El presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estevez, ha arremetido contra el "desafortunado" anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que conducirá a una "Justicia más cara y más lenta" en la que el principal perjudicado será el ciudadano, y que además ha puesto en  pie de guerra a un sector formado por cerca de 10.300 procuradores.

   "Si la Justicia no está para lanzar cohetes, si le pones todas las zancadillas, va a ser un desastre de tal calibre que no va a servir para nada", ha destacado Estevez en una entrevista a Europa Press, en la que ha advertido de las "nefastas" consecuencias del texto normativo, que elimina la incompatibilidad entre abogados y procuradores y suprime los aranceles.

   En su opinión, el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos "ha ganado esta primera batalla" al presentar el citado anteproyecto en el último Consejo de Ministros del verano, pese al "gran descontento" del sector y las "disfunciones" que generará.

   "El Ministerio de Justicia se oponía. No les gusta, lo que pasa es que hasta ahora en esta primera guerra, que tampoco gustaba a otros Ministerios como Fomento o Sanidad, ha ganado De Guindos", ha explicado el presidente de la Procura.

   Ha desvelado que Economía ha recibido más de 200.000 observaciones de procuradores contra su anteproyecto y que no descartan ninguna medida de protesta, incluida la huelga, aunque apuestan ahora por la vía del "diálogo, diálogo y diálogo". "No se descarta nada, pero las medidas de fuerza deben ser lo último", ha dicho, al ser preguntado por una posible huelga.

SUPRESIÓN DE LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ABOGADO Y PROCURADOR

   Estevez, que tiene una reunión pendiente con el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, niega que el texto normativo dinamice la economía a medio y largo plazo. Es más, vaticina que la libre fijación de honorarios por abogados y procuradores "encarecerá" los costes derivados de la representación procesal.

   En la actualidad, el arancel establecido por el Estado "cumple una función social" con precios "muy baratos" que rondan los 40 euros en casos de divorio o los 37 euros en un proceso penal, cuantías que con el nuevo escenario podrían superar "los 200 euros".

   "Los costes no se van a abaratar. Los abogados cobrarán el 100% sobre la tarifa que cobramos nosotros. Si entramos en libre competencia en el mismo terreno y no hay arancel, yo como procurador, no tengo por qué cobrar lo que dice el arancel y cobraré lo mismo que el abogado, por lo tanto se elevarán los costes del proceso", ha afirmado.

   El presidente de los procuradores es un firme defensor del arancel por la función social que cumple y porque ofrece al ciudadano conocer de antemano el coste aproximado del pleito antes de iniciarlo.

   Sin embargo, pronostica que si este coste fijo se elimina, las impugnaciones a los honorarios de los procuradores aumentarán en caso de que se pierda el pleito y el cliente quede disconforme con el precio cobrado. "Significará más demora, más trámites, más precios a cobrar, más distorsión y más trabajo para la Administración de Justicia", ha denunciado.

LA "PREGUNTA DEL MILLÓN": LA RAZÓN DE ECONOMÍA

   Así las cosas, cree que la "pregunta del millón" radica en qué ha llevado a Economía a aprobar este texto y a eliminar la incompatibilidad entre abogado y procurador, algo que nadie ha demandado. Eso sí, admite la influencia del informe de la Comisión Nacional de la Competencia, el cual fue "muy duro y terminante" con los procuradores.

   La asunción de la representación procesal por parte de los abogados provocará "disfunciones" también en la recepción de las notificaciones. Los procuradores gestionan 50 millones de notificaciones judiciales anuales gracias a un sistema sufragado por el colectivo con "coste cero" para el ciudadano. "Cuesta en torno a los 200 millones anuales", ha precisado.

    Estevez ve inviable que el salón de notificaciones o el sistema telemático utilizado por los colegios de procuradores pueda extenderse a los más de 140.000 abogados si ejercen finalmente estas funciones. "No conozco ningún sitio, salvo la Plaza de Toros o el Palacio de Deportes de Madrid, que pueda dar cabida a un salón de notificaciones de ese tamaño", ha concluido, para advertir del riesgo de colapso de un sistema electrónico de tales dimensiones.