Así lo ha afirmado en una comparecencia telemática en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE para presentar el informe sobre el Estado de Derecho en la UE en su capítulo referido a España, que analiza cuatro aspectos "clave", como son la independencia, calidad y eficiencia del sistema judicial, la lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y los controles internos.

En relación con el sistema judicial, ha contado la actual situación del CGPJ, cuyo mandato expiró hace dos años, entre las "amenazas" recogidas por dicho documento. Reynders se ha mostrado consciente de que desde la publicación del informe, el pasado mes de octubre, "ha habido una serie de evoluciones y tendencias posteriores en relación con una serie de proyectos legislativos".

En estos meses, PSOE y Unidas Podemos han presentado dos proposiciones de ley, una para cambiar las mayorías por las que se elige a los doce vocales del turno judicial, que permanece congelada en el Congreso de los Diputados para dar margen a las negociaciones con el PP sobre la renovación del CGPJ, y otra más reciente para impedir que un Consejo caducado pueda hacer nombramientos. Reynders no ha querido entrar en detalles sobre esta última, afirmando que Bruselas la evaluará una vez se adopten las decisiones.

El político belga ha hecho hincapié en que, si bien "es necesario abordar la cuestión de que aún no se ha podido nombrar a los miembros que hay que nombrar del CGPJ, al mismo tiempo es muy importante garantizar que el CGPJ no se percibe como susceptible de ser politizado".

Reynders ha asumido que la renovación del órgano de gobierno de los jueces es un asunto "muy politizado" y por ello ha instado a todos a "poner de su parte, participar y diseñar juntos las posibles reformas". En concreto, ha emplazado a "todos los partidos políticos" a participar en el proceso para renovar el CGPJ, bien nombrando a sus nuevos miembros o bien debatiendo una "reforma positiva".

A este respecto, ha revelado que en sus contactos con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, les trasladó que "es importante que en el momento en el que los estados miembros realicen sus reformas judiciales lleven a cabo también consultas con todos los interesados y con las instancias importantes, incluida la Comisión de Venecia del Consejo de Europa".

En cualquier caso, ha declarado que "la Comisión seguirá de cerca todo lo que ocurra en relación con esta cuestión" y que "está completamente dispuesta a participar y a colaborar con el Gobierno español para encontrar una solución".

EL PSOE CRITICA EL VETO DEL PP A PODEMOS

Los portavoces parlamentarios también han expresado su pesar por el bloqueo en el CGPJ. Vox, Ciudadanos y Junts per Catalunya han criticado la politización del CGPJ por el sistema de nombramientos de los vocales, mientras que el PP y los partidos de Gobierno --PSOE y Unidas Podemos-- se han echado en cara la parálisis.

El diputado socialista Francisco Aranda ha reprochado al PP que vete a la formación 'morada' en las negociaciones para renovar el CGPJ, criticando que con ello "haya partidos de primera y de segunda en el Congreso" y, en concreto, que "haya partidos democráticos con representación política" a los que se les expulse de proceso institucionales. Sin embargo, ha subrayado, "no tiene tanta pega en ir con Vox, un partido con tintes que están rozando el odio y la xenofobia".

Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, Enrique Santiago ha dicho que el CGPJ está en "inconstitucionalidad sobrevenida" y pese a ello sigue tomando decisiones, pidiendo al comisario que convenza al PP de que "cese en su actitud tremendamente sediciosa". Según Santiago, su grupo ve "imprescindible" mantener la mayoría cualificada para la renovación del CGPJ pero ha defendido la reforma (aparcada) que permitiría hacerlo "de forma excepcional".

Por su parte, el 'popular' Fernando de Rosa ha denunciado ante el comisario que todas las reformas del Poder Judicial emprendidas por el Gobierno van "directamente a atacar su independencia" y se ha mostrado preocupado por que se adopten reformas que se asemejen a las de Polonia o Hungría y España "se sume al club de países con un Poder Judicial debilitado".

Además, ha dicho que "lo más preocupante" es la "fijación" del vicepresidente, Pablo Iglesias, con "controlar" la Justicia, lo que le ha llevado a ser "tres veces reprobado" por el CGPJ por sus "manifestaciones de desprecio". También ha recordado que su partido asesoró jurídicamente a Venezuela "con el fin de posibilitar el asalto al poder judicial".

"SATISFACCIÓN" POR LAS PROPUESTAS DE DELGADO SOBRE LA FGE

Por otro lado, el comisario europeo ha aludido a los "debates" en torno a la figura del fiscal general del Estado, que se deben a que tanto su designación como su cese dependen del Gobierno, algo que han resaltado los grupos parlamentarios, recordando además que en el caso de Dolores Delgado fue ministra de Justicia.

Al igual que con el CGPJ, Reynders se ha mostrado consciente de que desde la presentación del informe ha habido movimientos, apuntando en concreto a la reciente propuesta lanzada por Delgado para cambiar el sistema de nombramiento de este cargo y sus comunicaciones con el Gobierno con el fin de reforzar su autonomía, dadas las exigencias de la nueva LeCrim.

"Todos estos cambios, los saludamos con satisfacción", ha dicho el responsable de Justicia del Ejecutivo comunitario, para añadir a renglón seguido que el Bruselas seguirá la evolución de los acontecimientos en este sentido.

CATALUÑA, UNA CUESTIÓN NACIONAL

Reynders ha querido dejar claro que, si la Comisión Europea concede tanta importancia a que toda reforma del ámbito constitucional sea por consenso, es por su "respeto pleno al ordenamiento constitucional de cada país".

De hecho, ha mencionado este asunto justo después de dejar claro que el informe del Estado de Derecho no abordó ninguna cuestión relativa a la "autodeterminación" de Cataluña porque ésta "sigue siendo una cuestión interna, doméstica, de España" que "tiene que dirimirse de acuerdo con la normativa nacional". De esta forma, ha respondido tanto a Mariona Illamola, del Grupo Plural, como a Laura Castel, del Grupo Republicano, que han reprochado a Bruselas su "silencio" en este informe sobre Cataluña.

El comisario europeo ha despejado asimismo como "una cuestión nacional" las preguntas relativas al papel del español como lengua vehicular que ha hecho Marta Martín, de Ciudadanos, que lo ha calificado de "atropello" a los derechos fundamentales.