La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC), no avalaría la convocatoria de una consulta de autodeterminación si el Tribunal Constitucional (TC) recurre la nueva ley de consultas que el Parlament quiere aprobar tras el verano.

   "Lo compro absolutamente", ha dicho este lunes en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, al preguntársele si comparte esta negativa, que también han expresado el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila (CDC), y el presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y expresidente del Parlament, Joan Rigol (UDC).

   "Lo que por encima de todo es importante es hacer las cosas bien, y el Govern siempre ha puesto de manifiesto que la consulta debe ser legal", ha sostenido Ortega, que ha resaltado que lo que dará legitimidad al proceso es la legalidad.

   Ha dicho que la conselleria que encabeza, la de Gobernación, y concretamente el área de procesos electorales, están trabajando este mes de agosto para lograr que todo esté preparado de cara al 9 de noviembre, y que ella misma hará "seis días de vacaciones" como máximo.

   Ortega ha considerado que la ponencia parlamentaria sobre la nueva ley de consultas ha hecho un "magnífico" trabajo y ha lamentado que se pretenda que el TC recurra esta ley cuando aún no ha sido aprobada.

  Por otra parte, ha resaltado que la seguridad de que habrá consulta no la garantiza el hecho de que ERC entre en el Govern, sino el compromiso de las distintas fuerzas con el derecho a decidir.

CASO PUJOL

   Al preguntársele sobre el hecho de que el expresidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, Jordi Pujol, haya reconocido que tuvo cuentas en el extranjero sin regularizar, Ortega ha admitido que sintió "una gran tristeza" al conocer estos hechos.

   "Es una tristeza compartida por mucha gente, una decepción", ha explicado la dirigente democristiana, que ha pedido a los partidos dejar trabajar a la justicia para que pueda llegar al fondo de la cuestión.

Sobre si debería crearse una comisión de investigación en el Parlament, ha advertido de que muchas veces, convocarla no buscaría clarificar los hechos, y que el lugar donde debe hacerse es en los tribunales y "más adelante" abrirse una vía parlamentaria y política.   

Según Ortega, los políticos deben ser "muy transparente, dar las explicaciones necesarias y evitar el escarnio".