Un experto asegura que cabe revisar la fórmula por la que se calcula el cupo vasco para que esa comunidad autónoma aporte por ejemplo a la nivelación del resto de autonomías y asegura que, según sus cálculos, el País Vasco pagó en 2007 unos 4.500 millones menos de lo que le hubiera correspondido.

   Así figura en un estudio de El economista Ángel de la Fuente, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Instituto de Análisis Económico (CSIC), que intervino como experto en la materia ante la comisión del Parlamento Catalán que en 2011 estudió un nuevo sistema de financiación para aquella comunidad basado en el Concierto vasco.

   El trabajo, al que ha tenido acceso Europa Press, es relativo a Euskadi y los cálculos están realizados según las cifras del año 2007, año de la última ley quinquenal del cupo vasco, la que sigue en vigor prorrogada ante la falta de acuerdo para aprobar su renovación.

   Según recuerda el especialista, los regímenes forales se caracterizan por tener la capacidad de recaudar prácticamente todos los tributos en sus territorios y regulan los tributos directos. Una parte de esa recaudación se paga después al Estado, en compensación por las competencias que este mantiene y de las que se benefician también ambas comunidades.

   En su trabajo, De la Fuente asegura que el sistema foral en sí mismo "no implica necesariamente ningún privilegio económico" y que su resultado financiero depende de cómo se apliquen los principios generales y las reglas de valoración. Hasta ahora, el resultado ha sido, dice, "enormemente ventajoso para los territorios forales".

   Según Ángel de la Fuente, los motivos fundamentales son tres: la mínima aportación a la solidaridad interterritorial, la valoración a la baja de las gastos del Estado en beneficio de Euskadi (competencias no transferidas) y un cálculo inadecuado del ajuste del IVA.

   "Esta enorme rebaja en la aportación a la caja común del Estado explica por qué estos territorios disfrutan de una financiación por habitante, medida a competencias homogéneas, superior en un 60 por ciento a la media de las regiones de régimen común, a pesar de contar con una normativa fiscal que tradicionalmente ha sido algo más laxa", afirma De la Fuente.

   Sobre la aportación a la solidaridad, De la Fuente explica que los regímenes forales vasco y navarro han quedado eximidos de aportar al sistema de nivelación interterritorial y solo realizan una "poco significativa" aportación al Fondo de Compensación Interterritorial.

   El experto señala que tanto el cupo vasco como el concierto económico navarro debería incluir una partida por este concepto para compensar al Estado de la competencia de nivelar las autonomías. "Es una competencia no asumida por las instituciones vascas y navarras que, en consecuencia, deberían contribuir a sufragar sus costes", asegura.

   De la Fuente ha calculado en el caso vasco que esta exención ha reducido la aportación de Euskadi a las arcas del Estado en 1.790 millones de euros anuales.

   También considera este experto que están valoradas "a la baja" las competencias que el Estado mantiene en exclusiva y por las que le pagan Euskadi y Navarra. "Las cifras que se ofrecen sin explicación alguna en un anexo de una página a la última Ley quinquenal del Cupo (BOE 2007) suponen, en mi estimación, una reducción adicional del cupo de otros 1.740 millones de euros", asegura.

   Un tercer "problema" de la fórmula por la que se calcula el cupo es el ajuste del IVA. Euskadi y el Estado ajustan sus respectivos ingresos por este impuesto para que cada administración se quede "con la parte del IVA que en última instancia soportan sus ciudadanos".

   Según De la Fuente, se utilizan "valores desfasados" del peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. "Esto supone otra rebaja de la aportación vasca a las arcas estatales por importe de 950 millones de euros", afirma.

   Este profesor universitario asegura que si el País Vasco realizara estas aportaciones añadidas a las arcas del Estado, su financiación estaría "dentro del rango observado para las comunidades del régimen común en vez de muy por encima".