Así consta en el anteproyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado elaborado por el Ejecutivo y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros.  

  El texto se remitirá ahora a sindicatos, Comunidades Autónomas, corporaciones locales y otros organismos públicos y privados implicados en la acción exterior para que emitan sus observaciones al respecto, que se recogerán en un informe que deberá ver el Consejo de Ministros.  

  Será entonces cuando el Gobierno solicite al Consejo de Estado el preceptivo, pero no vinculante, informe y solo después de haberlo recibido y valorado podrá abrir la tramitación del texto como proyecto de ley remitiéndolo a las Cortes.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, ha confirmado que la última versión del anteproyecto no incluye una idea barajada con anterioridad por el Gobierno que permitía al Ministerio de Hacienda vetar la apertura de delegaciones en el exterior de aquellas CCAA que incumplan los objetivos de déficit.  

  Las autonomías deberán informar al Gobierno de su intención de abrir oficinas en el exterior, según la ley, y el Ministerio de Exteriores elaborará un informe sobre si ve razonable esa propuesta y, en su caso, les ofrecerá la alternativa de que incorporen sus delegaciones a las Embajadas u oficinas comerciales españolas, como España está haciendo con la UE en países como Yemen, Siria y Zimbabue, y hará en el futuro con algunos países iberoamericanos.

   Si una CCAA con déficit excesivo destina recursos a mantener oficinas propias en el exterior rechazando el ahorro que supone integrarse en la red de Embajadas y oficinas comerciales del Estado entonces serán los ciudadanos, con su voto en las urnas, los que "juzguen la sapiencia de esa decisión", ha señalado el ministro.

NO HAY CONTROL A LAS AUTONOMÍAS PARA EL GOBIERNO  

  Tras las críticas que el anteproyecto ha recibido desde las formaciones nacionalistas, el ministro ha remarcado que la intención de la futura ley es "ayudar" a las autonomías, "no controlarlas".   

 La obligación expresa de que informen al Gobierno de sus viajes al extranjero busca por un lado prestarles toda la logística que precisen poniendo la Embajada a su disposición, pero también hacerles "recomendaciones" sobre el proyecto de viaje a ese país para que no sea contradictorio con los principios de la política exterior española, competencia exclusiva del Gobierno, ha subrayado.  

  Este anteproyecto pretende llenar el vacío existente desde 1978, después de hasta cuatro intentos de legislar en la materia que nunca llegaron a fructificar, entre otras cosas por la falta de apoyo de las formaciones nacionalistas y las peleas entre los distintos departamentos ministeriales a cuenta de las competencias de cada uno, dificultades que se han vuelto a dar en esta ocasión.   

 García-Margallo ha defendido la oportunidad de sacar adelante esta norma en los tiempos actuales. En su opinión, hoy más que nunca esta ley es necesaria por las múltiples instituciones del Estado que despliegan actividades en el exterior y porque el reglamento que regula la Carrera Diplomática data de 1955.  

  La futura ley otorga un papel clave al Consejo de Política Exterior, un órgano que ya está creado pero que apenas ha tenido actividad. Este Consejo asesorará al presidente del Gobierno en su tarea de dirección de la política exterior y se configurará como el principal garante de la coherencia interna de la acción exterior del Estado y la plena coordinación entre la acción exterior y la política exterior.  

  Del texto aprobado hoy por el Gobierno se ha caído la pretensión inicial de Exteriores de integrar en las Embajadas las diferentes oficinas de la Administración en un único edificio con el objetivo de ahorrar gastos. Sí abre la puerta a crear una Sección de Servicios Comunes para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales públicos.

CRÍTICAS AL PROYECTO  

  La redacción del anteproyecto y la búsqueda del consenso entre los distintos Ministerios no ha estado exenta de dificultades. El cuerpo de técnicos comerciales se opuso a la pretensión de Exteriores de integrar  de manera paulatina en la Embajada las oficinas comerciales y a que se  homologaran sus sueldos y condiciones laborales con las de los diplomáticos, en general más bajos, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas al tanto de las negociaciones.

   Entre los miembros de la Carrera Diplomática, el anteproyecto de ley también ha generado preocupación. Por una parte se critica el secretismo con el que se ha llevado a cabo y por otra se lamenta que el papel del Ministerio de Exteriores no salga reforzado, según algunos, con esta ley.  

  Recientemente, más de 300 diplomáticos -casi un tercio del millar que compone la Carrera- en su mayoría jóvenes, remitieron al ministro una carta en la que exponían sus quejas respecto del anteproyecto. Entre ellas, la de que Exteriores no tenga "una posición suficientemente cualificada en el Consejo Ejecutivo de Política Exterior".  

  Sobre el rechazo que siempre ha generado en el cuerpo diplomático el nombramiento de los llamados embajadores "políticos" -personas que no pertenecen a la Carrera- una de las últimas versiones del anteproyecto indicaba que serán designados "entre funcionarios de la Carrera Diplomática (...) sin perjuicio" de que el Gobierno pueda nombrar embajadores "a personas no pertenecientes a la Carrera".  

  En lo que ha parecido un guiño a la Carrera, el ministro ha anunciado hoy que la ley dará prioridad a la hora de acceder al cargo de consejero cultural o director de Oficinas Técnicas de Cooperación a los funcionarios públicos específicamente cualificados en la materia.  

  Desde las filas más progresistas de la Carrera, se echa en falta en la ley una referencia a los valores que deben guiar la política exterior del Estado, más allá de las alusiones a la Marca España y la diplomacia económica. Tampoco se comparte el planteamiento, a su juicio, "defensivo y controlador" de la actividad de las CCAA en el extranjero, cuando ésta puede complementar la actuación de la Administración General del Estado.

   El Gobierno no ha confirmado si el texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros mantiene una de las novedades más llamativas del texto y que permitiría al Ejecutivo poder cobrar por asistir en situaciones de emergencia en el extranjero a aquellos españoles que se hayan expuesto a riesgos contraviniendo las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que actualiza periódicamente en su web qué países y zonas del mundo no se deben visitar por motivos de seguridad.