Viernes, 23 de febrero de 2024

Dinamitando el Estado de Derecho

Las babayadas del Ministro

 

 

Este gobierno, desesperado por ganar el primer puesto en la carrera “tú tonto, yo más”, está empeñado en superar al de Zapatero, sobre todo, a la hora de violar los derechos y libertades de los ciudadanos, pasándose por el arco de triunfo los preceptos constitucionales y el resto del ordenamiento jurídico, diga lo que diga nuestro politizado Tribunal Constitucional, cada vez más desprestigiado por sus propias actuaciones.

 

En Asturias, se define la “babayada” utilizando diversas calificaciones (tontería, sandez, fanfarronada, necedad, impertinencia, majadería, simpleza y despropósito), todas ellas aplicables a nuestro actual Ministro de Justicia y demás palmeros del Consejo que lo amparan. Por ello, sin duda, sus acciones llenas de prepotencia, desconocimiento y una absoluta falta de empatía con aquellos afectados por sus decisiones, al mismo tiempo que carentes de lógica y de la más mínima inteligencia (superando en majaderías, incluso a sus nefastos antecesores), sólo pueden ser calificadas como “las babayadas del Ministro”.

 

La primera de muchas, ha sido su infame ley de tasas judiciales, absolutamente inconstitucional y cuyos únicos objetivos son: 1) impedir el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva; 2) eliminar a los pequeños y medianos despachos de abogados y procuradores, que podrían molestar mucho al gobierno de turno y/o amigos a la hora de defender los intereses de los ciudadanos; y, 3) recaudar a costa de destrozar la vida a miles de ciudadanos. Primer paquete explosivo para dinamitar nuestro Estado de Derecho, ganado con la sangre y el sacrificio de muchos españoles.

 

La nueva “babayada”, aprobada el pasado 2 de agosto de 2.013 en el Consejo de Ministros, con premeditación, alevosía y aprovechando el periodo estival para que haya poca oposición, se denomina “Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales”, oculta un perverso objetivo que no es otro que dejar a los ciudadanos totalmente indefensos y en manos de las grandes corporaciones de servicios jurídicos (nacionales e internacionales) para hincar el diente en lo que queda ya de sus maltrechos patrimonios, como paso previo a la instauración de un nuevo sistema de justicia, compuesto sólo por funcionarios leales al régimen (el que sea) y que recuerda mucho el decorado en el que se desarrollaba la trama de aquella película titulada “El laberinto rojo” y cuyo visionado, recomiendo.

La disculpa con la ley de tasas fue “vender” al ciudadano una pretendida mejora en la Justicia que es absolutamente falsa porque lejos de mejorar, estamos empeorando y además, no están recaudando. La excusa, ahora, es la aplicación de la normativa comunitaria cuando desde Europa no se ha exigido esta reforma, so pretexto de servir al interés general, garantizar el libre acceso a las actividades profesionales, el cumplimiento de sus obligaciones a los profesionales y la especial protección de los consumidores y usuarios para asegurar la libre competencia y una mayor calidad y abaratamiento de los servicios. Todo esto estaba ya garantizado normativamente, bastando una mínima modificación para compatibilizar la redacción con las directivas comunitarias, así que, una vez más, al Ministro, su coro y a todos esos que hacen como que se oponen, va a pasarles lo que a Pinocho.

 

Porque no nos engañemos, al igual que sucedió con el tasazo, tras el aparente rechazo de los “opositores”, tras esos histriónicos morritos que no llegan luego a materializarse ni siquiera en un triste mohín, a la vista de las patéticas actuaciones que realizan para, únicamente, calentar los ánimos para obtener rendimiento político y perpetuar sus privilegios, no debemos perder de vista el hecho de que todos y sin excepción, están de acuerdo en esta maquiavélica hoja de ruta que ya se viene trazando hace tiempo y que busca dinamitar el Estado de Derecho y esclavizar al pueblo español recortando, uno a uno, todos sus derechos y libertades.

