La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas decidirá este martes si ordena una fiscalización especial para las inversiones de modificación de instalaciones de líneas de FEVE en Asturias y León, entre los años 2005 y 2011.

   Se trata de una demanda del PP que se someterá a debate, pero no será la única. También se analizará se planteará la posible fiscalización del procedimiento de regularización tributaria extraordinaria, conocido como amnistía fiscal, en este caso propuesta por el PSOE.

  Los socialistas han planteado este último, ante la posibilidad de que el Gobierno haya incumplido su propia norma al aplicar un gravamen únicamente a los rendimientos de las cantidades regularizadas, y no al total de ese patrimonio.

   El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, ya había cuestionado que, aun cuando la normativa que regula la amnistía fiscal fijaba un 10% sobre los fondos regularizados, finalmente sólo se ha aplicado el gravamen a los rendimientos de ese dinero, con lo que el pago ha quedado en un porcentaje de entre el 1 y el 2%.

   Por eso, piden al Tribunal de Cuentas que revise cómo se ha aplicado esta medida, que han criticado desde un primer momento al considerarla "inmoral" y al rechazar que se permitan regularizar fondos sin preguntar siquiera por su origen. De hecho, también la han recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC).

   El PSOE ya había avisado también que los ingresos tributarios conseguidos con esta amnistía fiscal no han llegado ni siquiera a un tercio de lo estimado, dado que los 1.190 millones reconocidos por el Gobierno incluyen tanto el gravamen por la regularización como por la repatriación de fondos, por lo que las previsiones de ingresos superaban los 3.300 millones de euros.

   Esta circunstancia, junto con la ausencia de un Impuesto sobre Patrimonio en España, conllevará que, según el PSOE, finalmente sólo se tribute por los beneficios que reporten estos fondos a sus titulares, con lo que la recaudación real anual que se conseguirá por el afloramiento de nuevas bases se quedará en unos 400 millones aproximadamente.

  "Queremos que el Tribunal de Cuentas fiscalice la amnistía porque no se ha llegado ni a la mitad de recaudación presupuestada, porque queremos saber el dinero que realmente ha aflorado y queremos saber por qué finalmente no se ha cobrado el 10%", argumentó en su día Saura en el Congreso.

TAMBIÉN TRANVÍAS Y AYUDAS AUTONÓMICAS PARA ATRAER INVERSIONES

   A propuesta del PP, también se debatirán el martes otras cuestiones. Los populares quieren que el Tribunal de Cuentas examine las inversiones en tranvía llevadas a cabo en distintas ciudades españolas, las ya mencionadas inversiones efectuadas por FEVE en los años 2005 a 2012 para la modificación de las instalaciones de las líneas situadas en León y Asturias, y los organismos públicos de producción y distribución de agua potable de las siete islas Canarias.

   Una cuarta petición del PP pretende fiscalizar "los gastos relacionados con el apoyo a la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras realizadas por las Comunidades Autónomas o las entidades y sociedades públicas dependientes de ellas, y los programas de ayudas a las empresas vinculados a dichos programas y transferencias".