El CEDAW ha publicado su último informe sobre la situación en el país, que mantiene una estricta legislación que prohíbe el aborto en cualquier caso. Entre sus recomendaciones, el comité de la ONU ha pedido que se legalice, al menos, en tres supuestos: cuando el embarazo sea producto de una violación o de incesto, cuando la vida de la madre esté en peligro o cuando exista una grave malformación del feto.

Según este organismo, la prohibición total del aborto lleva a menudo a las mujeres a recurrir a métodos inseguros para practicarse el aborto, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Asimismo, la CEDAW ha instado a imponer una moratoria sobre la ley que ordena la detención de mujeres que hayan interrumpido voluntariamente sus embarazos y que sentencia de manera desproporcionada --con penas de hasta 30 años de cárcel-- a aquellas mujeres que hayan abortado, ya sea de forma provocada como natural.

En este sentido, ha pedido la liberación de las detenidas por estos casos y ha instado a que se proteja su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Mientras, en el país arrancó la semana pasada la campaña '40 días por la vida', que tiene como objetivo que se ponga fin a esta práctica. La impulsora de esta campaña, Karla de Lacayo, ha asegurado que esta iniciativa responde a la "defensa de la vida, como lo está pidiendo el Papa" y ha sugerido que las mujeres que deciden practicarse un aborto lo hacen al "ser engañadas".

PROPUESTA DE DESPENALIZACIÓN

El pasado mes de octubre, la presidenta de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Lorena Peña, presentó una propuesta para despenalizar el aborto en determinados casos, como los de violación o grave riesgo de muerte para la madre.

Peña, miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recalcó que la legislación "no tiene en cuenta que el delito de violación contra una mujer es el único donde la víctima, y no el violador, carga con las consecuencias toda la vida, como es el caso de un embarazo producto de la misma".

Así, abogó por reformar el artículo 133 del Código Penal, argumentando que "en él se evidencia la existencia de una omisión legislativa para solventar desde la tipicidad penal los conflictos que suscitan entre la salud y la vida de las mujeres cuando han quedado embarazadas por hechos de violencia, o en situación de graves riesgos a su vida".

Con motivo del Día de la Niña, las autoridades desvelaron entonces un informe que recoge que la mayor parte de las víctimas de violencia sexual son niñas de entre cinco y 14 años, según ha recogido el diario local 'La Prensa Gráfica'.