La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto este miércoles en el que imputa en el caso al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ocupó este cargo entre abril de 2004 y marzo de 2010.

   En dicho auto, de nueve folios y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada recoge la imputación de Barberá, "quien tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía".

 Además, le imputa que "daría el visto bueno a los pagos ordenados al IFA por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años".

   Junto a ello, la juez cita a declarar como imputado el próximo 20 de marzo, a cinco días de las elecciones autonómicas, a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que reconoció en su declaración policial que, en 2004, fue beneficiario de dos subvenciones de 450.000 euros cada una libradas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena S.L. y Lógica Estratégica Empresarial S.L., aunque que "la mayor parte" del dinero fue finalmente dedicada a cocaína, "fiestas y copas" para Guerrero y él mismo.  

  El propio Guerrero, de su lado y como ya se ha adelantado, ha sido citado el próximo día 7 de marzo, "pudiendo continuarse al día siguiente si la misma no se concluyera", todo ello después de que su abogado, Fernando de Pablo, solicitara el aplazamiento de la declaración fijada inicialmente para este jueves para estudiar la nueva documentación recibida y debido a que había sido citado a declarar nuevamente por la Guardia Civil.  

  Posteriormente, el 29 de marzo, deberán comparecer como imputados en el despacho de la juez la presidenta del Consejo de Administración de Acyco cuando ésta empresa solicitó el ERE, Encarnación Poto Monge, y el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, mientras que el 12 de abril ha citado, también como imputados, al presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell aunque jubilado en la misma desde 2000, Jorge Andrés Morell; a su hijo y administrador de la empresa, Luis Morell, y a Luis Llorente, "amigo" de Juan Lanzas e incluido en el ERE de esta empresa.

   En esta línea, la juez Mercedes Alaya cita el 19 de abril al presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y al consejero delegado, Manuel Rafael Castilla. El día 9 de mayo, por último, será el turno del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, estos dos últimos "intrusos" en el ERE de Calderinox.

 ACUSA A LA JUNTA DE "ENTORPECER LA INVESTIGACIÓN"  

  En el mismo auto, recrimina a la Junta que no haya aportado, como pidió, un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente, y le insta a que lo presente "a la mayor urgencia posible", ya que "su falta de presentación está entorpeciendo considerablemente la investigación de la causa".

   También hace referencia a un informe que consta en la causa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 22 de diciembre de 2011, aseverando que en el mismo "se hacen referencia a una serie de anexos nuevos, a operaciones no incluidas, a variaciones en los importes, cuya comprensión resulta totalmente imposible, obstaculizándose sobremanera el estudio de la documentación y por ende la investigación de las presentes diligencias"

. AYUDAS "CONCEDIDAS Y NO AUTORIZADAS"

   Además, la juez Mercedes Alaya requiere a la Administración autonómica para que en un plazo de 15 días aporte "un único desplegable" que "contenga todas las ayudas concedidas y pagadas, concedidas y no abonadas o pendientes de pago, así como las no autorizadas", tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

   Por último, y siguiendo con la crítica a la Junta, la magistrada pone de manifiesto que "se viene observando que, con un solo escrito de la Junta, se aporta una ingente documentación, prácticamente sin relacionar, procedente de los diferentes organismos", por lo que le requiere "de manera expresa" para que, en lo sucesivo, "aporte la documentación individualizadamente, a fin de que la documentación que se aporte resulte adecuada y comprensible desde un punto de vista jurídico".