Este gobierno, desesperado por ganar el primer puesto en la carrera “tú tonto, yo más”, está empeñado en superar al de Zapatero, sobre todo, a la hora de violar los derechos y libertades de los ciudadanos, pasándose por el arco de triunfo los preceptos constitucionales y el resto del ordenamiento jurídico, diga lo que diga nuestro politizado Tribunal Constitucional, cada vez más desprestigiado por sus propias actuaciones.

En Asturias, se define la “babayada” utilizando diversas calificaciones (tontería, sandez, fanfarronada, necedad, impertinencia, majadería, simpleza y despropósito), todas ellas aplicables a nuestro actual Ministro de Justicia y demás palmeros del Consejo que lo amparan. Por ello, sin duda, sus acciones llenas de prepotencia, desconocimiento y una absoluta falta de empatía con aquellos afectados por sus decisiones, al mismo tiempo que carentes de lógica y de la más mínima inteligencia (superando en majaderías, incluso a sus nefastos antecesores), sólo pueden ser calificadas como “las babayadas del Ministro”.

La primera de muchas, ha sido su infame ley de tasas judiciales, absolutamente inconstitucional y cuyos únicos objetivos son: 1) impedir el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva; 2) eliminar a los pequeños y medianos despachos de abogados y procuradores, que podrían molestar mucho al gobierno de turno y/o amigos a la hora de defender los intereses de los ciudadanos; y, 3) recaudar a costa de destrozar la vida a miles de ciudadanos. Primer paquete explosivo para dinamitar nuestro Estado de Derecho, ganado con la sangre y el sacrificio de muchos españoles.

La nueva “babayada”, aprobada el pasado 2 de agosto de 2.013 en el Consejo de Ministros, con premeditación, alevosía y aprovechando el periodo estival para que haya poca oposición, se denomina “Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales”, oculta un perverso objetivo que no es otro que dejar a los ciudadanos totalmente indefensos y en manos de las grandes corporaciones de servicios jurídicos (nacionales e internacionales) para hincar el diente en lo que queda ya de sus maltrechos patrimonios, como paso previo a la instauración de un nuevo sistema de justicia, compuesto sólo por funcionarios leales al régimen (el que sea) y que recuerda mucho el decorado en el que se desarrollaba la trama de aquella película titulada “El laberinto rojo” y cuyo visionado, recomiendo.

La disculpa con la ley de tasas fue “vender” al ciudadano una pretendida mejora en la Justicia que es absolutamente falsa porque lejos de mejorar, estamos empeorando y además, no están recaudando. La excusa, ahora, es la aplicación de la normativa comunitaria cuando desde Europa no se ha exigido esta reforma, so pretexto de servir al interés general, garantizar el libre acceso a las actividades profesionales, el cumplimiento de sus obligaciones a los profesionales y la especial protección de los consumidores y usuarios para asegurar la libre competencia y una mayor calidad y abaratamiento de los servicios. Todo esto estaba ya garantizado normativamente, bastando una mínima modificación para compatibilizar la redacción con las directivas comunitarias, así que, una vez más, al Ministro, su coro y a todos esos que hacen como que se oponen, va a pasarles lo que a Pinocho.

Porque no nos engañemos, al igual que sucedió con el tasazo, tras el aparente rechazo de los “opositores”, tras esos histriónicos morritos que no llegan luego a materializarse ni siquiera en un triste mohín, a la vista de las patéticas actuaciones que realizan para, únicamente, calentar los ánimos para obtener rendimiento político y perpetuar sus privilegios, no debemos perder de vista el hecho de que todos y sin excepción, están de acuerdo en esta maquiavélica hoja de ruta que ya se viene trazando hace tiempo y que busca dinamitar el Estado de Derecho y esclavizar al pueblo español recortando, uno a uno, todos sus derechos y libertades.

Ataca corrompiendo el sistema de Justicia, divide y/o elimina a quienes enarbolan la bandera en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y el Estado de Derecho caerá como un castillo de naipes y el sometimiento del ciudadano, será un hecho. Y ésta es la operación que tenemos en marcha, damas y caballeros, el virus ya se introdujo en la época González con el beneplácito de la oposición, ahora, toca poner la mordaza a aquellos que pueden alzar la voz de alarma, despertando a los ciudadanos de su letargo, ciudadanos que están siendo contaminados con informaciones parciales e incorrectas o directamente desinformados para que, sin rechistar, acepten lo que se les está imponiendo al compás del desatino legislativo.

