Así se recoge en la memoria de impacto que acompaña al Proyecto de ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que ya ha sido remitida al Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press.

   En dicho documento, el Ejecutivo defiende que con esta norma se establece el régimen jurídico complementario a la regulación comunitaria aplicable a las DOP e IGP cuyo ámbito territorial supera al de una comunidad autónoma, lo que supone incorporar nuevas cargas administrativas para el reconocimiento de estas figuras de protección, la conservación de información o las auditorías, entre otras cosas.

MENOS CARGAS QUE AHORA

   Aunque se recuerda que la mayor parte de la identificación y determinación de estas cargas se llevará a cabo en el desarrollo reglamentario, por lo que "no es posible realizar una estimación cuantitativa completa", el Ministerio de Agricultura sí cifra en aproximadamente 56,55 millones de euros el coste total de las cargas administrativas a las que deberán hacer frente los gestores de DOP e IGP.

   Una cantidad que es un 7,61% inferior a los 61,21 millones de euros que actualmente se van en este tipo de trámites, por lo que el ahorro anual total en cargas administrativas se eleva, según el Gobierno, a casi 4,66 millones de euros.

   Por otra parte, aunque se espera un impacto positivo "en diversos ámbitos" de la actividad económica gracias a esta ley, el Ejecutivo reconoce también que es "difícil" estimar el impacto concreto en términos monetarios.

FINANCIAR LOS CONTROLES

   La nueva normativa implicará por otra parte la realización de un mayor número de controles por la Agencia para el Control de los Alimentos de Calidad, que el Gobierno estima en unas 350 actuaciones adicionales.

    Esto hace necesario incrementar los recursos humanos y materiales de la Agencia en aproximadamente un 18,12%, porcentaje que, sin embargo, queda limitado al 6,21% al reducirse en 230 los controles inicialmente programados en el sector del aceite y la aceituna de mesa.

   Así, la mayor necesidad de ingresos para la Agencia se cifra en 266.190 euros adicionales a los casi 4,3 millones de euros de Presupuesto con los que contó en 2013. Esa cantidad de recursos extra provendrá de una nueva tasa por las actuaciones de inspección, que se aplicará tanto a las entidades de gestión de las DOP e IGP como a otras entidades de control autorizadas y a los propios productores.

   En total, el Ejecutivo calcula unos ingresos de 270.600 euros anuales. En concreto, las entidades de gestión y los organismos de control abonarán una cuantía fija de 1.200 euros, mientras que los productores y otros agentes asumirán una cuota equivalente al 0,15% de las operaciones realizadas, con un suelo de 50 euros y un techo de 1.500 euros.

   En cualquier caso, el Ministerio de Agricultura asegura que la asignación de nuevas competencias a la Agencia de Información y Control Alimentario no conllevará un aumento de los medios personales y materiales, sino que se utilizarán los existentes en el departamento para "respetar el criterio de austeridad". Además, lo recaudado con las sanciones engrosará los Presupuestos Generales del Estado.

300 DENOMINACIONES PROTEGIDAS

   El proyecto de ley fija las competencias de la Administración central y su forma de cooperar con otras administraciones, da personalidad jurídica y nuevas funciones a las entidades de gestión --actualmente, los consejos reguladores-- y establece los nuevos controles oficiales y el régimen de infracciones y sanciones.

   Según el Gobierno, el "mayor déficit" de las DOP e IGP supraautonómicas en España es precisamente el ámbito del control, que actualmente viene realizándose "en una parte sustancial" por los consejos reguladores y presenta "muchos puntos críticos" que, hasta ahora, han sido abordados con "medidas transitorias".

   "Mantener la situación actual de no nueva regulación implica mantener un sistema de control que no es estrictamente coherente con la normativa comunitaria, aspecto que es necesario resaltar", explica el Gobierno, recordando que este asunto ya ha sido "detectado y cuestionado informalmente" por la propia Comisión Europea (CE) y "formalmente" por el Tribunal de Cuentas Europeo y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

   Es decir, que de mantenerse la situación actual se "corre el riesgo de que (el sistema) sea cuestionado definitivamente por resoluciones judiciales nacionales o por auditorías llevadas a cabo por la CE". En ambos casos, el cuestionamiento de los controles de estos productos protegidos "perjudicaría su imagen tanto dentro como fuera" de España y podría incluso llegar a la prohibición de su comercialización.

   Según los datos del Ministerio, actualmente en España existen más de 300 DOP e IGP reconocidas o en fase de reconocimiento entre vínicas y de otro tipo. De ellas, una docena se extienden a más de una comunidad autónoma, aunque sólo nueve tienen consejo regulador (arroz de Calasparra, carnes de Ávila, Cava, cordero segureño, espárragos de Navarra, jamón de Guijuelo, queso Idiazábal, jamón de Huelva, vino de Jumilla, vinos Rioja, vino Ribera del Quieles y queso Los Beyos), que gestiona una actividad de más de 1.678,45 millones de euros al año.