La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que hoy ha enviado a la cárcel de manera provisional y sin fianza a Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del Gobierno catalán, argumenta en su auto de prisión que los encarcelados sí cometieron violencia con sus actuaciones, al urdir una "estrategia perfectamente organizada" para lograr la independencia, al apoyar y alentar "movilizaciones tumultuarias" y "contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía" y auspiciar al "brazo civil del levantamiento", en referencia a las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium.

La utilización de la violencia es uno de los requisitos que prevé la Ley en la comisión del delito de rebelión. La juez explica que las defensas de los acusados han señalado que sus defendidos no están de acuerdo con la violencia y que "no han propugnado actos violentos".

Sin embargo, la magistrada advierte: "Olvidan con ello que, como ya se ha expuesto, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas --ANC y Òminum-- que llevaría a la celebración del referéndum del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre".

La juez recuerda que "todos ellos" formaban parte del Gobierno catalán, que los acuerdos se tomaban "de forma conjunta", en "reuniones periódicas" y todos eran "conocedores" de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que "consentían y apoyaban". En este punto, precisa que lo que el Gobierno de Puigdemont apoyaba también incluía "movilizaciones tumultuarias organizadas".

La magistrada cita en su auto las "concentraciones y movilizaciones" promovidas por la ANC y Òmnium y recuerda que parte de los consejeros pertenecían a una u otra organización o a las dos.

BRAZO CIVIL DEL LEVANTAMIENTO AUSPICIADO POR EL

GOBIERNO CATALÁN

Lamela explica que las citadas asociaciones actuaron como el "brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades" del Gobierno catalán, que favoreció movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de octubre.

Respecto a las concentraciones que hubo esos días, señala que se produjeron mientras se desarrollaban una serie de diligencias de entrada y registro autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando una "muchedumbre se concentró ante los edificios registrados".

Recuerda las ocurridas en las consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación, en la sede del PSC donde "se llegó a agredir a militantes socialistas", en la sede de la CUP y en la imprenta de Bigues i Riells. Todas ellas en Barcelona, además de las ocurridas en Sabadell mientras se llevaba a cabo un registro en el domicilio particular del jefe de Gabinete de Gobernación, Joan Ignasi Sánchez; y en Les Franqueses del Vallés, durante el registro del domicilio de José María Jové Lladó.

No obstante, precisa que la actuación "más significativa" tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, donde los congregados "pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil". Allí retuvieron a la Comisión judicial, que no pudo salir del edificio hasta el día siguiente.

Entre los argumentos, incluye el llamamiento que realizó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un mitin organizado por la ANC en Sant Joan Despí, en el que estaba acompañado de Jordi Sánchez, ya en prisión por orden de la misma magistrada. Puigdemont alentó ese día el "enfrentamiento" de los asistentes con los alcaldes que no querían ceder locales para el 1-O, según la juez, que recuerda las palabras del expresidente: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".

ACTITUD PASIVA DE LOS MOSSOS QUE LLEGARON A

INCREPAR A LA POLICÍA

También cita la concentración que lograron llevar a cabo el 1 de octubre las asociaciones civiles soberanistas, que "ofrecieron resistencia" y trataron de "impedir el acceso de la fuerza policial" a los centros de votación del referéndum ilegal.

A ello, la juez añade la actitud "pasiva" de los Mossos d'Esquadra "manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir cuando los agentes de la Benemérita eran agredidos e incluso llegando a "increpar" a los guardias civiles que ejercían su función.

Entre los argumentos, la magistrada afirma que los Mossos "llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía alertando a los congregados en los colegios" electorales de que las citadas fuerzas del orden se dirigían a determinados lugares.

ACCIONES DE RECHAZO CONTRA GUARDIA CIVIL Y

POLICÍA

Todo ello, se une, según la magistrada, el hecho de que desde las instituciones catalanas se impulsaron acciones de "rechazo" contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía, "alentadas por los propios querellados".

En este contexto sitúa los comentarios del Consejero de Territorio, Josep Rull, en la red social twitter. El 21 de septiembre escribía: "En efecto, no les hemos dejado atacar". Y sobre los agentes alojados en los puertos de Barcelona y Tarragona, publicó el 22 de septiembre, tras estimar que costaban mantenerlos allí 300.000 euros al día: "Para reprimir no hay congelación de cuentas, ni límites al déficit público".

TENIAN EL MANDO DE LOS MOSSOS, CON POTENCIAL

EFECTO INTIMIDARIO

La magistrada precisa también que los querellados tenían "en exclusiva" el mando de los Mossos d'Esquadra, integrado por más de 17.000 efectivos armados, "con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban".

La magistrada acompaña estos argumentos de declaraciones realizas por el Consejero de Interior, Joaquim Forn, el pasado 11 de octubre cuando aseguró, al ser preguntado si podrían producirse enfrentamientos entre los Moosos y las FCSE: "si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías".

El auto recoge también el comunicado que realizó la Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, "alentando la convocatoria de huelga general": "El Gobierno se ha adherido a la huelga general prevista para mañana 3 de octubre (...). El personal que se sume al paro no se le computará esta ausencia".

Rivera: Si desacatas permanentemente la ley

tienes que entender que un juez decida que

no puedes estar en libertad

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado este jueves que "si desacatas permanentemente a la ley y a los tribunales tienes que entender" que un juez "puede imputarte, llamarte a capítulo y decidir que no puedes estar en libertad", en alusión al encarcelamiento decretado para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros ocho consejeros cesados.

