El exsindicalista jiennense Juan Lanzas, considerado principal conseguidor en la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía que permanece en prisión por este caso, se alojó "como invitado en algunos periodos de vacaciones" en el Hotel Cervantes, propiedad del Grupo Nuevo Rumasa, que presentó un ERE que fue financiado por la administración autonómica y en el que, según la juez encargada del caso, Mercedes Alaya, figuran como beneficiarias "personas ajenas" a la entidad.

   Así lo reconoció en su declaración ante la Guardia Civil el responsable de la Dirección Hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador mancomunado de la empresa Europa Center -encargada de la gestión del Hotel Cervantes--, Carlos Manuel Miranda Bacciarini, imputado por la magistrada en el caso ERE y al que se le atribuyen presuntos delitos de malversación, prevaricación y contra la Hacienda Pública.

   En concreto, Alaya sostiene en un auto dictado el pasado 31 de julio que Miranda Bacciarini "estaría al tanto de todas las irregularidades que se habrían cometido y además que era quién presuntamente efectuaba el pago directamente a Juan Lanzas", que habría recibido una suma de "5,92 millones de euros" mediante "pagos en B en sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros" por haberse comprometido a que la Junta financiase las prejubilaciones de un ERE en el Hotel Cervantes.

CONOCIÓ A LANZAS POR UN "INTEGRANTE DE LA FAMILIA RUIZ MATEOS"

   Según recoge el acta de su declaración ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Europa Press, Miranda Bacciarini admitió conocer a Lanzas porque se lo "presentó un integrante de la familia Ruiz Mateos", aunque dijo no recordar "quién exactamente ni en qué fecha aproximada", pero aseguró que "jamás ha dado dinero a Lanzas o dado órdenes a terceros para que lo hagan".

   En su relato, Miranda Bacciarini aseguró que Lanzas estuvo "alojado como invitado en algunos periodos de vacaciones como Semana Santa" en el Hotel Cervantes, pero dijo desconocer tanto "si participó en la concesión de ayudas de Europa Center S.A" como "la relación que tenía Lanzas con la familia Ruiz Mateos y si ha cobrado algo de éstos en concepto de comisión".

   También negó tener conocimiento acerca de "quién llevó las gestiones con la Junta de Andalucía para solicitar las ayudas", aunque señaló que "seguramente algún integrante de la familia Ruiz Mateos".

   En el caso del ERE del Hotel Cervantes, Alaya sostiene que, a partir de su adquisición por el Grupo Nueva Rumasa en el año 2003, "desde el primer momento se planteó la posibilidad de solicitar un ERE para abaratar los costes laborales", para lo que "Javier y Pablo Ruiz Mateos contactaron con Juan Lanzas, el cual se comprometió a la financiación de las prejubiliaciones del referido ERE por parte de la Junta de Andalucía mediante el abono de una tarifa de 100 millones de pesetas --en torno a 600.000 euros-- por cada ERE".

   "Todos los pagos a Juan Lanzas se hicieron en B en sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros", prosigue el auto de Alaya, que sostiene que los sobres "los retiraba personalmente el señor Lanzas o su compañera". Junto a ello, la magistrada asegura que en el ERE del Hotel Cervantes se incluyeron como beneficiarios a dos personas "ajenas" a la entidad, José Antonio Cuevas Álvarez y Claudio Andrés Sendino García, que fueron contratados en Europa Center "muy poco tiempo antes de la firma de la póliza de prejubilación" tras haber trabajado en Autos Marbesol y Viajes Marbesol, entidades "pertenecientes al Grupo Rumasa".