 

Ataca corrompiendo el sistema de Justicia, divide y/o elimina a quienes enarbolan la bandera en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y el Estado de Derecho caerá como un castillo de naipes y el sometimiento del ciudadano, será un hecho. Y ésta es la operación que tenemos en marcha, damas y caballeros, el virus ya se introdujo en la época González con el beneplácito de la oposición, ahora, toca poner la mordaza a aquellos que pueden alzar la voz de alarma, despertando a los ciudadanos de su letargo, ciudadanos que están siendo contaminados con informaciones parciales e incorrectas o directamente desinformados para que, sin rechistar, acepten lo que se les está imponiendo al compás del desatino legislativo.

 

Y eso es lo que parece buscar esta nueva pifia legislativa de nuestro gobierno.  No hace falta entrar en un estudio pormenorizado de las múltiples gansadas contenidas en el Anteproyecto, para concluir en que el control e intervención del Estado es lo que se pretendía como medio para conseguir el fin. ¿A quién beneficia este plan? Sin duda a las grandes corporaciones, grupos financieros y colectivos en los que los gobernantes tengan intereses directos o indirectos, tanto nacionales como internacionales y dotados de un enorme poder económico que harán y desharán a su antojo a golpe de talonario.

 

Comienzan dando facilidades para la implantación en España de otros profesionales europeos cuando los españoles no gozamos de las mismas oportunidades en esos países, decidiendo el Gobierno de turno cuándo existen “razones de interés general” para aplicar las restricciones que consideren convenientes. Y ya conocemos todos sus “razones de interés general”.

 

Fomentarán el libre ejercicio profesional – con algunas excepciones - sin necesidad de colegiación, convirtiendo a los Colegios Profesionales en el brazo tonto del Gobierno, encargado de realizar el trabajo sucio, bajo el control e intervención de la Administración, quien decidirá en materias tales como el intrusismo profesional, régimen sancionador, etc., obligando a facilitar datos de los colegiados, de consumidores y usuarios cuando así se exijan como por ejemplo, en los procedimientos judiciales donde se discutan honorarios profesionales. Se abaratarán los costes de colegiación para facilitar el ingreso, pues como luego veremos, la intención es degenerar la función de los Colegios Profesionales dotados de cierta independencia, para integrarlos en el engranaje de la Administración diluyendo sus competencias y funciones hasta su completa desaparición.

 

Pero el mayor de los ataques, se materializa en los servicios jurídicos, pilar que garantiza el derecho a la defensa que tienen los ciudadanos. El objetivo es denigrar hasta su desaparición, dos profesiones liberales como son la Abogacía y la Procura, odiadas por aquellos que a diario se saltan el Estado de Derecho apoyándose en sus privilegios, pervirtiendo el concepto de profesión liberal bajo la denominación de “operadores jurídicos” para asentar en la mente del ciudadano contratante, la convicción de que es una profesión sencilla, que sus servicios pueden abaratarse hasta la gratuidad y que, por tanto, serían fácilmente sustituibles por funcionarios cualificados en un futuro, sin darse cuenta los ciudadanos de que una de las virtudes de dichas profesiones, es el ejercicio de manera independiente, sin supeditación a los poderes establecidos y con el único fin de la defensa de los intereses encomendados con honradez, diligencia y respeto el ordenamiento jurídico. Abogados y Procuradores se deben a sus clientes y por ellos deben luchar.

 

