Pese a las subidas, nada se actualizará con el IPC como se hacía hasta ahora, gracias a la Ley de Desindexación que ha aprobado el Gobierno con el objetivo de desvincular los precios públicos de la inflación española. Así, la norma deroga cualquier vinculación directa al IPC y vincula los aumentos exclusivamente a la evolución de los costes de la prestación del servicio.

   No afecta a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

   Además, desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado, llamado "Índice de Garantía de Competitividad", que tiene en cuenta el diferencial de inflación de España con la zona euro corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Tendrá un tope del 2% -el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)- y un suelo del 0%.

   Pese al cambio legislativo, son muchos los precios de los servicios básicos que subirán a partir del 1 de enero. La subida más llamativa es la de la luz, cuyo incremento finalmente se ha fijado en el 2,3% gracias al mecanismo transitorio aprobado por el Gobierno después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propusiera dos alternativas a la subasta invalidada el 19 de diciembre.

   El mecanismo transitorio recoge una subida del 1,4% para el coste de la energía, a lo que se debe sumar el incremento del 0,9% correspondiente a la parte regulada, conocida como peajes, que aparece recogido en una orden ministerial.

   Por su parte, el servicio ferroviario de Cercanías y el de Media Distancia (regionales) de Renfe subirán un 1,9% a partir del 1 de enero, una cifra superior a la inflación, que mostraba un avance del 0,2% interanual a cierre del pasado mes de noviembre, pero por debajo de la subida del 3% que se aplicó a comienzos de 2013.

LAS AUTOPISTAS TAMBIÉN SUBEN

   De la misma forma, el precio del peaje de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado subirá una media del 1,85% a partir del próximo 1 de enero de 2014. Este incremento es inferior al del 2,40% que se aplicó a comienzos de 2013 y constituye el menor aumento desde 2011.

   La subida se aplicará a toda la red estatal de autopistas, esto es, a todas las vías, incluidas las que están en concurso de acreedores. Por contra, no afectará a las dependientes del Gobierno catalán, el túnel de Sóller de Palma de Mallorca, Autopistas de Navarra (Audenasa) y otras pequeñas vías de pago dependientes de los gobiernos de Galicia y País Vasco.

EL PRECIO DE LA TELEFONÍA SE CONGELA

   En cambio y pese a la resolución aprobada el año pasado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que permite a Telefónica aumentar la cuota de abono hasta el IPC como máximo entre los años 2013 y 2016, la empresa ha optado por congelar sus precios en 2014.

   De la misma forma, la tarifa de gas natural se mantendrá en enero después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo haya decidido elevar en un 2,3% la parte regulada de la factura, conocida como peajes. Esta revisión es fruto tanto de una subida del 2,3% en la parte de los peajes como de un descenso del 3,2% en el otro principal componente de la tarifa, el correspondiente al coste de la energía.

   En cuanto al butano, Industria también mantendrá en enero el precio actual de la bombona de butano, que seguirá en el máximo de 17,5 euros por bombona en vigor desde el mes de mayo.

POCO ALIVIO PARA LAS HIPOTECAS

   Por su parte, el Euríbor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, previsiblemente cerrará el año en el umbral del 0,54%, un nivel muy similar al que finalizó 2012, con lo que el alivio en los bolsillos de los hipotecados se notará menos que en los últimos años.

   Mientras los precios de algunos servicios siguen subiendo o se mantienen congelados, las rentas de los ciudadanos se mantienen estancadas. Así, tanto las empresas como el propio Gobierno siguen pidiendo moderación salarial para superar la crisis.

SE CONGELA EL SMI, PERO SUBEN LAS PENSIONES

   De hecho, el Gobierno ha vuelto a optar por congelar el Salario Mínimo Profesional (SMI) y lo ha dejado en 645 euros para el año que viene, aunque ha elevado las pensiones un 0,25% de forma general tras la entrada en vigor del nuevo índice para calcular el incremento de las pensiones.

   El nuevo factor, que sustituye al IPC, incorpora un suelo de revalorización del 0,25% y un techo del IPC más el 0,5%. De este modo, el Gobierno quiere garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas en el medio plazo y evitar futuras bajadas o congelaciones de las cuantías.