La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

En el auto de prisión, la magistrada considera que el exconsejero "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos".  

  La juez ha tomado la determinación tras una jornada maratoniana de casi 24 de horas de duración que comenzó este lunes con las preguntas del PP y continuó por la tarde con las defensas, a lo que le siguió una comparecencia de medidas cautelares que se prolongó a las 1.10 horas de este martes.  

  Posteriormente, la magistrada ha notificado a Fernández, a las 6.45 horas de este martes, el auto por que lo envía a prisión, tal y como habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias, que además han pedido en su comparecencia que se imponga al imputado el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros.   

 De su lado, la Junta no ha solicitado el ingreso en la cárcel del exconsejero, sino que comparezca semanalmente en el Juzgado y que pague una fianza de responsabilidad civil de 68 millones de euros, así como que se retire el pasaporte. A esta última petición se ha adherido UGT, que también ejerce la acusación de este caso.  

  En el auto de prisión, de 77 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez considera que el exconsejero de Empleo de la Junta "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos".

   La magistrada justifica su decisión al entender que el imputado podría entorpecer la instrucción de la causa y que hay riesgo de fuga, pues "pese a tener suficiente arraigo familiar y laboral, la gravedad" de los delitos y las penas "y los importantes indicios" existentes "podrían generar el más que lógico temor ante una eventual condena, riesgo que no se evitaría por dicho arraigo", pues al exconsejero, "dados los importantes cargos públicos que ha desempeñado, se le supone de suficiente capacidad económica para dicha evasión".

"EXISTEN INDICIOS IMPORTANTES"   

 En el auto, la juez considera que "existen indicios importantes en la causa de la comisión de hechos delictivos de especial gravedad", ya que "presuntamente" el exconsejero, además de "idear y elaborar" el convenio marco de 2001 que reguló las ayudas investigadas, fue quien "ordenó las directrices para la aplicación" del mismo, las cuales "impartió" en su propio despacho al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.  

  "Estas directrices no se amparaban en normativa estatal ni de desarrollo reglamentario por parte de la Junta", sino que "eran criterios verbales que se manejaban en la Consejería y que sólo lo sabían las personas o cargos más cercanos a la Administración, de ahí que los beneficiarios tuvieran que tener estrecha relación con ellos", reza el escrito.   

 Según la instructora, "resulta difícil de creer que Fernández, como consejero y viceconsejero, no tenía el grado de conocimiento suficiente, siendo además formado en Derecho, para adivinar la pregunta ilegalidad del procedimiento". Todo ello "sirve para justificar la presunta comisión de los delitos continuados de prevaricación por su actuación de absoluto desprecio al Derecho prolongada en el tiempo y de malversación continuada por consentir en virtud de dicha actuación que terceros hayan dispuesto ilegítimamente de fondos públicos".

   La magistrada señala que, durante el mandato de Fernández como viceconsejero y como consejero, se concedieron en aplicación de este convenio 837 ayudas sociolaborales por valor de 395 millones y 294 ayudas directas a empresas por importe de 82 millones, las cuales "fueron otorgadas en su mayoría" por Guerrero y, "en menor medida", por su sucesor, Juan Márquez, "consintiendo el imputado, de manera indiciaria, la total y absoluta falta de competencia de aquellos para dichas concesiones".

   En su intervención, la Fiscalía solicitó el ingreso en la cárcel del exconsejero de Empleo al entender que existe riesgo de fuga por la gravedad de los delitos y también para evitar que pueda influir en otras fuentes de prueba.

   Asimismo, el Ministerio Público aseveró que "responder a todas las preguntas no siempre supone una colaboración con la Justicia", en alusión al hecho de que el exconsejero de Empleo haya respondido a todas las cuestiones que le han sido formuladas durante las cerca de 40 horas divididas en cuatro días que ha durado el interrogatorio.

FERNÁNDEZ DICE QUE VIERA ADOPTÓ "LA DECISIÓN"   

 En su declaración como imputado, Antonio Fernández ha afirmado que fue su antecesor en dicha responsabilidad y actual diputado nacional del PSOE, José Antonio Viera quien, en 2001, adoptó la "decisión" de la que nació el citado convenio. Incluso, señala que "en su opinión" Viera promovió este convenio marco "con la autorización del Gobierno" andaluz.   

 "La Junta conocía las operaciones con cargo a este convenio", ha defendido el exconsejero, quien ha enfatizado que el mencionado convenio marco "estaba avalado por la Ley de Presupuestos" y habría gozado del visto bueno de la asesoría jurídica de la Administración andaluza, si bien ha reconocido que presupuso esta conclusión y que no cuenta con pruebas fehacientes sobre ello.   

Sin embargo, y también ante las repetidas preguntas de la juez,  Fernández ha asegurado que no tiene constancia de que las subvenciones concedidas a través de este sistema a numerosas empresas y ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concentran buena parte de las ayudas directas investigadas, respondieran sencillamente a una "orden" de Viera.   

 Por otro lado, el abogado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, ha realizado una intervención de dos horas y media en la que ha negado que exista riesgo de fuga dado que Fernández lleva imputado más de un año y no ha tratado de eludir la acción de la Justicia. También ha ido más allá y ha incidido en la colaboración de su cliente con la Justicia al responder a todas las preguntas que le han sido formuladas, incluidas las del PP.   

 Tras conocer la decisión de ingreso en prisión de Fernández, el letrado ha anunciado que "combatirá en derecho" la medida, que considera "innecesaria y desproporcionada" porque entiende que no hay motivos para la misma. "Hoy es un día triste para el Estado de Derecho", ha lamentado a su salida de los juzgados, donde ha dicho a los medios que "desde una perspectiva jurídica" no se esperaba tal resolución.   

Con todo, Fernández se convierte en el tercer imputado que ingresa en prisión por el caso ERE tras el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en la cárcel desde el 10 de marzo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que ingresó en prisión el 21 de marzo.