Para lograr lo que pretenden, proyectan permitir el ejercicio simultáneo de las profesiones de Abogado y Procurador, saturando aún más un mercado que no absorbe ya más Abogados y/o Procuradores, sembrando en una época de crisis como la que nos afecta, el enfrentamiento entre los dos colectivos para que se vayan eliminando solitos, haciendo el trabajo sucio a quienes manejan los hilos de este enorme guiñol, provocando así que sea el propio ciudadano quien pida la desaparición y acepte dócilmente, a los funcionarios del régimen. Créanme, no estoy loca. El perjuicio para el ciudadano a corto plazo, será enorme pues si bien ambos profesionales tienen la misma carrera (licenciatura en Derecho) y ambos garantizan la defensa de los derechos, intereses y libertades del cliente, su formación y funciones dentro del sistema judicial, necesarias en ambos casos, son totalmente diferentes. El procurador, dentro del procedimiento judicial (extrajudicialmente, es una figura totalmente desaprovechada), representa procesalmente a su cliente, actuará frente a todas las decisiones y requerimientos que adopte el Tribunal (entregando y recogiendo escritos, notificaciones, requerimientos, acudiendo a la práctica de pruebas fuera de la sede judicial, a los lanzamientos en desahucios, pagando los gastos del cliente en su nombre, etc.) siempre bajo la dirección técnica del Abogado a quien debe informar de todos los pasos y hacer entrega de los documentos que lleguen a sus manos a través del Tribunal, desligando así a los justiciables de todos los requerimiento, trámites y pasos engorrosos del procedimiento judicial, dejando las manos libres al Letrado para que pueda adoptar las medidas oportunas para la defensa del cliente. Dada la complejidad de los procedimientos judiciales, sin la figura del Procurador, el Abogado no tendría tiempo material para estudiar los asuntos que se le encargan, recibir al cliente, redactar y fundamentar en Derecho los escritos, estudiar las pruebas, acudir a reuniones, etc. Las dos figuras son necesarias y complementarias para la defensa del ciudadano.

 

Así, habilitarán a ambos profesionales para el ejercicio de la profesión del otro, equiparándolos totalmente, lo que facilitarán con la reducción de los costes de colegiación. De esta manera, el ciudadano nunca sabrá si el profesional que contrata, realmente estará a la altura de los conocimientos y pericia necesarios para la correcta defensa de los intereses encomendados, pues ni el Abogado está formado para acometer los asuntos propios de la Procura ni a la inversa. Además, el profesional que ejerza al mismo tiempo ambas profesiones con una pluralidad de clientes, si es responsable y quiere realizar bien su trabajo, no dispondrá de tiempo suficiente para ello, lo que conlleva una defectuosa prestación de los servicios, un incremento de las negligencias profesionales con el consiguiente aumentos de los seguros y de los costes que se trasladarán al cliente pues el abaratamiento sin el incremento, sólo podrá ser asumido por los grandes despachos. Al amparo de esta simultaneidad en el ejercicio de ambas profesiones, surgirá sin duda la picaresca y el clientelismo cuando en localidades pequeñas, comiencen a surgir los conflictos de intereses que, en ningún modo atajará la obligación de declarar la inexistencia de éstos a petición del cliente. Al final, perjudicados los clientes y perjudicadas ambas profesiones.

 

La conversión del Procurador en “agente de la autoridad” es el caramelito con el que el Ministro pretende contentar al colectivo que pretende en realidad, borrar del mapa judicial. Dicha conversión permitirá al Procurador, colaborar en otros cometidos con los órganos judiciales, si el cliente acepta, cobrando una tarifa mayor. Evidentemente, dichos cometidos no los resta al funcionariado de Justicia que los hará como venían haciendo hasta ahora, por lo que muchos ciudadanos, prescindirán del sobrecoste del servicio. Si se acepta, se descargará a la Administración de Justicia de ese trabajo (ya pagado por el ciudadano) que deberá contratarlo de manera privada y pagarlo de nuevo. El Anteproyecto no toca el tema de si el servicio será cubierto por la Justicia Gratuita por lo que, de nuevo, estamos ante otra chapuza legislativa más, fruto del desconocimiento que el legislador tiene del medio en el que se pretende mover.

 

Los honorarios profesionales serán libres pero el Procurador estará sometido a los aranceles que dicta el Gobierno, siempre que actúe como agente de la autoridad. Los criterios orientadores de honorarios colegiales, quedan prohibidos y sólo se aplicarán – como se venía haciendo – para las tasaciones de costas y juras de cuentas. Como venía sucediendo hasta ahora, bajo una pretendida defensa de la libre competencia y del beneficio al consumidor, la libertad de honorarios fomenta el abuso en unos casos y la depreciación profesional y del servicio en otros.

