En sus 48 páginas, el informe de la ONU subraya las "creíbles" pruebas de violaciones de Derechos Humanos que China habría llevado a cabo en Xinjiang contra la minoría de confesión musulmana.

En concreto, este informe --que ha estado en elaboración durante tres años--, asegura que se habrían cometido "graves violaciones de los Derechos Humanos" en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el "extremismo" aprobado por el Gobierno chino en 2014.

"La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la región administrativa especial de Xinjiang ha dado lugar a
restricciones severas e indebidas a una amplia gama de Derechos Humanos", reza el documento compartido por Bachelet.

"Estas pautas de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas", añade.

El Alto Cominisonado para los DDHH de la ONU ha calificado las estrategias antiterroristas chinas en la región como "profundamente problemático" desde el punto de vista de las normas internacionales, ya que contendría "conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discreción a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación prevención y coerción".

Asimismo, "en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente", tal marco habría conducido en la práctica
a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de la comunidad uigur y de otras comunidades predominantemente musulmanas de Xinjiang en los VETC (los llamados centros vocacionales de educación y entrenamiento).

En los VETC, centros de detención donde el régimen chino "reeduca" a los uigures, se ejemplificaría "un sistema de detención arbitraria y con patrones de abuso", según recoge el informe.

"El tratamiento de las personas retenidas en el sistema de los llamados VETC es igualmente preocupante. Las alegaciones de patrones de tortura o malos tratos, incluyendo el tratamiento médico forzado y las condiciones adversas de detención, son creíbles, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género", esgrime.

El documento de Naciones Unidas también denuncia violaciones de los derechos reproductivos a través de la aplicación discriminatoria y de la obligación a la fuerza de llevar a cabo políticas de planificación familiar y control de la natalidad.

También se habrían llevado a cabo restricciones a
la identidad y la expresión religiosas, así como al derecho a la intimidad y a la libre circulación.

"Asimismo, hay evidencias de que los planes de trabajo y empleo con supuestos fines de mitigación de la pobreza de la pobreza y la prevención del "extremismo", incluidos los relacionados con el sistema de EFP, pueden implicar elementos de coacción y discriminación por motivos religiosos y étnicos", agrega el informe.

Este informe ha sido publicado una semana después de que Bachelet denunciara presiones por la inminente publicación del documento, llegando a recibir una carta firmada por 40 países y cuyo nombre no quiso desvelar la Alta Comisionada.

"He estado bajo una tremenda presión. Pero no retendré la publicación debido a ello", explicó Bachelet, agregando que su oficina trabaja para que el texto esté terminado a finales de agosto, como finalmente ha sido.

Bachelet visitó Xinjiang y otras regiones chinas el pasado mes de mayo. Durante la visita, se abstuvo de criticar las políticas de Pekín en la región, lo que generó críticas por parte muchos países por su ambigüedad frente a las violaciones de Derechos Humanos en la región.

El relator de Naciones Unidas Tomoya Obokata consideró en agosto "razonables" las denuncias de las organizaciones internacionales sobre el trabajo forzado y la represión contra las minorías étnicas en el gigante asiático.

Obokata explicó que era "razonable" concluir que entre los uigures, los kazajos y otras minorías étnicas se han registrado repetidamente episodios de trabajo forzoso en sectores como la agricultura y la industria manufacturera.

Las autoridades chinas han puesto en marcha una serie de medidas en la región de Xinjiang que han provocado fricción entre el gigante asiático y la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que ha llegado a acusar a Pekín de cometer violaciones contra los Derechos Humanos e incluso genocidio contra la población uigur.

Incluso si el sistema de VETC se ha reducido desde entonces en su alcance o se ha liquidado
como ha afirmado el Gobierno, las leyes y políticas que lo sustentan siguen vigentes.
Parece haber una tendencia paralela de aumento del número y la duración de los encarcelamientos
de los procesos de justicia penal, lo que sugiere que el enfoque de las detenciones por privación de
libertad se ha desplazado hacia el encarcelamiento, por supuestos motivos de lucha contra el terrorismo y el "extremismo".