Esta ley, hay que recordar, supercede por completo a la normativa de Hong Kong estipulada por el propio Congreso del territorio, cuyo órgano ejecutivo ha sido incapaz de aclarar los detalles de la normativa y ha remitido constantemente a las autoridades de Pekín para cualquier duda al respecto, alegando falta de información.

Los detalles de la ley se han recogido en el sumario del pleno celebrado durante los últimos tres días por el Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista chino, que abre este apartado con asegurando que la ley de seguridad nacional "respetará y protegerá los Derechos Humanos" acorde con la normativa local de Hong Kong, antes de advertir de que el poder último de interpretación reside descansará precisamente sobre el propio comité.

En lo que se refiere a la comisión, este organismo, que tendrá una sede física en el territorio, se encargará de "supervisar, dirigir y coordinar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno local hacia la seguridad nacional" cuando perciba los delitos anteriormente mencionados.

Los disidentes hongkoneses, que desde el año pasado han emprendido protestas multitudinarias lo que consideran como una injerencia de Pekín en la independencia parcial de la que disfrutan como parte de las condiciones de devolución pactadas por Reino Unido con China, temen quedar jurídicamente indefensos si se les aplican estos cargos.

Asimismo, esta comisión se encargará de "recopilar cualquier tipo de información de inteligencia relevante a los intereses de seguridad del territorio, en colaboración con la Judicatura de Hong Kong" para gestionar "los casos que afecten a la seguridad nacional".

Estos casos serán instruidos por magistrados elegidos por la jefa ejecutiva del territorio, Carrie Lam, completamente subsirviente a los poderes centrales de Pekín.

El Comité Permanente del Partido Comunista dará el espaldarazo a la ley con vistas a su aprobación y entrada en vigor definitivas para el 1 de julio, cuando se cumplirán 23 años de la devolución del territorio a China por parte de Reino Unido, su antigua potencia colonial, en 1997.

Además, la ley tampoco descarta la extradición a la China continental de cualquier detenido por esta normativa, en lo que supondría la recuperación de los términos de una pasada legislación, ahora suspendida, que precisamente provocó el año pasado la mayor ola de protestas vista en Hong Kong desde que adquirió su estatus actual, ha explicado el delegado hongkonés del Comité Permanente del partido, Tam Yiu Chung.