La Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este viernes las conclusiones del dictamen de la Comisión parlamentaria de investigación sobre el Caso Marea en el que se reprueba al expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces y otros ex altos cargos del Gobierno asturiano por las consecuencias que las presuntas irregularidades en contrataciones han tenido para la sociedad asturiana.

   Además, el parlamento asturiano ha rechazado los votos particulares de Foro y PSOE. El dictamen, al que se ha dado luz verde por mayoría, también recoge recomendaciones para mejorar el control en la gestión y en los procedimientos de contratación de la Administración autonómica, entre las que destaca un portal de transparencia.

   Mientras que IU y UPyD han coincidido en defender la labor de la Comisión para determinar las responsabilidades políticas y resaltar la trascendencia de las recomendaciones para aumentar los controles de la Administración, desde Foro se ha reclamado ampliar las reprobaciones a más exconsejeros.

   Según el PP se trata del "mayor caso de corrupción" de la historia de Asturias y el expresidente Areces no puede alegar desconocimiento de los hechos, mientras que desde el PSOE consideran que el resto de grupos tenían una visión "predeterminada" de los hechos y el informe está equivocado por ser "parcial y tendencioso".

   Así, para el portavoz socialista, Fernando Lastra, cuando desde el PP y Foro hablan de la dependencia de los responsables políticos de su presidente y se considera al exjefe del Ejecutivo como responsable por entender que los hechos no pueden escapar a su conocimiento, esa argumentación debería hacerse extensible también a los jefes del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

UPYD CREE QUE SE DEPURAN RESPONSABILIDADES SIN CACERÍAS

   Durante su intervención, el diputado de UPyD y presidente de la Comisión, Ignacio Prendes, ha hecho hincapié en que unos hechos de gravedad como estos "no pueden quedar sin consecuencias políticas" para los responsables del Ejecutivo autonómico en cuyo mandato se desarrollaron las actuaciones investigadas.

   No obstante, ha asegurado que no se trata de una "causa general" contra el gobierno socialista de Álvarez Areces, ni se pueden establecer "condenas eterna ni la muerte política de nadie". Por ello, además de poner en valor las propuestas de mejora para la administración asturiana, Prendes ha resaltado que el dictamen no da "satisfacción" ni a quienes querían "una cacería" ni a quienes creen que "la democracia tiene que parapetarse detrás de los jueces".

IU, NO TODOS LOS COMPORTAMIENTOS VALEN

   Para la diputada de IU Emilia Vázquez no se ha tratado, en ningún caso, de una causa general contra los empleados públicos, ni contra ninguna administración, ni contra ningún gobierno, aunque ha remarcado que es importante la reprobación "para mandar un mensaje a los ciudadanos de que no todos los comportamientos valen, sean o no sean penados".

   Con todo, para Izquierda Unida lo fundamental es la propuesta de recomendaciones para mejorar la Administración asturiana ya que "fallaron los controles o funcionaron mal los procedimientos" y, por tanto, se debe avanzar para garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión en base a la transparencia.

EL PP RECHAZA QUE ARECES DESCONOCIERA LOS HECHOS

   Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, ha asegurado que el Caso Marea es "el resultado de la relajación, en casos deliberada, de los controles en los procedimientos de contratación por responsables políticos designados por el partido socialista". "El señor Areces no puede alegar desconocimiento de los hechos", ha aseverado.

   Así, además de resaltar la imagen del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre entrando en prisión poco después de que dimitiese "por motivos de salud", el diputado del PP ha criticado que desde el Gobierno se instruyeran investigaciones sobre la actuación de la ex funcionaria Marta Renedo pero "no se hiciera nada" para investigar los comportamientos "de sus compañeros de partido".

   Cuervas-Mons, que ha incidido en que desde el PP no se ha puesto bajo sospecha a los funcionarios, ha calificado de objetivos básicos de una comisión de investigación tanto determinar responsabilidades como proponer recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir hechos como los investigados.

   "Más vale tarde que nunca", ha dicho, mostrándose conforme con los trabajos, al tiempo que se ha dirigido al presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Javier Fernández, para pedirle que no se enroque en su "ceguera" sobre el caso.

FORO PRETENDÍA AMPLIAR LOS RESPONSABLES POLÍTICOS

   Desde Foro, la diputada Teresa Alonso ha hecho hincapié en las responsabilidades de los cargos políticos y ha defendido los trabajos de la comisión para el esclarecimiento de los hechos.

   También se ha referido a las relaciones de dependencia, subordinación y confianza de los consejeros respecto del presidente que los nombra, al tiempo que ha puesto el acento en las "negligencias" de control por parte del entonces consejero de Economía y Hacienda Jaime Rabanal.

   Por ello, ha defendido el voto particular de Foro, que ha sido rechazado, con el que su formación pretendía ampliar las reprobaciones a los exconsejeros Jaime Rabanal, Francisco González Buendía y Ramón Quirós.

EL LETRADO CONTRIBUYÓ A QUE EL INFORME "NO SEA UNA INFAMIA"

   Finalmente, el portavoz socialista, Fernando Lastra, ha agradecido al letrado de la Cámara que haya contribuido a que el informe "no sea una infamia", lamentando que casi no se haya dedicado tiempo a las recomendaciones de mejora, considerando suprimible el análisis de los hechos por "equivocado, parcial y tendencioso".

   Igualmente, el diputado del PSOE ha dicho que "no han fallado los controles" de la administración ya que no se podían prever las trampas, señalando que Marta Renedo engañó a todo el mundo "pero eso no permite deducir que los controles de la administración hayan funcionado mal".