Y eso es lo que parece buscar esta nueva pifia legislativa de nuestro gobierno.  No hace falta entrar en un estudio pormenorizado de las múltiples gansadas contenidas en el Anteproyecto, para concluir en que el control e intervención del Estado es lo que se pretendía como medio para conseguir el fin. ¿A quién beneficia este plan? Sin duda a las grandes corporaciones, grupos financieros y colectivos en los que los gobernantes tengan intereses directos o indirectos, tanto nacionales como internacionales y dotados de un enorme poder económico que harán y desharán a su antojo a golpe de talonario.

Comienzan dando facilidades para la implantación en España de otros profesionales europeos cuando los españoles no gozamos de las mismas oportunidades en esos países, decidiendo el Gobierno de turno cuándo existen “razones de interés general” para aplicar las restricciones que consideren convenientes. Y ya conocemos todos sus “razones de interés general”.

Fomentarán el libre ejercicio profesional – con algunas excepciones - sin necesidad de colegiación, convirtiendo a los Colegios Profesionales en el brazo tonto del Gobierno, encargado de realizar el trabajo sucio, bajo el control e intervención de la Administración, quien decidirá en materias tales como el intrusismo profesional, régimen sancionador, etc., obligando a facilitar datos de los colegiados, de consumidores y usuarios cuando así se exijan como por ejemplo, en los procedimientos judiciales donde se discutan honorarios profesionales. Se abaratarán los costes de colegiación para facilitar el ingreso, pues como luego veremos, la intención es degenerar la función de los Colegios Profesionales dotados de cierta independencia, para integrarlos en el engranaje de la Administración diluyendo sus competencias y funciones hasta su completa desaparición.

Pero el mayor de los ataques, se materializa en los servicios jurídicos, pilar que garantiza el derecho a la defensa que tienen los ciudadanos. El objetivo es denigrar hasta su desaparición, dos profesiones liberales como son la Abogacía y la Procura, odiadas por aquellos que a diario se saltan el Estado de Derecho apoyándose en sus privilegios, pervirtiendo el concepto de profesión liberal bajo la denominación de “operadores jurídicos” para asentar en la mente del ciudadano contratante, la convicción de que es una profesión sencilla, que sus servicios pueden abaratarse hasta la gratuidad y que, por tanto, serían fácilmente sustituibles por funcionarios cualificados en un futuro, sin darse cuenta los ciudadanos de que una de las virtudes de dichas profesiones, es el ejercicio de manera independiente, sin supeditación a los poderes establecidos y con el único fin de la defensa de los intereses encomendados con honradez, diligencia y respeto el ordenamiento jurídico. Abogados y Procuradores se deben a sus clientes y por ellos deben luchar.

Para lograr lo que pretenden, proyectan permitir el ejercicio simultáneo de las profesiones de Abogado y Procurador, saturando aún más un mercado que no absorbe ya más Abogados y/o Procuradores, sembrando en una época de crisis como la que nos afecta, el enfrentamiento entre los dos colectivos para que se vayan eliminando solitos, haciendo el trabajo sucio a quienes manejan los hilos de este enorme guiñol, provocando así que sea el propio ciudadano quien pida la desaparición y acepte dócilmente, a los funcionarios del régimen. Créanme, no estoy loca. El perjuicio para el ciudadano a corto plazo, será enorme pues si bien ambos profesionales tienen la misma carrera (licenciatura en Derecho) y ambos garantizan la defensa de los derechos, intereses y libertades del cliente, su formación y funciones dentro del sistema judicial, necesarias en ambos casos, son totalmente diferentes. El procurador, dentro del procedimiento judicial (extrajudicialmente, es una figura totalmente desaprovechada), representa procesalmente a su cliente, actuará frente a todas las decisiones y requerimientos que adopte el Tribunal (entregando y recogiendo escritos, notificaciones, requerimientos, acudiendo a la práctica de pruebas fuera de la sede judicial, a los lanzamientos en desahucios, pagando los gastos del cliente en su nombre, etc.) siempre bajo la dirección técnica del Abogado a quien debe informar de todos los pasos y hacer entrega de los documentos que lleguen a sus manos a través del Tribunal, desligando así a los justiciables de todos los requerimiento, trámites y pasos engorrosos del procedimiento judicial, dejando las manos libres al Letrado para que pueda adoptar las medidas oportunas para la defensa del cliente. Dada la complejidad de los procedimientos judiciales, sin la figura del Procurador, el Abogado no tendría tiempo material para estudiar los asuntos que se le encargan, recibir al cliente, redactar y fundamentar en Derecho los escritos, estudiar las pruebas, acudir a reuniones, etc. Las dos figuras son necesarias y complementarias para la defensa del ciudadano.

