Lo ha dicho en una entrevista con Europa Press en el contexto de cascadas de rebajas de condena a violadores o agresores a raíz de la entrada en vigor de la conocida como 'ley del solo sí es sí', una normativa que, a su juicio, tiene aspectos positivos. La reacción del Gobierno le "preocupa" porque está "desacreditando" a la administración en la que las víctimas tienen que "confiar", algo que tilda de "grave", y pide un cambio legislativo para dejar negro sobre blanco la aplicación.

Es más, ha considerado que "la reforma del Código Penal no era tan importante", sino que sí lo era "el procedimiento, para asegurar que el proceso policial y judicial no victimice". "Esa era la reforma importante y la dotación de medios y que nos permitan ser eficaces en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos y ser eficaces en reducir la victimización secundaria", ha señalado.

En su conversación con Europa Press, la magistrada ha observado que hay "una falta de técnica normativa" en la conocida como ley del 'solo sí es sí" y, aunque "a lo mejor" el Supremo "va a matizar algo", las revisiones que se están haciendo a la baja "son conforme a derecho y ajustado al artículo 2.2 del Código Penal", ha defendido.

"Claro", afirma al ser preguntada sobre si hay 'lagunas' en el texto legislativo que entró en vigor el pasado 7 de octubre. "Las disposiciones transitorias nos tenían que determinar en qué supuestos había que revisar, cuando no, o que solo el límite inferior o superior", dijo, podrían especificar el modo en el que aplicar la ley en virtud de los límites penales pero, al no contar con esta aclaración, los jueces "están obligados a ir al 2.2 del Código Penal". "Estamos obligados, no hay otra solución", ha aseverado.

López-Suevos clarifica que al no estar en ninguna asociación de jueces ni en órganos de sala desconoce la oficialidad de las eventuales advertencias al Ejecutivo o Legislativo, pero señala que, en todo caso, habían trascendido. Así, ha sostenido que "puede haber otras formas de interpretación" que no sean las que se han conocido en los últimos días, y que ambas "sean totalmente consistentes y ajustadas a derecho", pero ha advertido de que el hecho de que existan varias posibilidades confirma que "hay un déficit en la técnica".

"EL GOBIERNO ESTÁ SIENDO MUY IMPRUDENTE"

"El Gobierno está siendo muy imprudente con sus manifestaciones porque está creando mucha alarma pública. Yo no sé lo que va a interpretar finalmente el Tribunal Supremo, pero lo que está claro es que esta situación se da porque hay una deficiente técnica normativa y quiero hacer hincapié en que las resoluciones que se están dictando son conformes a derecho. ¿Puede haber otra interpretación? Es posible, pero ambas son conforme a derecho", ha analizado.

Por ello, se ha mostrado partidaria de "aclarar" las revisiones, en el plano legislativo, porque "están victimizando a las personas víctimas de delitos sexuales". "Lograr una condena en estos delitos es un proceso muy duro para la víctima, produce mucho daño síquico y entiendo que observen esta situación con desánimo, que revivan su sufrimiento", ha avisado, para concluir que, "fundamentalmente por las víctimas, hay que aclarar esta ley y porque no se puede crear inseguridad jurídica".

"Las leyes, cuando no son claras, no son buenas leyes. Hay un vacío normativo. Porque si se pueden interpretar de otra forma (como dice el Gobierno), entonces es que no está claro. Estas cosas tienen que estar muy bien regulado", ha enfatizado.

DEBIÓ TENER UNA REACCIÓN "HUMILDE"

A su juicio, tras iniciarse la cascada de revisiones a la baja, el Gobierno debió haber tenido "una reacción más humilde, subsanarlo lo antes posibles" y "no empezar con esta la escalada de faltas de respeto a la judicatura", porque "crean inseguridad": "Los que estamos intentando que las víctimas confíen en el sistema policial y judicial, nos están haciendo un flaco favor, porque nos están desacreditando como administración", ha avisado. "Es muy grave", ha remarcado.

López-Suevos, que ha reconocido que la ley incorpora elementos que suponen avances --como modificar la sumisión química como agresión sexual--, ha considerado que la normativa "no era imprescindible hacerla necesaria" y ha puesto en duda en que en sí misma vaya a "mejorar mucho" la situación para las mujeres. "El problema está en el procedimiento", ha opinado.

Así las cosas, reconoce que la ley "tiene aspectos muy buenos y es valiente en otros muchos", pero sobre si considera que las declaraciones expresadas por parte del Gobierno sobre la aplicación 'machista' de ley debe comportar dimisiones, evita posicionarse. "Los jueces no debemos entrar en su terreno (político), igual que los políticos no deben desacreditarnos", ha sentenciado.

CONSENTIMIENTO

No obstante, sobre la inclusión del "consentimiento" ha expresado también sus dudas acerca de que el "silencio" en ningún caso pueda ser un consentimiento en el ámbito de las relaciones sexuales y ha observado que en esta materia hay que "tener mucho cuidado", porque al final "se está llevando al Estado a nuestra sexualidad".

"Y sobre todo, yo no entiendo en qué mejora la instrucción y el enjuicimiamiento de los delitos introducir una definición del consentimiento, porque, al final, necesariamente, la prueba fundamental sigue recayendo en la declaración de la víctima, y no creo que esa definición mejore nada la regulación penal y reduzca la victimización secundaria. No acabo de entender qué mejora aporta", ha esgrimido.

"Me da la sensación de que queriendo hacer una ley muy progresista, parece que nos está invadiendo en nuestra privacidad. Tengo reparos", ha continuado, si bien especificó, a renglón seguido, que "otros aspectos de la ley son francamente buenos", en referencia a todo lo que se introduce sobre formación en género para todos los agentes implicados el tratamiento de la violencia de género y delitos sexuales.

FORMACIÓN

"Antes de 2017 era practicamente inexistente", ha manifestado la jueza, quien ha dicho que ella misma desde entonces ha encabezado una lucha para que la formación llegue todos los ámbitos y evitar la revictimización de la víctima. De hecho, ha sido la impulsora de una guía de buenas prácticas que el TSXG ha incorporado al partido judicial de Santiago de Compostela y que aprobó extender --con las adaptaciones pertinentes-- al resto de Galicia.

López-Suevos también ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está haciendo un esfuerzo importante" en el ámbito de la formación, que ahora pasan a ser obligatorios desde la formación hasta el inicio de la escuela de judicatura. "Esto me parece un logro de la ley", ha manifestado.

La jueza ha incidido en que es necesario formarse en perspectiva de género y "ser más eficaces y reducir la victimización secundaria", para evitar más "daño" a las víctimas, con medidas como recoger la declaración de la víctima en un único acto policial y judicial, medidas de protección o atención sicológica, entre otras