En un auto fechado el 10 de febrero, la juez admite a trámite la querella presentada por Fiscalía de Medio Ambiente a principios de mes y abre diligencias para practicar nuevas pruebas.  

  La denuncia de Fiscalía se centraba en los hechos que ocurrieron en noviembre de 2007, cuando la central de Ascó I emitió al exterior partículas radiactivas de la que no informó hasta abril del año siguiente, y que ya ocasionó en 2009 la imposición de una multa de 15,39 millones de euros por parte del Ministerio de Industria, la más alta de la historia nuclear española.  

  La juez ha solicitado a los responsables toda la documentación técnica sobre el incidente, que deberá ser entregada en el plazo de cinco días, así como la relación completa de todos los trabajadores, fijos y eventuales desde el 26 de noviembre de 2007.    

La Fiscalía achaca al entonces director de la central Rafael Gasca --que fue destituido--, al jefe de servicio de protección radiológica Francesc González --que también fue destituido tras el incidente--, al jefe de explotación J.S.R. y al inspector residente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), A.G.R., la posible comisión de un delito contra la seguridad colectiva por exposición de radiaciones ionizantes debida a una "imprudencia grave".

   Además, el fiscal aprecia la comisión de un posible delito contra el medio ambiente, otro contra los derechos de los trabajadores y un cuarto por falsedad documental.

DECLARACIONES EN MARZO

   Entre otras diligencias, la juez ha pedido la identidad y dirección de la empresa que llevó a cabo el desmontaje y montaje de los tubos de ventilación el 19 de diciembre de 2007 y la cuantificación de la actividad total de las partículas halladas entre el 8 de abril de 2008 y el 7 de septiembre del mismo año   

También ha solicitado que se notifique a la entidad ecologista Greenpeace y al secretario general de ICV, Joan Herrera, --que denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Tarragona--, que se ha abierto un procedimiento para que acrediten su condición de perjudicados.  

  Los cuatro imputados declararán el 21 y el 25 de marzo y la juez también cita a declarar, sin determinar la fecha, a más de una decena de testigos.   

En su denuncia, el servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía recuerda que fueron halladas partículas radiactivas en la orilla opuesta del río Ebro, en una chatarrería situada a 60 kilómetros de Ascó, e incluso en el zapato de un trabajador que salía de la central, mientras que "no se cancelaron las visitas de grupos de estudiantes a la central" una vez conocida la fuga y dispersión de partículas.

   Según el fiscal, el suceso se produjo mientras finalizaba la recarga de combustible, cuando un trabajador novel "siguiendo instrucciones verbales" vació de forma indebida un recipiente con 50 litros de líquido radiactivo que saltó a la rejilla de aspiración del circuito de ventilación de la central --que además no tenía en funcionamiento el sistema de ventilación de emergencia que habría evitado la emisión al exterior--.

LA MAYOR MULTA DE LA HISTORIA

   El incidente fue clasificado con un nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (Ines), que va de 0 a 7, y supuso la imposición por parte del Ministerio de Industria de la mayor multa de la historia nuclear española, un total de 15,4 millones de euros, que en su momento las entidades ecologistas criticaron porque consideraron que salía barato contaminar.  

  El reactor de Ascó I, de 1.032 megavatios de potencia, produce al año más de 760.000 megavatios por hora y es el cuarto de mayor potencia instalado en España. Inaugurado en 1983 y propiedad de Endesa, su actual permiso de explotación vence en octubre de este año.