La reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, con el Alto Representante, Josep Borrell a la cabeza, evaluará las elecciones y los Veintisiete se pronunciarán sobre la legitimidad del proceso, aunque la UE ha insistido que no cuenta con las condiciones básicas para unos comicios libres y transparentes.

"La UE irá paso a paso. Se hará primero una valoración política sobre la legitimidad de la Asamblea Nacional electa", ha indicado un alto cargo de la UE, que asegura que esta será de momento la primera reacción frente a la nueva crisis que se dibuja en el horizonte.

La diplomacia comunitaria quiere dejar espacio a que evolucione la situación en el terreno y dará prioridad a los contactos con la oposición, incluido Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular que huyó del país y se encuentra actualmente en Madrid. "Nuestro principio de que la única salida política es negociada, sigue siendo válido", ha reiterado el alto cargo.

El próximo 5 de enero expira el mandato de Guaidó y, por tanto dejaría de tener vigencia su papel como presidente encargado. Para esa fecha, y mientras se buscan maneras de encajar legalmente su cargo, la UE quiere hacer un frente común para recabar consenso entre organismos y países vecinos sobre el estatus de Guaidó.

A este efecto, las fuentes han indicado que Josep Borrell tiene entre sus planes convocar al Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, conformado por países europeos y sudamericanos, así como contactar con el Grupo de Lima y la administración Joe Biden, para unificar criterios sobre las elecciones y el estatus de la Asamblea Nacional.

Otra fuente europea explica que la reacción de la UE dependerá de cómo transcurren las elecciones y cómo reaccionan, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición, y no descarta que los Veintisiete estudien nuevas sanciones. "Ese instrumento está ahí y esa posibilidad existe, aunque estamos todavía en la fase de declaración", ha indicado.

NINGUN ESTADO MIEMBRO ES CONTRARIO A SANCIONAR A TURQUÍA

Por otro lado, la cita de ministros de Exteriores del bloque servirá para preparar el trabajo del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre que tendrá como uno de los principales sobre la mesa evaluar la relación con Turquía. La próxima semana expira el plazo dado a Ankara para desescalar la tensión en el Mediterráneo y dar pasos hacia una salida pactada a la crisis con Grecia y Chipre y en Bruselas a nadie se le escapa que la situación, lejos de mejorar, se ha deteriorado enormemente en las últimas semanas.

Así las cosas, un alto cargo ha indicado que, vista la situación, ningún estado miembro se opone a imponer sanciones. Pese a que estos últimos meses un grupo de países, entre ellos España y Alemania, han abogado por priorizar la relación constructiva con un socio como Turquía, ahora el debate parece centrado en qué tipo de restricciones adoptará la UE, más que en la conveniencia de adoptarlas.

Aunque no han trascendido qué medidas propondrá el Consejo de Asuntos Exteriores, la diplomacia europea insiste en que Borrell viene trabajando en distintos instrumentos para encarar la crisis. En septiembre el Alto Representante habló de aplicar sanciones sobre sectores sensibles turcos relacionados las actividades gasísticas en el Mediterráneo y deslizó que las medidas podrían afectar a infraestructuras y empresas.

"Esperamos gestos, los turcos saben cuales son. Está muy claro qué es lo que tienen que hacer", ha explicado una fuente europea. Después de que Turquía haya dado pasos en los últimos días para destensar la crisis, con la retirada del buque exploratorio 'Oruc Reis', en Bruselas temen que esta medida haya llegado demasiado tarde, tras las continuas crisis por la disputa marítima, las provocaciones sobre Varosha o incidentes con la operación 'Irini'