 

La picaresca y el abuso está servido con la eliminación de las incompatibilidades a la hora de crear sociedades multiprofesionales.

 

Se pretende remunerar a los miembros de las Juntas Directivas, cargos que hasta ahora, eran gratuitos, lo que sin duda, fomentará lo que ya venimos sufriendo los españolitos con nuestros políticos, además de incrementar los costes de colegiación y en consecuencia, el encarecimiento de los servicios a los pequeños y medianos profesionales que al no poderlos repercutir a sus clientes, acabará llevándolos al desastre y al cierre.

 

En definitiva, lo que se pretende es una mayor intervención gubernamental en los asuntos privados y limitar la posibilidad de defensa de los ciudadanos, eliminando todos los obstáculos para que los poderes económicos que mueven el país, tengan poder suficiente para eliminar del mapa a aquellos profesionales “molestos” que se enfrenten al poder establecido en la defensa de los intereses de sus clientes o de los suyos propios, pues no olvidemos que todos, somos ciudadanos.

 

Analicemos. Seamos realistas y enfrentémonos a la verdad: La administración de Justicia no funciona no porque las leyes sean malas (algunas muy mejorables) o porque se carezca de medios suficientes (que se carece), sino porque el grado de corrupción institucional es tan elevado y está ya tan arraigado, que lejos de reconducir esta situación, lo que interesa es perpetuarla como sea. Y con este estado de las cosas, las engañosas mejoras que introduce la ley de colegios y servicios profesionales, serán vendidas a profesionales y ciudadanos como la solución a sus problemas cuando, en realidad, los agravarán y sentarán las bases para la desaparición del Estado de Derecho en España.

 

Nuria María Martínez Viademonte

 

 


Comentarios

Por Pedro 2013-10-10 19:34:00

Adelante compañera


Por Compañero Salmantino 2013-10-04 20:00:00

Que gran artículo


Por Español 2013-09-17 19:28:00

Gallardón entierra la Justicia y acaba con todo, incluido el PP y Mariano Rajoy


Por Abogado hasta 2013-09-11 20:43:00

La última, suprimne los juzgados de primera instancia e instrucción. VIVA LA PEPA


Por De vuelta 2013-09-01 16:51:00

de las mini vacaciones, anima este artículo. No estuy sola, somos cantidad los que pensamos igual.


Por Bienvenido 2013-08-28 16:17:00

La articulista ha sintetizado perfectamente la situación. Como comenta TOÑO nos degollarán como a corderos a no ser que nos movilicemos


Por Toño 2013-08-27 23:58:00

Comentarios Bastante cierto, lógico y brillante el planteamiento, sino actuamos pronto, nos degollaran como corderos.


Por Esther 2013-08-26 20:02:00

Parecen babayadas pero son normas terriblemente dañinas para la justicia. Enhorabuena por el artículo Nuria


Por todo está diseñado 2013-08-26 16:39:00

y lo único que pretenden es no encontrar resistencia a los deseos y caprichos del poder


Por Lancia de Latarce 2013-08-25 17:40:00

Gabriela no hay nada menos seguro y más manipulable que los documentos informáticos, acuerdate del lio de la Agencia Tributaria con los carnets de la familia real


Por Picto 2013-08-24 19:12:00

Si, Gabriela, siempre y cuando no se siga apretando el stop cuando interesa que no se grabe lo que sucede en la sala como muchos hemos tenido la desgracia de padecer y presenciar. La mano que mece el botón es de un funcionario.


Por Gabriela P.R. 2013-08-24 16:12:00

Si los procuradores van a hacer trabajo de los funcionarios, me imagino que eliminarán a muchos de justicia. Dejarán cuatro pues los del Registro Civil se iran para los dRegistros de la Propiedad y la mitad y los cuerpos de auxilio y demás no se necesitarán, incluidos los secretarios judiciales, no hay mejor fe pública que las grabaciones


Por Colegiado a la fuerza 2013-08-24 13:39:00

Es perentorio que abogados y procuradores planteen un debate sobre nuestras profesiones al margen de los colegios respectivos. La ciudadanía no se da cuenta que no van por los abogados y procuradores, quieren limitar el derecho de defensa de todos los españoles. No quieren ciudadanos, gallardón y sus jefes quieren súbditos. Buen trabajo Doña Nuria.