Así, habilitarán a ambos profesionales para el ejercicio de la profesión del otro, equiparándolos totalmente, lo que facilitarán con la reducción de los costes de colegiación. De esta manera, el ciudadano nunca sabrá si el profesional que contrata, realmente estará a la altura de los conocimientos y pericia necesarios para la correcta defensa de los intereses encomendados, pues ni el Abogado está formado para acometer los asuntos propios de la Procura ni a la inversa. Además, el profesional que ejerza al mismo tiempo ambas profesiones con una pluralidad de clientes, si es responsable y quiere realizar bien su trabajo, no dispondrá de tiempo suficiente para ello, lo que conlleva una defectuosa prestación de los servicios, un incremento de las negligencias profesionales con el consiguiente aumentos de los seguros y de los costes que se trasladarán al cliente pues el abaratamiento sin el incremento, sólo podrá ser asumido por los grandes despachos. Al amparo de esta simultaneidad en el ejercicio de ambas profesiones, surgirá sin duda la picaresca y el clientelismo cuando en localidades pequeñas, comiencen a surgir los conflictos de intereses que, en ningún modo atajará la obligación de declarar la inexistencia de éstos a petición del cliente. Al final, perjudicados los clientes y perjudicadas ambas profesiones.

La conversión del Procurador en “agente de la autoridad” es el caramelito con el que el Ministro pretende contentar al colectivo que pretende en realidad, borrar del mapa judicial. Dicha conversión permitirá al Procurador, colaborar en otros cometidos con los órganos judiciales, si el cliente acepta, cobrando una tarifa mayor. Evidentemente, dichos cometidos no los resta al funcionariado de Justicia que los hará como venían haciendo hasta ahora, por lo que muchos ciudadanos, prescindirán del sobrecoste del servicio. Si se acepta, se descargará a la Administración de Justicia de ese trabajo (ya pagado por el ciudadano) que deberá contratarlo de manera privada y pagarlo de nuevo. El Anteproyecto no toca el tema de si el servicio será cubierto por la Justicia Gratuita por lo que, de nuevo, estamos ante otra chapuza legislativa más, fruto del desconocimiento que el legislador tiene del medio en el que se pretende mover.

Los honorarios profesionales serán libres pero el Procurador estará sometido a los aranceles que dicta el Gobierno, siempre que actúe como agente de la autoridad. Los criterios orientadores de honorarios colegiales, quedan prohibidos y sólo se aplicarán – como se venía haciendo – para las tasaciones de costas y juras de cuentas. Como venía sucediendo hasta ahora, bajo una pretendida defensa de la libre competencia y del beneficio al consumidor, la libertad de honorarios fomenta el abuso en unos casos y la depreciación profesional y del servicio en otros.

La picaresca y el abuso está servido con la eliminación de las incompatibilidades a la hora de crear sociedades multiprofesionales.

Se pretende remunerar a los miembros de las Juntas Directivas, cargos que hasta ahora, eran gratuitos, lo que sin duda, fomentará lo que ya venimos sufriendo los españolitos con nuestros políticos, además de incrementar los costes de colegiación y en consecuencia, el encarecimiento de los servicios a los pequeños y medianos profesionales que al no poderlos repercutir a sus clientes, acabará llevándolos al desastre y al cierre.

En definitiva, lo que se pretende es una mayor intervención gubernamental en los asuntos privados y limitar la posibilidad de defensa de los ciudadanos, eliminando todos los obstáculos para que los poderes económicos que mueven el país, tengan poder suficiente para eliminar del mapa a aquellos profesionales “molestos” que se enfrenten al poder establecido en la defensa de los intereses de sus clientes o de los suyos propios, pues no olvidemos que todos, somos ciudadanos.

Analicemos. Seamos realistas y enfrentémonos a la verdad: La administración de Justicia no funciona no porque las leyes sean malas (algunas muy mejorables) o porque se carezca de medios suficientes (que se carece), sino porque el grado de corrupción institucional es tan elevado y está ya tan arraigado, que lejos de reconducir esta situación, lo que interesa es perpetuarla como sea. Y con este estado de las cosas, las engañosas mejoras que introduce la ley de colegios y servicios profesionales, serán vendidas a profesionales y ciudadanos como la solución a sus problemas cuando, en realidad, los agravarán y sentarán las bases para la desaparición del Estado de Derecho en España.

Nuria María Martínez Viademonte