La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España desarticulada este martes lavaba cientos de millones de euros al año y contaron para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un guardia civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, arrestado esta mañana, han informado fuentes de la investigación.

   Además, el fiscal anticorrupción, Antonio Salinas, y el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, han precisado en rueda de prensa que la suma defraudada por esta organización ascendía a entre 200 y 300 millones de euros al año, al menos desde 2009, momento en el que empezó la investigación.  

  Según han detallado, para estas actividades contaban además con la ayuda de despachos de abogados en España y ciudadanos españoles con grandes fortunas en el extranjero que colaboraban en el lavado de dinero enviando transferencias bancarias desde diversos paraísos fiscales a China y recibiendo esas mismas cantidades en metálico por parte de la trama.

 80 DETENIDOS EN ESPAÑA  

  A las 18.30 las fuerzas de seguridad habían practicado 80 detenciones de las más de cien órdenes de arresto cursadas por la Audiencia Nacional. Se prevén alrededor de otras 20 detenciones en otros países que ni  Salinas ni Ulloa han querido precisar para evitar la huida de los implicados. Las detenciones se han producido en Madrid, Barcelona, Málaga, Murcia, Zamora y País Vasco y Alicante.  

  Además el dinero en metálico incautado ascendía a 6 millones de euros en los más de 120 registros en los que la Policía Nacional también ha embargado más de 200 vehículos, joyas y armas.

   Asimismo, se han solicitado más de 200 embargos bancarios a cincuenta entidades que afectan a decenas de personas y empresas investigadas. Salinas ha explicado que se trata de una organización criminal dedicada principalmente a blanquear dinero procedente del contrabando de mercancías que introducían en España sin ningún tipo de control y evadiendo impuestos.  

 El beneficio ilícito que se obtenía, se blanqueaba por medio de transferencias bancarias (la trama llegó a crear sus propias agencias), el envío físico del dinero en metálico por diversos medios de transporte con destino a China y mediante el "método de la compensación" que corría a cargo de los españoles con grandes fortunas en paraísos fiscales.  

  Entre los delitos que les imputan a la trama, se encuentran el de pertenencia a grupo criminal organizado y blanqueo de capitales del que se desprenden además los delitos de cohecho, sobornos a autoridades españolas, falsedad en documentos oficiales, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública, coacciones, amenazas, delitos contra la propiedad intelectual e industrial (falsificaciones) y delito contra los trabajadores (relacionado con la explotación laboral de inmigrantes ilegales).

"COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA"

    "Esta operación afecta a la competitividad de España", ha destacado el "número dos" del Ministerio del Interior, quien ha considerado que la actividad de esta organización criminal afectaba negativamente a la actividad de otras empresas españolas.

   Fuentes de la investigación han anunciado que los detenidos comenzarán mañana miércoles a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien ha dirigido las operaciones. Tanto Salinas como Ulloa han advertido que muchos de ellos quedarán en libertad con cargos.

   Salinas ha diferenciado esta trama corrupta con las que habitualmente operan en España destacando que, en esta ocasión, lo delitos se cometían en España y se invertía el dinero fuera y no al revés. Ha puntualizado que parte del dinero defraudado posteriormente se invertía en el negocio inmobiliario en China.  

  La investigación, bautizada como "Chequian-Emperador", tiene dos años de antigüedad y en ella han participado desde el inicio la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, que han contado con la coordinación de tres agentes de Interpol. Salinas ha aprovechado su comparecencia además para dar las gracias a las autoridades chinas por la cooperación.  

 "No ha sido una operación al uso", ha presumido Ulloa, quien ha dicho que para este operativo han sido movilizados 500 efectivos en todo el territorio.