Las víctimas del terrorismo han iniciado una movilización para intentar evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) derogue la denominada "doctrina Parot", que supondría la puesta en libertad durante los próximos años de más de 60 terroristas que cumplen condena en las cárceles españolas, además de otra treintena de presos comunes condenados por delitos graves como violación o pederastia.  

  La práctica totalidad de las asociaciones y colectivos de víctimas han suscrito un comunicado en el que piden a los miembros del TEDH que "respeten" la justicia española, que consideran "el arma fundamental" para acabar con el terrorismo, y combatan la "impunidad" que a su juicio supondría la puesta en libertad de estos etarras antes de haber pasado en prisión los 30 años de condena máxima que fija el Código Penal español.  

  Esta movilización tiene como objetivo que los miembros de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conozcan "la realidad" del terrorismo etarra ante la cita que tienen el próximo día 20, cuando decidirán sobre la aplicación de la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río, condenada por su participación en 23 asesinatos consumados y otros 57 en grado de tentativa.

   "Sin la doctrina Parot, Inés del Río cumpliría en prisión menos de un año por cada uno de los asesinatos que cometió", ha alertado este miércoles la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, que el próximo día 20 viajará a Estrasburgo junto a Ángeles Pedraza y Daniel Portero para que los magistrados del TEDH "pongan rostro a la verdad, la memoria y la dignidad".  

  Las víctimas quieren combatir la "internacionalización del conflicto" que la "izquierda abertzale" ha puesto en marcha durante los últimos años y que ha logrado que el resto de Europa conozca "un relato basado en la mentira" sobre lo sucedido en España durante los últimos 50 años.  

  Para ello, insistirán en que la doctrina Parot supone la aplicación "más justa" de la condena y ofrece "justicia" a las víctimas, a la vez que recordarán que ETA "no ha desaparecido ni se ha arrepentido de los cerca de 1.000 asesinatos que ha cometido". "ETA sigue presente como amenaza y como condicionante de la vida política en el País Vasco. Y para derrotarla, es imprescindible que se continúe aplicando la justicia", subraya el comunicado.

   En este marco, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha querido destacar el comportamiento "ejemplar" del Gobierno y las víctimas españolas, que en ningún momento han tratado de "presionar" al Tribunal de Estrasburgo, y ha denunciado la actuación contraria del colectivo de presos de ETA o incluso del fiscal Superior del País Vasco o de la presidenta de la Audiencia Provincial de Álava, que mostraron públicamente su rechazo a la doctrina Parot.

CONSECUENCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON ETA

   Pero además, las víctimas creen se ha llegado a esta situación como consecuencia de la negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, que ha enviado un "falso mensaje de pacificación" a Europa. De hecho, han recordado que el miembro español del TEDH, el magistrado Luis López Guerra, secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007, fue uno de los siete jueces que dieron amparo al recurso de la etarra Inés del Río en su recurso contra la doctrina Parot.

   La derogación de la doctrina Parot supondría la puesta en libertad de etarras con un amplio historial de atentados a sus espaldas, como Antonio Troitiño, autor de una veintena de asesinatos, o Santiago Arrospide, alias "Santi Potros" y condenado a más de 3.000 años de cárcel como inductor de varios atentados.  

  Pero además, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha recordado que también afectaría a numerosos delincuentes peligrosos como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las tres niñas de Alcasser, y cuya puesta en libertad podría suponer un peligro para la seguridad del país.

APOYO DE ASOCIACIONES DE FRANCIA, REINO UNIDO E ITALIA

   Por primera vez, el comunicado contra la derogación de la doctrina Parot ha sido apoyado por asociaciones de víctimas de Francia, Italia y Reino Unido. Desde España, cuenta con la firma de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia, la Asociación Gallega AGAVITE, Covite y la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo.

   También ha sido suscrito por las asociaciones andaluza, riojana, valenciana y extremeña de víctimas, la Fundación Gregorio Ordóñez, la Fundación Alberto Jiménez-Becerril, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la asociación Voces contra el Terrorismo, la Fundación para la Libertad y la asociación de Ayunta a Víctimas del Terrorismo Pro Derechos Humanos.