Jueves, 28 de marzo de 2024
Investigación por supuestos delitos sexuales
La Justicia británica aprueba la extradición de Assange a Suecia
La defensa de Assange, que tiene una semana para apelar la decisión, ya ha confirmado que recurrirá el fallo, según informan los medios británicos. En caso de que su recurso no prospere, será extraditado a Suecia en un plazo de diez días.
El juez Howard Riddle, miembro de la Corte de Magistrados de Belmarsh, en el sudeste de Londres, ha sustentado su decisión, entre otros argumentos, en la falta de disposición del acusado para comparecer ante la Justicia sueca. Entiende que los delitos que pesan sobre Assange son lo suficientemente graves como para considerar adecuado el traslado al país nórdico.
"He considerado específicamente si la condición física o mental del acusado es tal que sería injusto u opresivo extraditarle", ha explicado Riddle, quien considera que la posible extradición "compatible" con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Uno de los abogados de Assange, Mark Stephens, ha confirmado ante la prensa la presentación de un recurso contra la extradición y ha dicho que aún confían en que el asunto se resuelva en Reino Unido. En este sentido, se ha mostrado "muy optimista" sobre las "oportunidades" de que el recurso prospere.
Durante los tres días que duró la vista, a principios de febrero, la defensa de Assange basó sus alegatos en que el informático australiano no tendría un juicio justo en Suecia y en poner en duda la labor de la fiscalía del país nórdico. Incluso argumentaron que podría terminar siendo trasladado a Estados Unidos, donde se arriesgaría a una condena a pena de muerte por filtrar documentos secretos.
Además, los abogados acusaron al primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, de crear una "atmósfera tóxica" y de retratar a Assange como "el enemigo público número uno".
CUATRO CARGOS CONTRA ASSANGE
Assange, de 39 años y origen australiano, fue detenido el pasado 7 de diciembre, menos de dos semanas después de que su portal comenzase a difundir 250.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Suecia buscaba la extradición de Assange bajo los términos de una orden de arresto europea creada en el 2004 para acelerar las extradiciones entre los estados miembros de la Unión Europea. El fundador de Wikileaks siempre ha negado los hechos que se le imputan e incluso ha alegado que forman parte de un proceso con trasfondo político.
El caso presentado por Suecia contiene acusaciones de cuatro agresiones sexuales por parte de Assange contra dos mujeres en Estocolmo en agosto de 2010. Una acusación presentada por la "Mujer A" dice que Assange "abusó sexualmente de ella" al ignorar su solicitud de que usara un condón cuando tenía relaciones con ella, mientras que otra hace referencia a la "Mujer W", quien dijo que Assange tuvo sexo con ella sin usar condón mientras estaba dormida.
Columnistas
Cabe resaltar aquí lo afirmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional: "En definitiva, da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana proporcionó los explosivos" (sic).
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El papel rector de la Comisión Europea —que concentra todo el poder ejecutivo y gran parte del legislativo de la UE, pero no responde ni ante los Gobiernos nacionales, ni ante los ciudadanos europeos ni ante el Parlamento Europeo— es el principal instrumento de ese proceso de supranacionalización Publicado previamente en LA GACETA
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No sé si las palabras del juez ponente del proceso del 11M -"hay cosas tan graves en el 11-M que por ahora es mejor que no se sepan"- están ahora más en vigor que nunca antes.
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A propósito de este acuerdo vienen a la memori las palabras de San Agustín en La ciudad de Dios, si no se respeta la justicia, ¿Qué son los Estados sino grandes bandas de ladrones?.
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En Asturias, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia en sentencia 620/2023, de 29 de mayo, dictada en el recurso PO 791/2022, ha estimado el recurso formulado por el Arzobispado de Oviedo impugnando el Decreto 60/2022, de 30 de agosto.
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