Durante una rueda de prensa en la sede de la Alianza Popular Socialista, los grupos opositores han anunciado la convocatoria de las protestas, apenas horas después de que Hermanos Musulmanes haya señalado que cancela las manifestaciones que iban a tener lugar durante el martes en respaldo a Mursi.  

En la lectura del comunicado oficial a través del que se ha llamado a la población a protestar contra la declaración se ha acusado a Mursi y al Ministerio de Interior de las recientes muertes de activistas en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno. Hasta el momento han fallecido tres personas a causa de la represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad. 

  "El comunicado emitido por Presidencia la última noche -en referencia a la noche del domingo- no es aceptable. No presenta nada nuevo respecto a la clara demanda de los poderes nacionales y revolucionarios para cancelar la declaración constitucional", han agregado. 

  Entre las demandas de la oposición están la cancelación de dicha declaración, la puesta en marcha de un proyecto firme de modelo de justicia de transición que garantice los derechos de los manifestantes fallecidos o heridos, y la eliminación de las leyes de excepción que restringen las libertades civiles. 

  Asimismo, reclaman la reestructuración y "purga" del Ministerio de Interior y la reelección de los miembros de la Asamblea Constituyente para asegurar una representación adecuada de la sociedad egipcia. En estos momentos, la asamblea está dominada por Hermanos Musulmanes. 

  La Corriente Popular Egipcia ha confirmado que se celebrarán un total de tres manifestaciones durante la jornada. Todas partirán de El Cairo y Giza y se encontrarán en la plaza Tahrir, donde se encuentran miles de personas participando en una sentada que se inició el viernes tras el fin de una protesta contra Mursi. A estas marchas se unen otras dos, que se pondrán en marcha por la tarde y que estarán encabezadas por el sindicato de abogados y el sindicato de periodistas, respectivamente.

LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL 

  Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado por Mursi es el sexto, en el que se establece que "el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional".

   Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo. 

  Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.  

   Además, en su declaración constitucional, Mursi ha decretado que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo -dominado por Hermanos Musulmanes- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses. 

  Por último, ha ordenado la destitución del fiscal general del país, Abdel Maguid Mahmoud, y el nombramiento de Talat Abdulá -quien ha jurado su cargo minutos después de que Mursi terminara la lectura del decreto- sin la aprobación del Consejo Judicial Supremo.

LIMITACIONES AL BLINDAJE

   En respuesta a la oleada de críticas, tanto a nivel interno como internacional, el portavoz de la Presidencia egipcia, Yasir Alí, ha asegurado este lunes que el blindaje de las decisiones del presidente del país, Mohamed Mursi, que establece el decreto presidencial aprobado el pasado jueves es limitado porque sólo se aplica a las decisiones de "soberanía". 

  "El presidente ya ha dicho que tiene el mayor respeto a la autoridad judicial y a sus miembros", ha afirmado Alí, en declaraciones a la prensa. El portavoz presidencial ha asegurado que el blindaje de las decisiones de Mursi se circunscribe a las decisiones "vinculadas con temas de soberanía". 

  Además del rechazo en las calles, el decreto presidencial también ha provocado la reacción de los jueces, que decidieron convocar el sábado una huelga indefinida hasta que la medida sea retirada. Para intentar calmar al sector, el presidente Mursi se ha reunido este lunes con los representantes del Consejo Supremo Judicial. 

  Asimismo, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha telefoneado este lunes a su homólogo, Mohamed Kamel Amr, para transmitirle que su país confía en que la polémica generada por el decreto de Mursi pueda resolverse por medios democráticos. 

  La jefa de la diplomacia estadounidense ha trasladado a Amr la preocupación que el decreto ha generado en la administración que preside Barack Obama, según ha informado la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en rueda de prensa.