La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 265.015,47 euros, más el tercio legal previsto, para  Florido, a quien la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

   Durante su comparecencia ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, Florido se ha limitado a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil con motivo de la segunda fase de la operación "Heracles", cuando defendió su "total inocencia" y negó ser "intermediario comisionista", además de explicar su inclusión en varias pólizas, según han informado a Europa Press fuentes del caso.  

  Así, el exdirigente de CCOO-A desmintió ante los agentes del Instituto Armado que sean pólizas que le haya hecho Vitalia "por servicios prestados", de forma que aseguró que Vitalia "jamás me ha prometido nada porque no me debe nada ni le debo nada a Vitalia".

   De igual modo, dio detalles de su trayectoria laboral en Hytasal, donde entró con 15 años, y explicó que la póliza por prejubilación en esta empresa "es la única que tengo", mientras que las otras tres "responden a un dinero que me adeudaban y decidieron pagármelo a través de eso".

"Soy totalmente inocente, no tengo absolutamente nada que ver con la trama de los ERE", aseveró.  

  Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Alaya imputa a Florido haber mantenido una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".

 "PAQUETE COMPLETO"  

  De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un "paquete completo" que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".

   Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia".

   Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas -la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más-", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.

 "BENEFICIÓ" A VITALIA   

 Así, "la retribución por la labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical, beneficiando a Vitalia, habría sido por tanto remunerada mediante la formalización" de estas pólizas, considera la magistrada.

   Tras ratificarse en la declaración prestada ante la Guardia Civil, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido que se le prohíba salir de España y la retirada del pasaporte, así como la imposición de una fianza civil de 265.015,47 euros, más el tercio legal, dada "la realidad del cobro de cuatro pólizas financiadas con fondos en su origen públicos", petición a la que se han adherido las acusaciones que ejercen la Junta y Manos Limpias.  

  El abogado de Florido, que se encuentra actualmente jubilado, se ha opuesto a todas estas solicitudes alegando que la suscripción de las pólizas "se encuentra perfectamente justificada" en la declaración que se hizo ante la Guardia Civil, a lo que se suma que "ha estado siempre a disposición de la Justicia, como demuestra dicha declaración".

DECLARAN TAMBIÉN DOS "INTRUSAS" DE HITEMASA  

  Ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla han comparecido tanto este exdirigente de CCOO-A como dos "intrusas" en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa, como son María de las Nieves Ruiz y Josefa Martínez Elvira, ambas esposas de sindicalistas de UGT-A, a las que la juez ha imputado los mismos delitos que al exdirigente de CCOO-A.

   La juez imputa a la primera de ellas, "intrusa presuntamente vinculada" al "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, haber sido incluida en la póliza de Hitemasa pese a no haber trabajado nunca para dicha empresa, percibiendo finalmente entre 2001 y 2011 un total de 96.164,22 euros, así como una segunda suma de 17.230,52 euros.  

  Maria de las Nieves Ruiz, esposa del exdirigente de UGT de Jaén Rafael Mesa -fallecido en 2010-, ha admitido que entre 2001 y 2011 cobró 96.000 euros de la compañía y posteriormente unos 1.700 euros, pero ha precisado que "le dijeron que ese dinero era la indemnización que le correspondía" a su marido tras ser despedido de Cárnicas Molina.

 LA JUNTA PIDE UNA FIANZA CIVIL DE 171.000 PARA UNA "INTRUSA"

    Anticorrupción ha pedido para la imputada la imposición de una fianza civil "vista su condición de perceptora final de cantidades derivadas de fondos públicos" y "como beneficiaria de la póliza suscrita", mientras que la Junta ha solicitado que la fianza "no sea inferior" a 171.192,99 euros.

    De su lado, su abogado ha pedido tener en cuenta "la escasa" capacidad económica de su patrocinada, "que se encuentra incursa en un procedimiento de solicitud de reintegro efectuado por la Junta", a quien, según ha anunciado, "se van a reintegrar las cantidades percibidas por la misma y que no han abonado, pues aún no se les ha hecho el requerimiento".  

  Respecto a Josefa Martínez, la juez asegura que también fue incluida en la póliza relativa al ERE de Hitemasa pese a no haber trabajado nunca allí, llegando a cobrar entre 2001 y 2011 un total de 96.029,40 euros, aunque la imputada ha asegurado que ha devuelto a la Agencia Tributaria 112.269,49 euros por las cantidades percibidas indebidamente.

 LA JUEZ, ESCOLTADA A SU ENTRADA A LOS JUZGADOS   

 Esta imputada, esposa del exsindicalista de UGT Luis Javier García de los Reyes, ha señalado que pensaba que las cantidades percibidas se correspondían con la indemnización que debía recibir su marido por la salida de la empresa Hijos de Andrés Molina, explicando que "puso a su nombre el cobro de la póliza porque su marido era divorciado y acababan de tener una hija en común".

   La imputada, que estuvo afiliada al PSOE hasta hace cinco años, ha relatado que ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, donde "hacía los certificados de la gente que iba a Francia para la vendimia", mientras que también fue trabajadora de UGT, dedicándose a la organización sindical en la provincia de Jaén, aunque ahora "no está al servicio de la delegación provincial" tras ser despedida por su imputación en el caso ERE. Además, formó parte de una candidatura pública en Torredonjimeno en unas elecciones municipales.

   A pesar de haber devuelto las cantidades percibidas de manera indebida, tanto la Fiscalía como Junta y Manos Limpias han pedido que se le imponga una fianza civil de 30.000 euros.  

  De otro lado, hay que destacar que tres agentes de la Policía Nacional han escoltado este miércoles, a su llegada a los juzgados, a la juez, todo ello después de los incidentes ocurridos la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas se concentraron frente al edificio judicial para pedir la libertad de los compañeros detenidos en "Heracles".