Las asociaciones y colectivos de víctimas decidieron en una reunión celebrada ayer dar una respuesta contundente a las intenciones de la organización terrorista para estar presente en las elecciones y decidieron convocar a los ciudadanos para salir a la calle a exigir que se ponga freno a la banda.

   La manifestación está convocada de forma conjunta por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y las asociaciones de víctimas de Canarias, La Rioja y Murcia.

   Las víctimas del terrorismo consideran imprescindible que ETA no participe en las elecciones del 22 de mayo "bajo cualquier subterfugio o disfraz". "ETA no puede concurrir a las urnas ni bajo las siglas de un partido nuevo, ni a través de agrupaciones electorales, ni empotrada en ningún partido legal", sostienen en el manifiesto de la convocatoria.  

  Para ellas no es aceptable "ni el plan A" de Sortu ni cualquiera de los otros planes alternativos mediante agrupaciones de electores, a través de Eusko Alkartasuna o los autodenominados "polos soberanistas".

DOBLE DISCURSO DE LOS POLÍTICOS  

  En este contexto, consideran "ofensiva y grave" la "complacencia" e incluso "euforia y esperanza" con la que a su juicio algunos dirigentes políticos de los grandes partidos han saludo la "última trampa electoral" que ha presentado la banda a través Sortu.   

A su juicio, la vuelta de Batasuna a las instituciones "liquidaría" la esperanza de derrotar a ETA, por lo que rechazan el "doble discurso" de quienes proclaman firmeza contra el terrorismo pero a la vez "no hacen todo lo que pueden y deben para conseguir la derrota efectiva" de la organización terrorista.   

"Reclamamos menos retórica y más claridad; menos cálculo y más determinación --sostienen--. Las víctimas del terrorismo consideramos especialmente alarmantes los intentos de endosar en exclusiva a los tribunales de Justicia la responsabilidad de impedir la presencia de ETA en las elecciones".   

Según defienden, la responsabilidad primera es del Gobierno porque es quien debe aportar las pruebas necesarias para frenar los planes de ETA. Según recuerdan, los precedentes demuestran que los planes de colarse en las instituciones han fracaso cuando ha habido voluntad política y han logrado eludir la Ley cuando esa voluntad ha fallado.  

  La manifestación también tendrá el objetivo de rechazar los "apaños penitenciarios" que reducen el tiempo en prisión de los etarras.

POLÍTICA DE PALO Y ZANAHORIA

   "Condenamos la perversa política del palo y la zanahoria que hurta a las víctimas, sin contar con ellas y bajo engaño, su principal derecho: la Justicia --advierten--. No aceptamos que ningún terrorista salga a la calle por la puerta de atrás de Nanclares de Oca y exigimos el cumplimiento íntegro y efectivo de todas las condenas".   

Para las víctimas, es imprescindible una defensa activa de los valores constitucionales y democráticos de "la justicia y la libertad", ya que consideran que la sociedad no puede aceptar "la impunidad política ni penal de los terroristas".

   Según reconocen las asociaciones, el apoyo de los ciudadanos es la fuerza más importante con la que cuentan, y además recuerdan que gracias a su movilización ya se logró impedir "gravísimos retrocesos" en la lucha contra el terrorismo.

VUELTA A LAS CALLES   

Con esta movilización, las víctimas vuelven a la calle después de las masivas manifestaciones que protagonizaron la pasada legislatura de la mano de miles de ciudadanos en contra de la negociación con la organización terrorista y el diálogo abierto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.   

En total, entre los años 2005 y 2007 movilizaron hasta en ocho ocasiones a la ciudadanía en las calles de Madrid bajo el liderazgo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Su principal exigencia era la no negociación con ETA, aunque también defendieron firmeza con el ex preso etarra Iñaki de Juana Chaos y rechazaron la legalización de Acción Nacionalista Vasca.