Tomando como referencia el total de agresiones a funcionarios de prisiones desde 2015, los 310 incidentes en lo que va de 2022 están en la línea de lo registrado en años precedentes, exceptuando 2020 y 2021, ambos años marcados por las restricciones de la pandemia de Covid-19.

De esta forma, 2015 contabilizó 341 agresiones a funcionarios, por 359 en 2016 y 305 en 2017. En 2018 --a mediados de año cambió el Gobierno con la llegada de Sánchez-- los incidentes bajaron a 223 casos, que es la misma cifra que anotó 2019.

La información consta en una respuesta, consultada por Europa Press, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que firma el máximo responsable del organismo dependiente del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz.

El incremento es aún mayor, del 76%, si se compara las 310 agresiones a funcionarios en lo que va de 2022 con las 176 registradas en 2020, un año marcado por las restricciones de la pandemia de Covid-19 que también afectaron a la normativa interna de las cárceles españolas. El dato fue aún mejor en 2021, con 159 incidentes, la cifra más baja desde 2015.

SOTO DEL REAL (MADRID), A LA CABEZA

Soto del Real, en Madrid, es la cárcel española más peligrosa para trabajar atendiendo al número de agresiones, ya que acumula desde 2015 un total de 104 agresiones, 18 de ellas en los primeros nueve meses de este año, según datos oficiales proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Así, en Madrid V se han computado en estos años 8 agresiones más que en el segundo centro penitenciario con más agresiones, Puerto III, en Cádiz, con 96 agresiones en el mismo periodo. Le sigue otro penal madrileño, Madrid VII-Estremera, con 86 agresiones a funcionarios, 10 de ellas este año.

La asociación profesional de funcionarios de prisiones 'Tu Abandono me puede matar' (TAMPM) ha alertado de que, de seguir la tendencia de los nueve primeros meses, 2022 podría acabar superando la cifra de 400 agresiones, convirtiéndose en el año con más conflictividad en las prisiones.

Según señala esta asociación, a finales de 2017 la Secretaría General aprobó un protocolo específico para contabilizar las agresiones a los funcionarios de las prisiones españolas con un criterio distinto al del resto de la Administración general del Estado. "Con ello se conseguía blanquear los totales y que insultos, amenazas de muerte, empujones, escupitajos o tocamientos, si no dejan marca física que se pueda reflejar en un parte médico, no se contabilizasen", critican.

Así, tras superarse las 300 agresiones anuales en el trienio 2015-2017, la nueva forma de contabilización de las agresiones diarias que se sufren por los trabajadores penitenciarios hizo que en los años 2018 y 2019 no llegaran a las 250.

Posteriormente, en los años 2020 y 2021 se han visto reducidas estas agresiones debido al cierre que han sufrido las instalaciones penitenciarias en cuanto a entrada de personas ajenas a la institución y la restricción de comunicaciones con familiares a causa de la pandemia.

"Ello provocó que se limitase casi en su totalidad durante periodos prolongados la entrada de sustancias estupefacientes que son el origen de muchas de las situaciones de peligro que se sufren en los penales del país", señala la asociación TAMPM.

SIN RECONOCIMIENTO DE AGENTE DE AUTORIDAD

En los 93 meses que van desde enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2022, los funcionarios de prisiones han sufrido más de 2.096 agresiones. La estadística no recoge datos de las prisiones catalanas, aunque sí las del País Vasco --ambas comunidades con la gestión penitenciaria transferida--. También se incluyen agresiones en los centros de inserción social (CIS) y de los centros psiquiátricos.

"Una cifra que nos lleva a la conclusión de que en los últimos 8 años cada 32 horas un trabajador penitenciario sufre una agresión en nuestro país. Este intervalo de tiempo se ha reducido en lo que va de año produciéndose una agresión cada 21 horas", calculan desde TAMPM.

Con esta situación, TAMPM denuncian que a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones, los funcionarios de prisiones es uno de esos colectivos "que nadie se imaginaría que no tengan reconocida tal condición".

La proposición de ley que dotaría a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de autoridad fue presentada el 24 de julio de 2020, hace más de dos años. Y calificada el 2 de septiembre de ese mismo año.

Desde entonces hasta el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se votó la toma en consideración en la Cámara Baja, ha habido muchas agresiones hacia los funcionarios de prisiones. "Este año y medio de tener 'guardada en el cajón' la proposición de ley da una idea de lo prioritario que son para este Gobierno los funcionarios de Instituciones Penitenciarias", ha criticado el sindicato en una nota de prensa.