Sabado, 20 de abril de 2024
eñtotalitarismo es muy dificil de desalojar
La oposición de Venezuela critica al TSJ por certificar la vigencia del decreto de emergencia de Maduro
"El TSJ desconoce a la Asamblea Nacional y pisotea la soberanía popular expresada el 6D (en las elecciones parlamentarias). La dictadura peligrosamente acelera la ingobernabilidad", ha señalado la dirigente opositora María Corina Machado, líder del movimiento Vente Venezuela.
En este sentido, Machado ha dicho que "ha llegado el momento de que la Asamblea Nacional se haga respetar" y de que los ciudadanos defiendan a sus diputados.
Por su parte, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ha calificado de "burla a los venezolanos" la decisión del TSJ, al que ha acusado de servir a los intereses del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). "¡El tiempo constitucional ha llegado!. ¡A Nicolás Maduro hay que revocarlo!", ha escrito en su perfil de Twitter.
"El principal brazo de represión y discriminación en nuestro país es el podrido TSJ", ha añadido el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, que coincide en la necesidad de convocar "una constituyente" para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro.
También ha opinado al respecto el diputado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Freddy Guevara, que ha insistido en que Venezuela vive en "una dictadura". "Ganar la Asamblea Nacional fue el paso fundamental para lograr el cambio que ya debemos activar", ha sentenciado.
Este jueves, la Sala Constitucional del TSJ ha confirmado la vigencia del Decreto n° 2.184, publicado el 14 de enero de 2016 por la Presidencia de la República, en la Gaceta Oficial n° 6.214 Extraordinario, tal y como detalla el diario venezolano 'El Nacional'.
El organismo judicial, en su fallo, ha indicado además que la Asamblea Nacional "vulneró la Ley Orgánica sobres Estados de Excepción", por lo que la sala constitucional ha ordenado citar al presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
DECRETO DE MADURO
El pasado 15 de enero Maduro decretó la "emergencia económica nacional" con el fin de disponer libremente del presupuesto para, en primer lugar, adoptar medidas para reactivar la producción y acabar así con la crisis de abastecimiento de bienes básicos.
Sin embargo, una semana después la Asamblea Nacional de Venezuela rechazaba el decreto, anticipando un nuevo enfrentamiento institucional entre los dos polos de poder en que ha quedado dividido el país sudamericano.
Tal como había adelantado la oposición, una mayoría de diputados tumbaron el Decreto de Emergencia Económica, una decisión definitiva con la que la Asamblea Nacional se distancia del Gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que avaló la legalidad de esta medida excepcional.
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