Las protestas de estudiantes y profesores que se extendieron hasta la madrugada de este viernes dejaron un saldo de 874 detenidos y 90 miembros de Carabineros --policía militarizada-- heridos como consecuencias de la batalla campal que se desató en el centro de Santiago y en otras ciudades de Chile.   

 El balance ha sido presentado este viernes por el portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, quien ha justificado las acciones de los carabineros contra los estudiantes por tratarse de manifestaciones que no habían sido autorizadas por el Ministerio del Interior.   

 Chile vivió el jueves la jornada de protestas más intensas desde que se instauró la democracia hace más de dos décadas. La televisión local mostraba imágenes de miles de personas en las calles de varias ciudades enfrentándose a uniformados que intentaban reprimir cualquier movilización.   

 El centro de Santiago fue escenario de cruentas confrontaciones entre manifestantes y uniformados que a muchos hicieron recordar episodios violentos y represivos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).  

Al enfurecimiento de los estudiantes y profesores se sumó el descontento de cientos de chilenos que protagonizaron en Santiago un gran "cacerolazo" contra el Gobierno de Sebastián Piñera, un hecho inédito en 20 años de democracia.   

 Habitantes de Santiago hicieron sonar ollas y sartenes en respaldo a los estudiantes. Los llamados "cacerolazos" tuvieron lugar en reconocidas zonas de la capital chilena como la Plaza Italia y la Plaza Brasil. Medios locales informaron de pequeñas concentraciones en algunas esquinas de zonas residenciales que contaron con el apoyo de conductores que hicieron sonar las bocinas de sus coches.   

 La convocatoria a tomar las calles se realizó a través de las redes sociales, como Twitter, y mensajes de texto al móvil. La acogida fue mayor a la esperada, aunque algunos funcionarios del gobierno afirman que esta marcha de estudiantes no tuvo el mismo éxito que las anteriores.  

  Los hechos de violencia comenzaron el jueves por la mañana cuando estudiantes de secundaria intentaron realizar una marcha en Santiago, la cual había sido prohibida por el Ministerio del Interior. Horas más tarde miembros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el Colegio de Profesores tomaron las calles, pese a no haber sido autorizados.

   El Gobierno de Piñera se había negado a dar el visto bueno a estas manifestaciones debido a los daños que habrían ocasionado las tres marchas anteriores que estos sectores realizaron en las últimas semanas y que reunieron a unas 80.000 personas.  

  "En definitiva tuvimos un gran número de horas, sobre todo en la noche, donde un grupo de violentistas, no sólo intentaron paralizar el centro de Santiago, sino que a última hora saquearon y quemaron" un local de la empresa La Polar, aseguró el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.  

  "Ya lo manifestantes y muchos de los detenidos así lo demuestran, por las cosas con que fueron detenidos. Iban con la intención de generar barricadas e interrumpir el tránsito en el centro de Santiago", denunció en declaraciones a la prensa.

ULTIMÁTUM  

  La Confech dio el jueves un ultimátum a Piñera para que presente una nueva propuesta que responda a sus demandas. Esta sería entonces la tercera que tendría que diseñar el gobierno desde que comenzó la crisis hace un par de meses.  

  "Invitamos al gobierno a dar respuestas serias, concretas y coherentes con nuestras demandas históricas. Para esto, el Ejecutivo tiene un plazo de seis días, a partir de esta jornada (del jueves) de movilizaciones y protesta nacional", anunció Patricio Contreras, en nombre de la confederación.

   La respuesta de las autoridades chilenas no tardó en escucharse, esta vez en la voz de Chadwick, quien recordó que el pasado lunes Piñero hizo llegar a los sectores en conflicto un nuevo documento de 21 puntos sobre el que los estudiantes se comprometieron en su momento a dar una respuesta este viernes.  

  "No entendemos como respuesta emplazar al Gobierno en la forma como lo han hecho. Al Gobierno no se le emplaza de esa manera, ni tampoco lo vamos a aceptar", advirtió Chadwick.   

 "Esperamos que el día de mañana (viernes) los dirigentes respondan con seriedad, por eso vamos a esperar lo que ocurra y de ahí vamos a decidir las acciones que el gobierno tiene que emprender", comentó el portavoz de la Presidencial.   

 A comienzos de julio, Piñera anunció la creación de un fondo de 4.000 millones de dólares (2.797 millones de euros) en el marco de lo que él mismo denominó "un Gran Acuerdo Nacional por la Educación" (el acuerdo GANE), cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, acceso y financiación de la educación superior.  

  Pero la propuesta no convenció a los estudiantes, que exigen al Estado aumentar los recursos para la educación, abaratar los precios del transporte público para ese sector, mejorar las condiciones de los créditos que deben pagar los universitarios para financiar sus carreras, reducir las desigualdades en las escuelas públicas y no promover la privatización del sector.