"Se han estado saltando la ley cada minuto y se lo advertimos desde la tribuna del Parlament: esto es ilegal. Se lo advirtieron los letrados del Parlament y pasaron por encima; se lo advirtió el Consell de Garantías Estatutarias y pasaron por encima y han ignorado varias sentencias del Tribunal Constitucional. Esto es lo que pasa cuando no respetas las leyes de tu propio país", ha dicho.

Rivera ha trasladado "como demócrata" su respeto al trabajo del poder judicial y a la presunción de inocencia y ha criticado a los "políticos que le dicen a los jueces si tiene o no que aplicar la ley". "Yo pensaba que era al revés, que ninguna alcaldesa ni ningún presidente de gobierno autonómico le dice a los jueces lo que tienen que hacer", ha apuntillado en alusión, primero, a la regidora de Barcelona, Ada Colau.

El líder de Cs ha señalado, en esta línea, al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a su "surrealista fuga" para entender la decisión adoptada este jueves por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a instancias de la Fiscalía. "Flaco favor les ha hecho a sus compañeros el presidente a la fuga porque es precisamente esa fuga lo que justifica la adopción de estas medidas cautelares", ha remarcado.

En un acto público en Almería ante un millar de asistentes, Rivera ha defendido la "aplicación de las leyes" porque se ha demostrado que "cuando se hace, se restituye la confianza" y ha avisado del "riesgo que se corre, todavía --ha apuntillado-- si a los que incumplen la ley les sale a cuenta". "¿Qué motivo va a tener entonces un español medio para pagar sus impuestos y cumplir la ley si a estos les sale a cuenta? La democracia no es del revés, sino del derecho, de estado de derecho", ha añadido.

Tras arrogarse el presidir un partido "sin mochilas, sin complejos y con valentía", ha recordado que "hace unas semanas" Ciudadanos "estaba muy solo en su defensa de la Constitución y de la aplicación del artículo 155" en el arco parlamentario pero "con millones de españoles que pedían lo mismo" y ha apuntado como punto de inflexión el mensaje del Rey Felipe VI, quien "salió a dar la cara y nos dijo por donde ir: aplicar la Constitución desde los poderes públicos sin fisuras".

"Siempre hemos tenido muy claro, desde el primero minuto, que había que dar una salida a los catalanes para que recuperasen la voz que había silenciado el independentismo" frente a un PP, según ha remarcado, que "no quería convocar elecciones porque en Cataluña nunca les ha ido del todo bien y encallado en un cruce de cartas surrealistas".

Para Rivera, se está actuando desde el estado de derecho "con firmeza, democráticamente, con serenidad y sin aspavientos, y dejando actuar al poder judicial" y el Gobierno está ejecutando el mandato del Senado para que haya unas elecciones en Cataluña "limpias y con garantías".

"¿Cómo nos íbamos a fiar de que estos organicen unas elecciones? ¿Para que voten cuatro o cinco veces a dos manos?. Las tiene que organizar el estado para garantizar que el 21 de diciembre se van a abrir colegios electorales en cualquier pueblo, que no se van a acosar a los candidatos y que los votantes van a poder acudir a las urnas sin temor, y eso no es fácil", ha trasladado.

Al hilo de esto, se ha mostrado convencido de que, ante estos "momentos difíciles", el pueblo español "esta despertando" y va "un paso por delante de los partidos en los últimos meses" y ha subrayado el "aliento tremendo" que han supuesto las dos últimas manifestaciones convocadas por Sociedad Civil Catalana "llenando las calles de ilusión, coraje y dignidad".

"Hacía años que España no vivía momentos de tanta dignidad y que se han convertido en punta de lanza de un nuevo patriotismo moderno, alejado de la ruptura, de los bandos, para hacer frente al separatismo", ha afirmado para llamar a "sacar la fuerza" porque "no nos gustan ni los gobiernos imputados por corrupción, ni los gobiernos imputados por sedición".

PP y PSOE LES "HAN PERMITIDO HACER LO QUE LES DABA LA GANA"

El líder de la formación naranja ha sido muy crítico con la trayectoria del PP y PSOE a lo largo de 35 años con Cataluña y les ha acusado de haberla "entregado a Pujol". "Así hemos acabado", ha lamentado para criticar que hayan "estado mirando para otro lado, les hayan permitido hacer lo que les daba la gana y ahora se extrañen de lo que pasa en TV3 o con la educación" e instar a "recuperarla porque es el momento".

"Tenemos que abrir una nueva etapa frente al bipartidismo y nacionalistas para que no se repartan a trozos España como si fuera una tarta", ha dicho para abogar por "actualizar" una Constitución en "lo que no funciona". "Hay que actualizarla pero para todos los españoles, no solo para Puigdemont y Junqueras y por eso me comprometo a velar porque la reforma sea para la igualdad de todos los españoles y para que todos vivamos mejor".

Ha hecho mención, asimismo, a la reforma de la Constitución y ha reiterado que, a su juicio, el PSOE debe retirar "el fracaso" que supone la comisión impulsada por ellos "para tratar de contentar a Junqueras y a Puigdemont" al tiempo que le ha emplazado a 2018, "cuando pasen las elecciones catalanas", para un "debate calmo, sosegado y para todos los territorios donde se hable de sanidad, educación o ley de dependencia", ha concluido.