Por Un profesional 2013-08-23 20:08:00

Harán lo que quieran, no hay capacidad de oposición, todo el mundo tiene miedo de perder las migajas


Por Procuradora valenciana 2013-08-23 17:46:00

Efectivamente como dice un comentario somos una profesión a extinguir a no ser que hagamos valer nuestros derechos que en realidad son los de los "justiciables", los ciudadanos


Por ex votante del PP 2013-08-23 16:16:00

Gallardón es uno de los muchos caballos de troya dentro del partido popular, mi voto lo han perdido para siempre


Por Nuria Martínez-Viademont 2013-08-23 11:26:00

Reformas en marcha, ¿si vivimos? ¿lo veremos antes de 5 años? ¿Este es el espíritu combativo del pueblo español? Si es así, estamos perdidos. Lo que hay que hacer es unirse ¡ caramba!, unirse y combatir persona a persona y cuerpo a cuerpo a toda esta inmundicia y no esperar como corderos que van al matadero.


Por Reformas en marcha 2013-08-23 11:02:00

No entiendo como los procuradores están tan callados, cuando quieren eliminar su profesión, otras dos que corren peligro son las de notario y registradores de la poroiedad. Si vivimos lo veremos antes de cinco años.


Por Nuria Martínez-Viademont 2013-08-23 09:50:00

Gracias a todos. No tengo nombre, según National Geographic, la definición es "carroñero". Pero ¿qué opináis de esta nueva majadería jurídica? ¿Pensáis que era necesaria para contentar a la UE o es la excusa para acabar con las profesiones liberales? Un saludo.


Por Luis Benavides de Arcos 2013-08-23 09:03:00

Comentarios A este paso, acabaremos recurriendo al Corte Inglés buscando el amparo de la justicia. Felicidades por tu artículo !!!


Por No tengo nombre 2013-08-22 22:37:00

Estimada compañera: tenía tu artículo esta mañana encima de mi mesa , P. es muy eficiente. He visto algún nombre conocido de hace muchos años, siguen tan combativos como siempre. Nostalgias aparte, le felicito por su artículo, pero Gallardón no es ese calificativo tan asturiano de babayu más bien es un depredador, no como los lobos, más se parece a una hiena.


Por Justicia independiente 2013-08-22 20:23:00

Todos los proyectos, decretos y demás del gobierno poular son un auténtico disparate jurídico. Siguen la linea de Zapatero e incluso la del señor Aznar. Un artículo que sintentiza muy bien los nuevos decretazos que prpara gallardon


Por Rodríguez y CIA 2013-08-22 12:58:00

Un analisis perfecto. Es hora de mover las quietas y puitrefactas aguas del planeta jurídico


Por ramón J. 2013-08-20 12:36:00

Preteneden acabar con la abogacía libre. Dejarán los grandes despachos. Un gran artículo


Por Desde dentro 2013-08-19 19:36:00

El ministro lo que quiere es expediantar a los abogados "molestos", no le vale ya mandar a la fiscalía, quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y un muerto (muy vivo ) en el entierro


Por Abogado ( pronto en paro 2013-08-19 19:28:00

Y los juicios rápidos y la violencia de género y.... el último que apague ls sombrias luves de la justicia española


Por Segundo 2013-08-19 15:29:00

Nos hace la cama a los abogados y se la está haciendo a Rajoy. No es un ministro es una verguenza


Por Mucius Scaevola 2013-08-18 11:41:00

Un gran analisis de la situación y un buen artículo de nuestra brillante compañera


Por Sun Tzu 2013-08-16 11:52:00

JMG, no son sólo Jueces del PSOE, hace tiempo que dejó de ser un problema ideológico, es más un problema de poder y clientelismo, pero sobre todo, de impunidad. El problema es que a los jueces decentes (que los hay) no les dejan trabajar y se les presiona cuando hacen lo que deben hacer, aplicar la ley con imparcialidad. Es hora ya de decir BASTA.


