El presidente del Comité, Rómulo Calvo, ha resuelto tras una reunión de tres horas realizar un "paro cívico departamental desde las 00.00 horas (hora local) del viernes 30 de diciembre, exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador", según ha informado el periódico 'El Deber'.

"Desde el Comité Pro Santa Cruz, reconocemos el derecho de la ciudadanía cruceña en general que, dentro del marco legal, pacífico y democrático, puedan realizar las acciones de protesta que consideren convenientes para hacer respetar los derechos de la institucionalidad, de las autoridades democráticamente electas y la libertad de los cruceños", recoge la organización.

Entre los acuerdos, ha destacado que el Comité "repudia el secuestro violento y posterior aprehensión en contra del gobernador y expresidente cívico".

"Manifestamos que el pueblo cruceño estará movilizado y en emergencia permanente, exigiendo su inmediata liberación y retorno a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra", ha matizado.

Asimismo, Calvo ha denunciado a la justicia, al instar al poder judicial a "que no se preste más al manoseo político y haga respetar la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho".

En tercer lugar, ha pedido "denunciar a la comunidad internacional que el gobierno boliviano, presidido por Luis Arce, ha instaurado en Bolivia un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica".

Por otro lado, ha condenado al actual comandante departamental de la Policía Nacional, por haberse "prestado a este vil acto atentatorio".

Camacho es el principal líder de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia e históricamente opositora a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), escenario en el último mes de nuevas protestas y bloqueos, en esta ocasión para oponerse a la ley del censo del Gobierno de Luis Arce.

Su arresto está motivado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas, presionara a Morales a renunciar a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019, cuyos resultados fueron cuestionados también por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Después de su detención, se han registrado protestas en Santa Cruz, llegando incluso a bloqueos en carreteras y aeropuertos. Asimismo, otros representantes de la oposición han exigido su liberación, advirtiendo al mismo tiempo al Gobierno de que no van a "claudicar" y que seguirán luchando "hasta las últimas consecuencias".