Sabado, 02 de agosto de 2025

Fiscalía indaga si dos ayuntamientos amenazaron a hoteles para expulsar a los policías

La mujer que denunció que la Policía le había roto los dedos admite ahora que sólo es una inflamación

Marta Torrecillas envió un mensaje a una amiga en el que aseguraba que la Policía la había desalojado de un colegio electoral tirándola por las escaleras, tirándola cosas y rompiéndola los dedos de la mano expresamente uno a uno. Además, afirmaba que la habían tocado las tetas y la habían pegado. "Esto es mucha maldad", remataba.

Sin embargo, en las imágenes del desalojo del citado colegio se ve cómo Torrecillas se tira al suelo cuando los agentes la invitan a abandonar el lugar y la agarran para que lo haga.

Los antidisturbios intentan levantarla sujetándola primero la mano derecha, pero ella se resiste agarrada a otra persona con la mano izquierda, luego trata de que el agente la suelte la mano derecha utilizando la izquierda. La arrastran unos escalones, después baja otros en cuclillas y luego, ya de pie, baja otros pocos y se vuelve a sentar para eviar que la saquen del colegio.

Pero ayer, Marta Torrecillas ha asegurado en un programa de TV3, que inicialmente pensó que tenía los dedos rotos, pero la han dicho que se trata de una capsulitis, es decir, una inflamación de la cápsula articular que recubre la articulación.

"Cuando estas en esa situación, lo primero que piensas es bueno, me han roto el dedo", precisa en la televisión catalana, en cuyas imágenes se puede apreciar que tiene un dedo inmobilizado de la mano izquierda. Pero acto seguido aclara que ahora se lo han "explicado bien" y que tiene una capsulitis, que provoca que se queden los "dedos tiesos y no los puedas mover".

ADA COLAU Y PEP GUARDIOLA

El Ministerio del Interior anunció ayer por la noche que dará traslado a la Fiscalía de las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en las que se basó en el testimonio de Marta Torrecillas para acusar a la Policía de agresiones sexuales en el dispositivo para frenar el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.

La decisión se adoptó después de que Ada Colau asegurara en Rac1 que no sólo denunciaba el exceso del uso de fuerza de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también agresiones sexuales. "Nos han llegado diversos testimonios de mujeres que denuncian agresiones sexuales", sostuvo la alcaldesa, haciendo alusión a presuntos tocamientos.

Interior ha decidido remitir las declaraciones de Ada Colau a la Fiscalía por si sus palabras son constitutivas del delito recogido en el artículo 504.2 del Código Penal. En dicho artículo, se sanciona a los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con la pena de multa de doce a dieciocho meses.

El testimonio de Marta Torrecillas sirvió también para que el entrenador del Manchester City y expreparador del FC Barcelona, Pep Guardiola, denunciara las cargas policiales durante el referéndum. "Tenemos que parar lo de hoy porque ha sido muy gordo. La gente que ha ido a votar no iba con pistolas con balas de goma, que están prohibidas. ¡A una chica le han roto los dedos!, expresó indignado en declaraciones a Rac1.

Fiscalía indaga si dos ayuntamientos

amenazaron a hoteles para expulsar a los

policías

El fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona ha abierto diligencias de investigación para averiguar si los Ayuntamientos de Calella y Pineda de Mar amenazaron a los responsables de los hoteles donde se alojan agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para expulsarlos de sus instalaciones.

En un decreto de este martes, el fiscal considera que los hechos, de ser ciertos, podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas, coacciones y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas "por la pertenencia de los afectados a la nación española".

Como primera instrucción, el fiscal ha ordenado a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que practique todas las diligencias que permitan "la comprobación de los hechos, su esclarecimiento y la identificación de sus autores".

La fiscal jefa de Barcelona, Anna Magaldi, ha delegado en el fiscal para delitos de odio la investigación después de tener conocimiento a través de la prensa de que agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional habían sido expulsados y de que "podría haber responsables municipales implicados en dichos hechos".

En su escrito, también alude a un documento "supuestamente" firmado por el gerente de la cadena de hoteles Checkin que afirmaba haber tenido una reunión con los responsables del Ayuntamiento de Pineda y que se ven obligados a desalojar de dos de sus establecimientos: Bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, dice este comunicado que ha circulado por redes sociales.

DOS COMUNICADOS

Sin embargo, los hoteles Checkin Mont-palau y Checkin Pineda, en un comunicado conjunto con el Ayuntamiento de este martes, han desmentido haber sido amenazados y defienden que "en ningún caso ha habido ninguna medida de presión a la hora de tomar esta decisión".

El Ayuntamiento y los dos hoteles han asegurado que los agentes dejarán los establecimientos este mismo martes "por razones de seguridad y con la finalidad de garantizar la convivencia del municipio", después de las protestas ciudadanas a su puertas para pedir que se vayan.

Asegura que los agentes han tenido "un comportamiento ejemplar durante toda su estancia", y que su salida estaba prevista para el jueves, pero que tras los acontecimientos que han sucedido desde el domingo, el gobierno municipal y los establecimientos, conjuntamente, han planteado avanzar la salida.

Después de la operación policial del domingo contra el referéndum, grupos de manifestantes han acudido estos días a varios hoteles de localidades como Calella y Pineda de Mar para gritar consignas contra los agentes.

Sin embargo, este mismo martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que el Gobierno ha tomado la decisión de que ni los policías ni los guardias civiles "abandonen ningún hotel donde haya contrato en vigor".

En una comparecencia sin pregunta desde el Ministerio del Interior tras reunirse en Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Zoido ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "alentar el acoso totalitario" contra los agentes.


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