"Los últimos acontecimientos en torno a Koza Ipek Holding son preocupantes y los estamos siguiendo de cerca", ha dicho la portavoz de la Comisión Europea, Maja Kocijancic, según ha informado el diario turco 'Today's Zaman'.

   "Turquía, como cualquier país que negocia su entrada a la UE, tiene que garantizar el respeto a los Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión. La UE seguirá tratando el tema de la libertad de expresión con las autoridades turcas como un asunto prioritario", ha remachado.

   Entre las compañías que ahora son de titularidad estatal se incluyen dos periódicos y dos cadenas de televisión que habían sido críticas con el Gobierno de Erdogan, al que han acusado de aumentar el autoritarismo de cara a las elecciones del 1 de noviembre.

   Un abogado de la sociedad matriz Koza Ipek Holding, Hakan Yildiz, ha confirmado las incursiones en las 22 empresas así como la instalación de los nuevos ejecutivos. Tras esta noticia, las acciones de Koza se han desplomado.

   Los diarios intervenidos 'Koza Bugun' y 'Millet' han publicado este martes sus portadas teñidas completamente de negro con el titular: "Un día negro para nuestra democracia, para nuestra libertad y para Turquía".

   El redactor jefe de 'Millet', Deger Ozergun, ha recordado que tomar el control de un medio de comunicación está prohibido por la Constitución y es algo sin precedentes en la historia de Turquía.

   El principal líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, en declaraciones recogidas en el canal NTV, ha criticado que la medida contra Koza Ipek demuestra que el Gobierno "puede incautar tu propiedad en cualquier momento, lo que significa que la democracia y la Justicia están suspendidas".

   Miembros del movimiento Hizmet de Gulen han asegurado que son víctimas de la injusta represión, que incluye la restricción de plataformas satélite de canales afiliados al clérigo, las detenciones de editores de periódicos y el embargo a principios de 2015 del acreedor islámico Bank Asya.

INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN

   El lunes, el socio fundador de Amsterdam and Partners, Robert Amsterdam, dijo que su empresa había sido contratada por el Gobierno para "exponer un comportamiento supuestamente ilegal de la red mundial de Gulen".

   En septiembre, la Fiscalía comenzó a investigar si Koza Ipek y sus empresas habían cometido alguna irregularidad financiera al realizar pagos al clérigo, una acusación que las autoridades de la empresa niegan.

   Erdogan ha liderado la represión contra los seguidores de Gulen, su antiguo aliado, después de que en 2013 la Policía y la Fiscalía iniciasen una investigación por corrupción contra los simpatizantes del clérigo en el círculo más íntimo de Erdogan. La agencia estatal Anadolu ha explicado que la Policía ha detenido este martes a 19 personas relacionadas con el caso.

   Un fiscal pide una condena de hasta 34 años de cárcel contra Gulen, al que acusan de gobernar una estructura "paralela" dentro de las instituciones estatales que buscaba derrocar a Erdogan, quien ha dirigido Turquía desde 2003, primero, como primer ministro y, después, como presidente.