"Las restricciones que denunciamos hoy y las medidas relacionadas con Repsol son la expresión de una dirección política que estamos viendo en Argentina y que es muy preocupante para las empresas europeas", ha resaltado una alta fuente comunitaria.

   La nacionalización de YPF no ha sido denunciada directamente en Ginebra porque según la UE se trata de un caso de "expropiación de una inversión" que no está cubierto por las reglas de la OMC. Bruselas "todavía está considerando todas las opciones disponibles" para responder al caso Repsol.

   No obstante, el comisario de Comercio, Karel de Gucht, ha dicho que "en este momento" no se plantea algunas medidas pedidas por España y la Eurocámara, como suspender las ventajas arancelarias que la UE concede a Argentina o paralizar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Mercosur.

   "Las condiciones para el comercio y las inversiones en Argentina están empeorando claramente en los últimos años. La reciente expropiación de Repsol por parte del Estado argentino es una prueba clara. En mi opinión esta medida fue simplemente un error" y "la actuación proteccionista más visible por parte de Argentina", ha dicho el comisario de Comercio.

   De momento, la UE lanza este caso contra Argentina en solitario, pero no descarta que se sumen otros países. El pasado 30 de marzo, un total de 19 socios de la OMC -entre ellos Estados Unidos, Japón o Australia- firmaron una declaración conjunta reclamando a Buenos Aires que levantara las restricciones.  

  Como primer paso en el procedimiento, que podría durar años, la UE solicita consultas con Argentina en un intento de que levante las restricciones. Si no se encuentra ninguna solución en el plazo de sesenta días, Bruselas pedirá que se establezca un tribunal en la OMC para pronunciarse sobre la legalidad de las medidas. Si la UE gana el caso, obtendrá el derecho de imponer recargos en los aranceles de los productos procedentes de Buenos Aires.

   Las restricciones implantadas por Argentina en 2011 afectaron a cerca de 500 millones de euros de exportaciones comunitarias en ese mismo año. En 2012, las medidas se han ampliado a todos los productos, con lo que la magnitud del comercio potencialmente afectado podría ascender a 8.300 millones de euros anuales. En el último año, las exportaciones de la UE a Argentina han caído un 4%.

   Entre las restricciones que la UE ve ilegales destaca que Argentina subordina la importación de todas las mercancías a un régimen de autorización previa y de preinscripción, la Declaración Jurada Anticipada de Importación. Desde febrero de 2012, este requisito de autorización previa se aplica a todas las importaciones.  

  Centenares de mercancías también necesitan una licencia de importación. Estos procedimientos retrasan sistemáticamente las importaciones, o hacen que se las rechace por razones poco transparentes. A principios de 2011, ese régimen de licencias afectaba a más de seiscientos tipos de productos, como la maquinaria eléctrica, las piezas de los vehículos y los productos químicos.    Finalmente, Argentina exige que los importadores equilibren las importaciones con exportaciones, o que incrementen el contenido local de los productos que fabrican en Argentina, o que no transfieran sus ingresos al extranjero.

   Esta práctica, según Bruselas, es "sistemática, no escrita y falta de transparencia" y se convierte en una condición a los importadores para obtener la licencia que les permita importar sus mercancías. Ello retrasa o bloquea las mercancías en la frontera y ocasiona pérdidas importantes para la industria de la UE y de todo el mundo.