Por JMG 2013-08-16 10:23:00

En mi opinión, el PSOE empieza el trabajo y el PP lo continúa ¿Existirá a nivel nacional un acuerdo similar al Pacto del Duerno que tan bien funciona en Asturias?. Me gustaría saber quien es el jefe. Entiendo el interés en acabar con nuestro estado de derecho, Es más ya han empezando a hacerlo manteniendo el Tribunal Constitucional y a ciertos extraños jueces, (especialmente los afines al PSOE que siguen funcionando a pleno rendimiento con el PP en el Gobierno) , Aparentemente este procedimiento es especialmente eficaz en el Principado de Asturias y, como en otros casos, está listo para aplicarse en el resto de España


Por Sara Villanueva 2013-08-16 00:20:00

Totalmente de acuerdo con Belén, Nuria se necesitan muchas personas como tu tienes toda la razón esta sociedad está narcotizada y se dedica a bostezar mientras la descuartizan, Si nos privan de los abogados estamos abocados a la esclavitud de la tiranía


Por Belén ( Abogada ) 2013-08-15 20:45:00

Artículo para mover por todos los foros y redes


Por Alejandro González 2013-08-15 16:12:00

Muy bueno


Por Nuria Martínez-Viademont 2013-08-15 13:21:00

En efecto, también quieren acabar con los Notarios, o al menos, con algunos que no estén en su circulo de influencias. Y podrán hacerlo porque aqui tocamos todos el arpa en casa en vez de formar una orquesta. Muchos ciudadanos cansados e indefensos, se unirían a nosotros, me consta, pero se necesita liderazgo y dejar el miedo absurdo que se tiene en esta nuestra provincia y en éste, nuestro país, en casita. Con organización y un par de agallas, estos sinvergüenzas (no hago distinción de siglas) se lo pensarían dos veces. Los jueces deberían también salir de su cómoda situación porque los siguiente, serán ellos, pero se creen tan intocables que lo piensan que no sucederá.


Por MS 2013-08-15 12:09:00

Gallardón está al servicio del NOM, el famoso Club de Mardid


Por Rafael del Pulgar 2013-08-15 02:01:00

Felicidades Nuria pero no solo quieren acabar con procuradores y abogados,tambien quieren acabar con los notarios.


Por Aladino P. 2013-08-14 11:52:00

Artículo muy valiente y documentado señora o señorita Martínez


Por Asturiano 2013-08-13 21:18:00

Todos los políticos actuales son babayos y fartones,por lo que se ve hay muchos mas babyos y fartones cobrando del pueblo


Por Letrado 2013-08-13 19:50:00

Técnicamente muy bien explicado, en el fondo conforme con la letrada


Por josé María Marcilla 2013-08-13 18:14:00

Impecable exposición del negro futuro que nos espera, mis felicitaciones a la Autora que tan magistralmente relata las consecuencias del anteproyecto. ¡vaya panorama!


Por Letrado de Madrid 2013-08-13 12:06:00

Fenomenal artículo de la compañera asturiana, la abogacía y con ello el derecho de defensa de los ciudadanos está en peligro. entre desde portico legal


Por JMAC 2013-08-12 21:50:00

Muchos abogados compartimos tus tesis. Un artículo que de forma sencilla explica las babayadas del ministro y de los "tarascas" que están reformando la justicia. Está claro no son abogados son operadores jurídicos. La justicia va a acabar como la banca: quebrada y muchos colectivos que le apoyan quedaran dentro de muy poco tiempo con 900 euros de pensión, pues ya está diseñada la reforma de la misma y la jubilación obligatoria de todos los de la administración de justicia a los 65. Luego que no lloren


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