Ahora mismo hay tres investigaciones abiertas a nivel federal contra Trump, bajo sospecha de apropiación de documentos clasificados, intento de revocar por la fuerza los resultados de las elecciones, y de incitar a la insurrección, más una investigación estatal en Georgia por supuestas presiones para revocar el resultado de las presidenciales en este estado y otros dos casos en Nueva York contra su persona y la organización Trump por fraude.

Hay que recordar que Trump no es el primer candidato presidencial en presentarse a la Casa Blanca en estas circunstancias y el precedente inmediato es su rival en las elecciones de 2016, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, quien tuvo que declarar ante el Congreso por el supuesto mal uso de un servidor privado para mandar correos electrónicos, antes de acabar exonerada.

La abogada personal de Trump, Alina Habba, ha asegurado que la decisión de presentarse no tiene nada que ver con estas investigaciones y que el exmandatario "lo ha hecho por el país y punto", según explicaba el miércoles en una entrevista con Newsmax, pero expertos legales coinciden en que, como mínimo, Trump obtiene margen de maniobra para enfrentarse a ellas.

En EEUU, un político puede comparecer a unas elecciones aunque esté siendo investigado y puede también desempeñar su cargo mientras no exista una condena al respecto --caso por ejemplo de los congresistas republicanos Chris Collins y Duncan Hunter en 2018--, pero la imputación formal de Trump, por su condición de candidato presidencial, debe proceder de una sola persona: el fiscal general, en este caso Merrick Garland, figura demonizada por los sectores conservadores como antiguo pretendido del expresidente Barack Obama para el Supremo.

Si Garland imputa a Trump, prácticamente todos los expertos dan por sentado que el Partido Republicano entero se levantará para protestar una "caza de brujas". Ello podría desembocar en el comienzo de un contraataque de la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes en forma de interrogatorios a cualquier miembro de la administración o incluso a los propios responsables de investigar a Trump, de ahí que en los últimos días se haya barajado la introducción de un "fiscal independiente", concretada finalmente este sábado.

Garland ha nombrado a Jack Smith como el encargado de estas investigaciones. Exfiscal jefe del Tribunal Especial de La Haya, Smith se encargó de evaluar los crímenes de guerra cometidos durante la guerra en Kosovo, según CNN.

Esta figura, sin embargo, podría abrir la puerta a un absoluto caos burocrático, según la antigua fiscal de distrito para el este de Michigan Barbara McQuade. "Como impongas un fiscal especial a cualquiera que se presente a la Casa Blanca, cualquiera bajo investigación puede decir perfectamente que van a ser candidatos a la Casa Blanca", explica a Bloomberg.

McQuade está convencida de que Trump es consciente de que puede usar la carta del victimismo a partir de ahora. "Ya puede señalar cualquier secuencia de eventos como una de causa y efecto, y argumentar que puede formar parte de una campaña para atacar su candidatura", explica la antigua fiscal.

CONTRARRELOJ

Si bien los expertos consultados por los medios estadounidenses coinciden en recomendar a los investigadores que se olviden por el momento del anuncio de la candidatura de Trump, existen discrepancias a la hora de decidir qué investigación es la más peligrosa para el exmandatario.

El ex fiscal general adjunto de Estados Unidos Donald Ayer considera prioritaria la investigación sobre las acusaciones de manipulación electoral. "El caso de los documentos es muy grave por motivos de seguridad nacional. Es más compacto y menos complejo de demostrar. Pero la más importante es que acusa a Trump directamente de intentar robar las elecciones. Es imposible subestimar lo que está en juego aquí", explica al diario británico 'The Guardian'.

Otros expertos, como el exresponsable de Seguridad Nacional Paul Rosenzweig, creen que la investigación sobre la presunta apropiación de documentos clasificados debería ser prioritaria porque existe un estatuto federal que tipifica la inhabilitación a un cargo público de aquellos declarados culpables de la ocultación de documentos clasificado. "Me parece la cuestión más importante. Primero, porque es un tema de seguridad nacional y segundo, porque el Congreso se ha expresado sobre este tema de manera más explícita imposible", ha indicado a la cadena CNN.

La ex fiscal federal para Nueva York Jennifer Rodgers estima que, en cualquier caso, la candidatura de Trump ha acelerado los procedimientos. "Si le van a acusar", explica a Bloomberg, "no pueden esperar más allá de la próxima primavera, porque lo que va a ocurrir a partir de ahora serán litigios y más litigios, todo el rato".

PAGANDO ABOGADOS

La larga batalla legal que se avecina abre el interrogante sobre la capacidad de las arcas de Trump para costear unos procesos legales que llevan abiertos contra él prácticamente desde que abandonó la Casa Blanca.

Desde entonces, el magnate paga a buena parte de los abogados gracias a los fondos de su Comité de Acción Política (PAC) Salvar a América, creado tras su derrota en 2020. Estos PAC son organizaciones recaudatorias y son, independientemente del partido, objeto de profundas sospechas por la falta de regulación a la hora de definir quién entrega el dinero, cuánto, y para que se usa.

Mientras Trump no era candidato, el magnate podía por ejemplo usar las donaciones que sus simpatizantes entregaban a través de este PAC para sus gastos personales sin problema alguno --un registro federal apunta que ha conseguido más de 100 millones de euros en dos años-- pero las normas son más estrictas cuando el beneficiario de PAC anuncia su candidatura a la Presidencia.

Entra aquí otra organización todavía más controvertida como es el Super PAC, un comité específicamente diseñado para sufragar gastos de campaña. Trump tiene uno: MAGA Inc., al que podría directamente transferir fondos sin demasiados problemas legales, en opinión de Saurav Ghosh, director de la asociación civil Centro Legal de Campaña, especializada en el seguimiento del protocolo electoral norteamericano.

Ghosh recuerda cómo, en un momento dado, su organización preguntó a la principal instancia reguladora de este ámbito, la Comisión Electoral Federal, por la legalidad de un desembolso realizado a MAGA Inc. por valor de 20 millones de euros en octubre, un mes antes de que Trump anunciara su candidatura, solo para recibir un portazo y el reproche del Super PAC de Trump, que defendió la absoluta validez de esta transferencia.

"Intentamos hacer algo al respecto pero lo más probable es que el caso no llegue a ninguna parte porque la comisión está formada por tres demócratas y tres republicanos", lamenta Ghosh al Business Insider. "Además, en el caso particular de Donald Trump, la comisión ha exhibido una absoluta disfunción y una completa incapacidad para hacer cumplir la ley", añade.

En cualquier caso, el Partido Republicano se ha apresurado a asegurar que Trump no podrá disponer de las arcas de la formación para defenderse de las acusaciones. "No pagamos los costes legales de ningún candidato", aseguró la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, a la cadena CNN, antes de reconocer que sí habían proporcionado a Trump cierto respaldo económico tras dejar la Casa Blanca, como es norma para cualquier expresidente republicano