El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha alertado de la situación de México, donde se da un "contexto de desapariciones generalizadas" marcado por la "impunidad". En un crítico informe, este grupo ha puesto el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa  como ejemplo de los "serios desafíos" del país.

   El Comité ha difundido este viernes los resultados de un exhaustivo análisis que, si bien aplaude recientes avances legislativos como la Ley de Víctimas, también repasa una serie de situaciones en las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debería adoptar más medidas.

   El Comité considera "que el marco normativo, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes, no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención" Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

   En este sentido, describe un "contexto de desapariciones generalizadas" en el que el "grave caso" de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en el estado de Guerrero "ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de personas".

   El Comité incluye entre sus críticas la disparidad de leyes y modelos de gestión que lleva implícita la propia distribución administrativa de México. Así, añade, las distintas jurisdicciones tienen "desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones" de la convención, hasta el punto de que algunas legislaciones regionales incluso "no tipifican la desaparición forzada" como delito.

   La ONU propone que México avance hacia normativas generales aplicables a todo el territorio que, por ejemplo, prevean "específicamente" la responsabilidad penal de "superiores jerárquicos" cuando elementos de las fuerzas de seguridad participan en delitos de desaparición forzada. En el caso de que estuviesen implicados militares, el informe pide que las autoridades civiles se encarguen de investigación y juicio.

FISCALÍA ESPECIAL

   En su informe, el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha subrayado la necesidad de que México cuente con un "registro único" de personas desaparecidas con miras a disponer de "estadísticas confiables" y fomentar la coordinación.

   Las propuestas incluyen también la creación de una fiscalía especializada dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) centrada únicamente en la investigación de desapariciones forzadas. Esta unidad debería contar con "recursos adecuados" y una "perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional".

   Por otra parte, Naciones Unidas insta a México a facilitar la participación de los familiares de las víctimas en las investigaciones, así como a garantizar "medidas de protección" para impedir cualquier caso de "maltrato o intimidación" contra personas que denuncian o participan en pesquisas.

IMPUNIDAD

   El Comité "se muestra preocupado por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada", toda vez que hay una "casi inexistencia de condenas" por este delito. Esta impunidad quedaría patente con situaciones en las que las autoridades no han emprendido las investigaciones "con la debida celeridad" o con la calificación de los hechos en base a otros delitos a pesar de los "indicios".

   Por este motivo, el Gobierno de Peña Nieto "debería redoblar sus esfuerzos con miras a asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal".

   Al Comité le "preocupa", además, que no haya habido "avances significativos" en materia de investigaciones y sanciones de responsables de las desapariciones forzadas durante la "guerra sucia", término por el que se conoce a la lucha contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón (2006-2012). Esto se traduce, por ejemplo, en un "lento" proceso de "reparación".

EL CASO DE IGUALA

   El Comité de Naciones Unidas no se refiere expresamente al caso de los 43 estudiantes 'normalistas' desaparecidos a finales de septiembre en Iguala más que para citarlo como ejemplo de los retos de México. Sin embargo, sí que lamenta las "serias dificultades" que existen a la hora de buscar a personas desaparecidas o de identificar sus restos.

   La Procuraduría mexicana ha dado por muertos a los 43 estudiantes --argumentando una "certeza legal"-- a pesar de que sólo se han identificado los restos de uno de estos jóvenes. Los estudiantes habrían sido entregados por las fuerzas locales al cártel Guerreros Unidos.

   La ONU plantea también lo que ocurre cuando nunca llega a encontrarse a una persona desaparecida, viva o muerta. En este sentido, recomienda la adopción de un procedimiento para "obtener una declaración de ausencia" que permita regular la "situación legal" de estos casos abiertos, así como la de sus allegados.