La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada la indemnización por despido improcedente en el caso de los contratos indefinidos será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, mientras que la del despido procedente será de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario.

   Esto supone condenar a la extinción al contrato indefinido ordinario de 45 días por año trabajado de indemnización por despido improcedente, pues desde la entrada en vigor de la reforma ya no se podrá contratar fijo con esta modalidad, sólo con la de 33 días.   

 Para los trabajadores que ya tengan un contrato indefinido ordinario y sean despedidos de manera improcedente, la indemnización se calculará a 45 días por año hasta la entrada en vigor de la ley y desde esa fecha, a 33 días por año.

   El Gobierno ha clarificado en esta reforma, aprobada en forma de Real Decreto-ley, las características para que las empresas puedan acogerse a despidos objetivos por causas económicas (20 días por año trabajado), aunque Báñez ha dejado claro que "habrá control judicial" de las mismas.   

 Así, se entenderán por causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, ha precisado Báñez, se entenderá que la disminución es persistente "si se produce durante tres trimestres consecutivos".   

 Además, la reforma recuperará a partir del 1 de enero de 2013 el límite al encadenamiento de contratos temporales eliminado por el anterior Gobierno, y suprime la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos. Báñez ha destacado que, dentro de la UE, esta autorización sólo estaba en vigor en España y Grecia, por lo que España es hoy "un poco más europea".

 CONTRATO INDEFINIDO PARA EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES

   La reforma laboral aprobada este viernes por el Gobierno contempla la creación de un nuevo contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores para potenciar la contratación, especialmente de los jóvenes, con un periodo de prueba de un año.

   Las empresas que se acojan a estos contratos tendrán derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros cuando contraten a su primer trabajador, siempre que sea menor de 30 años.   

Además, los emprendedores que contraten a un trabajador en paro bajo esta modalidad podrán deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año.  

  Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo. Báñez ha dado mucho valor a esta medida pues, según ha destacado, "por primera vez", se permite compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con un sueldo.  

   Asimismo, la reforma fomentará la contratación indefinida de jóvenes de entre 16 y 30 años durante tres años con bonificaciones empresariales de hasta 3.600 euros y de hasta 4.500 en el caso de que los contratados sean parados de larga duración mayores de 45 años.  

  La norma crea una cuenta de formación para cada trabajador, potencia la intermediación laboral de las empresas de trabajo temporal, regula por primera vez el teletrabajo, modifica el contrato estable a tiempo parcial y también el de formación y aprendizaje.

   En este punto, Báñez ha explicado que el contrato de formación podrá realizarse con trabajadores de hasta 30 años hasta que la tasa de paro no baje del 15%. Cuando ésta caiga por debajo de esa barrera, la edad máxima del contratado será de 25 años. Además, ha dicho la ministra, los trabajadores podrán formarse en las propias empresas, al estilo del modelo dual de formación.

 MÁS FLEXIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS   

 La reforma da prioridad a los convenios de empresa, de forma que, independientemente de lo que se pacte a nivel superior, se podrá consensuar un convenio de empresa que se adapte a sus necesidades y particularidades.   

 Además, se facilita a las empresas en dificultades la no aplicación del convenio de ámbito superior (descuelgue). En caso de que no exista acuerdo, las partes irán a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje. De no ser así, se recurrirá a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos nacional o a sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro que resolverá en un máximo de 25 días.  

  Por otro lado, se establece, en relación a la ultraactividad de los convenios (prórroga automática de los mismos en ausencia de los nuevos) las partes deberán negociar un nuevo convenio en un plazo máximo de dos años. A partir de esa fecha, el convenio ya no estará vigente.  

  La reforma, que se ha aprobado como Real Decreto-ley pero que se tramitará como proyecto de ley, impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación puedan realizar servicios de interés general a la comunidad y desvinculará el absentismo individual del trabajador de la media de la plantilla.

 LOS AGENTES SOCIALES, CONVOCADOS  

  Báñez ha asegurado que citará el lunes en el Ministerio a los agentes sociales para presentarles la reforma laboral, aunque los sindicatos han convocado para mañana una rueda de prensa conjunta para valorarla.   

La ministra ha asegurado que uno de los principios del Gobierno ha sido mantener "permanentemente" abierto el diálogo social porque es "fundamental" en democracia y tiene un "importante valor económico", motivo por el que quiere hablar con los agentes sociales el lunes aunque los contactos esto días hayan sido "permanentes".

   De hecho, la titular de la cartera de Empleo ha resaltado el esfuerzo de responsabilidad que han realizado los agentes sociales al alcanzar un acuerdo de moderación salarial "muy importante" para el país, aunque ha recordado que la función del Gobierno es "gobernar" y completar las materias en las que empresarios y sindicatos no han logrado consenso.   

Además, ha aprovechado para pedir a empresarios y sindicatos más responsabilidad en el futuro porque el país está en un momento de crisis "importante" y porque la reforma contribuirá "sin duda" a frenar la "sangría" de la destrucción de empleo y, "sobre todo", a crear nuevos puestos de trabajo.  

  Por su parte, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno trasladará a los socios europeos las principales novedades de la reforma, que sigue algunas líneas de otras legislaciones europeas, porque el alto nivel de paro en España es una de las preocupaciones del continente. "Vamos a trabajar para que el resto del mundo tenga confianza en un país que lo merece", ha dicho.