"La vinculación directa entre las donaciones recibidas y anotadas en la contabilidad de Luis Bárcenas con origen en aportaciones de personas relacionadas con empresas adjudicatarias de contratos públicos no es posible establecerla con la información de la que se dispone en estos momentos", señala el informe policial, que analiza las aportaciones económicas a los 'populares' que realizaron 15 constructoras que obtuvieron contratos públicos entre los 2002 y 2009 por valor de 7,5 millones de euros. Esa relación probaría un supuesto delito de cohecho.

   El documento, remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP, precisaría de "un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de los mismos", como se ha conseguido demostrar, según la UDEF, en la pieza principal del 'caso Gürtel' en relación con las comisiones pagadas por las adjudicaciones que recibieron las empresas de Francisco Correa.

CONTRATOS DEL PP

La UDEF detalla que empresas como Licuas y Aldesa obtenían más del 80 por ciento de las adjudicaciones de contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP; Assignia y Asedes entre el 50 y el 80 por ciento; y Bruesa, FCC, OHL y Sacyr entre el 30 y el 50 por ciento. Entre las que obtenían menos del 30 por ciento de las adjudicaciones se encuentran Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigue.

   En relación con el volumen de las operaciones, a la cabeza se situaban FCC, OHL y Sacyr, con más de 10.000 millones de euros. Más de 5.000 millones en contratos públicos obtuvo Sando mientras que en la franja entre esta cuantía y los 1.000 millones se situaron Aldesa, Assignia, Azvi, Bruesa, Rubau y Sorigue. Más de 300 millones y menos de 1.000 fueron los obtenidos por Asedes, Cyopsa, Degremento, Romero Polo y Licuas.

   Los investigadores también sostienen que las anotaciones de entradas de fondos en los papeles manuscritos del extesorero "no siguen una misma secuencia definida para el conjunto" sino que "cada persona vinculada a una de las empresas que figuran como aportantes de fondos, según consta en el apartado de entradas, presenta una evolución dispar".

   Existe, por ejemplo, "una continuidad en las entregas" en los casos de Aldesa, Assignia, Azvi, Cyopsa, Degremont, FCC, Romero Polo, OHL, Sacyr, Sando y Sorigue; y en otros, como Asedes, Bruesa, Licuas y Rubau, "una concentración en un momento determinado". "A la hora de efectuar el análisis se han definido los procesos electorales celebrados en este periodo de tiempo estableciendo la relación temporal o no con los mismos", señala el informe.

"FUERTE CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN"

En términos generales la UDEF señala que el conjunto de empresas "ha obtenido adjudicaciones de las administraciones públicas de forma continua durante la serie histórica". "El número de contratos y el volumen de adjudicación han seguido con carácter general la evolución de la licitación pública en esos años, presentando un crecimiento en sus valores desde 2002, si bien a partir de 2008 se observa una reducción que se acentúa en el año 2008", apunta.

   El estudio, realizado a partir de la información que Ruz solicitó a las empresas, detalla que todas las sociedades analizadas pertenecen "al sector de la construcción de obra pública y otros vinculados con el tratamiento de residuos, suministro y saneamiento de aguas o infraestructuras". En algunos casos tenían posiciones como "líderes" de sus mercados y en otras ocupaban "un segmento medio merced a su dimensión empresarial".

   Los investigadores también refieren que el sector de la construcción ha experimentado "una senda de fuerte crecimiento desde los años noventa incrementando su participación en el conjunto de la economía nacional".

   "Este hecho ha estado correlacionado de forma directa con los procesos de desarrollo de infraestructuras emprendido desde las administraciones públicas, en especial la Administración General del Estado a través de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente", señala el informe antes de poner de relieve que esta tendencia también se siguió por administraciones autonómicas y locales.

   Este informe de la UDEF amplía uno presentado en mayo pasado en le que se avanzaba que las empresas citadas en la contabilidad B de Bárcenas recibieron más de 12.000 millones de euros entre los años 2001 y 2012 en contratos adjudicados por administraciones públicas gobernadas por el PP. En él se detallaba la existencia de "19 donantes identificados", de los que 16 habrían realizado aportaciones supueriores al límite legal de 60.000 euros contemplados por la Ley Electoral.