Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso que investiga las actividades presuntamente delictivas llevadas a cabo a través del Instituto Nóos, mantienen en pie su pretensión de solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, independientemente de la voluntad del marido de la Infanta Cristina que pasaría por negociar con las acusaciones de cara a obtener futuras atenuantes y eludir así la posibilidad de ingresar en prisión.   

 Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la causa, que han indicado que el propósito de Urdangarin en el marco de estas pesquisas, por el que se prestaría a reconocer los hechos indagados y a alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público, no paraliza de ningún modo las diligencias a practicar en el marco de este procedimiento como tampoco obstaculiza la intención de reclamar la caución por parte de las acusaciones, que se mantienen a la espera de que la Agencia Tributaria aporte un informe relativo a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos al frente de Nóos.  

  De este modo, la Fiscalía y Manos Limpias continúan estando atentos a que sea entregado el informe solicitado por el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad aparentemente sin ánimo de lucro.   

 Aunque el Ministerio Público confía en poder analizar en próximas semanas la documentación de Hacienda para a partir de ahí calcular la cantidad a la que podría ascender la fianza que los fiscales pidan al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros.

   Ya al término de la declaración que prestó Urdangarin ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, las acusaciones contemplaban solicitar medidas cautelares contra el imputado si bien varias semanas semanas después, pendientes de cuantificar la cantidad exacta que pudo malversarse a través del Instituto Nóos y de que declarasen otras personas que también habrían tenido implicación en los hechos investigados.  

  Así, el sindicato Manos Limpias ya anunció que solicitaría la imposición de estas medidas, petición que la abogada que en esta causa representa a la entidad, Virginia López Negrete, tampoco ha efectuado por el momento al instructor de las pesquisas.  

  Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.   

 Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad.

Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.   

Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

ESTRUCTURA PARA DESVIAR DINERO AL EXTRANJERO   

 Es más, la documentación intervenida en los registros practicados en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura del abogado experto en fiscalidad internacional Salvador Trinxet. Sobre este punto, la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos invisibles o de destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.