el expresidente de Caja Navarra, Enrique Goñi.

  La juez remitió al alto tribunal esta causa para que se pronunciara sobre la actuación de la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, dado su carácter aforado. El pasado 24 de julio el Supremo se pronunciaba con el archivo de la investigación a la jefa del Ejecutivo navarro.

   La decisión del Tribunal Supremo puso fin a cinco meses de investigación judicial que ha desarrollado en Navarra la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona.

   La juez, que inició la investigación a raíz de una denuncia de la asociación Kontuz, consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de cohecho y pedía al Tribunal Supremo que valorara la pertinencia de tomar declaración como imputada a Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra, un cargo aforado que sólo puede ser investigado por el Alto Tribunal.

   Antes de enviar la causa al Supremo, la juez había imputado al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz; al alcalde de Pamplona, Enrique Maya; al exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda, y al exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi. Según la juez, los cargos políticos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra cobraron dietas "carentes de justificación" en un órgano que no tenía "soporte estatuario".

   En la exposición razonada que envió al Supremo, la magistrada señalaba que la previsión que se hacía en los estatutos de la Caja respecto a la celebración de estas reuniones era "nula" e indicaba que "en modo alguno dan a entender que pueda existir un órgano distinto o una forma de trabajo diferente a la prevista".

   Por este motivo, la juez de Pamplona citó a declarar como imputados a tres de los políticos que integraron la Comisión Permanente de la Caja, Miguel Sanz, Enrique Maya y Álvaro Miranda, quienes negaron haber cometido irregularidades. Igualmente, declaró como imputado el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi, quien rechazó igualmente la existencia de irregularidades y pidió el sobreseimiento de la causa.

   Además de los cuatro imputados, declararon ante la juez como testigos seis cargos políticos de UPN y PSN que integraron la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y que aseguraron que se enteraron de la existencia de la Permanente por la prensa.

   La postura de la juez chocaba con la de los fiscales de Pamplona y del Supremo, que no veían delito en estos hechos. El Ministerio Público consideraba que no se daban los requisitos para imputar indiciariamente cohecho impropio a la presidenta navarra ya que cobró las dietas por acudir a las reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras de la CAN, "por lo que no pueden considerarse una dádiva o regalo, entregados sin contraprestación alguna, ni tampoco le fueron entregadas en consideración al cargo público que ostenta la aforada".

   La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entendió, al igual que informó la Fiscalía, que los hechos investigados no serían típicos del delito de cohecho, "pues no hay ofrecimiento ajeno activo" y tampoco concurren los requisitos de "ajeneidad y de actuar contra la voluntad del titular del patrimonio".