En un amplio informe, elaborado tras la visita a Madrid entre el 3 y el 5 de julio de un grupo de expertos de la institución internacional encargados de analizar los progresos de España en la implementación de las reformas necesarias para ajustarse a la convención para combatir el pago de sobornos de funcionarios extranjeros, la OCDE expresa su "seria preocupación por que tras casi 13 años de existencia del delito de sobono a funcionarios extranjeros, ninguna empresa ni persona física hayan sido condenados ni juzgados por esta cuestión".

   De hecho, los expertos de la entidad con sede en París admiten encontrarse "particularmente alarmados" por el bajo número de investigaciones de este tipo desarrolladas por España, dado el tamaño de su economía y su significativa actividad comercial exterior, incluyendo países y actividades de alto riesgo.

   Así, el informe de la OCDE señala que en los últimos trece años España sólo ha llevado a cabo un total de siete investigaciones relacionadas con el soborno de funcionarios extranjeros, ninguna de ellas contra corporaciones, sino contra personas físicas, de las que sólo un par superaron la fase de investigación inicial, aunque finalmente todas fueron archivadas sin consecuencias para los encausados.

   En concreto, las investigaciones por el presunto pago de sobornos de las que hay constancia hacen referencia a casos investigados entre 2006 y 2012 ante la sospecha del presunto pago de sobornos a funcionarios de países como Costa Rica, Marruecos, Libia, Angola o Letonia, aunque ninguno de los procesos tuvo consecuencias para los investigados.

   En el marco de su análisis, la OCDE ha pedido a España que le proporcione un informe de autoevaluación al respecto este año, donde se detallen los progresos en la modificación del Código penal, así como en la implementación de las recomendaciones de la institución para combatir la corrupción.

   A este respecto, el grupo de trabajo de la OCDE se reserva la adopción de "las medidas adecuadas", incluida la posibilidad de una nueva evaluación, en el caso de que España no adopte los pasos necesarios para cumplir con las recomendaciones recibidas.

 LIMITADA COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS

   Asimismo, los integrantes de la misión de la OCDE hacen constar en su informe la "limitada" información proporcionada por las autoridades españolas con anterioridad a la visita sobre el terreno de los expertos de la institución, algo que fue subsanado en parte durante y con posterioridad a la misma.

   "Antes de la visita sobre el terreno, España proporcionó información limitada en sus respuestas en el cuestionario estándar, así como en las preguntas suplementarias", señalan los representantes de la OCDE, que critican, además, el "muy limitado" abanico de estadísticas suministradas, además de que "mucha de la legislación relevante no estaba traducida al inglés".  

  "La escasa información dificultó los preparativos de la visita y redujo su efectividad", apuntan los enviados de la OCDE, que, de este modo, tuvieron que destinar una parte sustancial de su estancia a discutir cuestiones relativamente básicas "que deberían haber sido clarificadas a través de los cuestionarios", por lo que, como consecuencia, quedó poco tiempo para entrar en discusiones de mayor profundidad.

    No obstante, la misión de la OCDE reconoce que "durante y con posterioridad a la visita" las autoridades españolas hicieron un esfuerzo significativo para proporcionar traducciones de la legislación relevante, así como de otra documentación y respondieron a la solicitud de información adicional por parte de la institución, lo que resultó de ayuda, aunque esta información añadida correspondiera a "un limitado número de áreas".  

  "Además, estos materiales fueron proporcionados cuando el equipo estaba elaborando el borrador del informe, dificultando así el proceso. Estos materiales generaron nuevas preguntas y cuestiones, tanto en relación con la legislación como con los casos, algo que el equipo de evaluación debería haber discutido durante la visita", señalan los autores del informe quienes consideran que "al haberse visto privados de la oportunidad de hacerlo, se enfrentaron a dificultades a la hora de valorar algunas de estas cuestiones".