La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha acordado que la prisión provisional del ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, sea eludible previa prestación de fianza de 100.000 euros, según ha informado el tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).   

 El ex consejero se encuentra en prisión desde el 25 de enero, implicado en una supuesta trama de contrataciones ilegales en el seno del Gobierno regional.

     La Audiencia Provincial ha adoptado esta decisión al considerar que el riesgo de una posible obstrucción a la investigación ha disminuido por lo avanzado de la misma, a la vista de las circunstancias personales del imputado que tiene 71 años de edad, es diabético tipo II y padece cardiopatía (con marcapasos y 4 bypass.

   Aún así, el Tribunal ha defendido la decisión inicial de la jueza de Instrucción, Ana López Pandiella, de decretar prisión provisional para el ex consejero al existir indicios de la participación de José Luis Iglesias Riopedre en los hechos investigados --los apreciados por la Juez a quo en el auto recurrido-- y que existe un lógico riesgo de que éste intentara sustraerse a la acción de la justicia, "deducible de la pluralidad y gravedad de las imputaciones que pesan sobre él y del probable rechazo social que pudiera suscitarse contra su persona en esta Comunidad Autónoma".  

  La Audiencia argumenta además, en contra de lo manifestado por el letrado de la defensa, Sergio Herrero, que "no se ha prescindido de normas esenciales del procedimiento ni se ha producido indefensión".

   El Tribunal ha justificado la declaración del secreto del sumario "guste o no guste" por la naturaleza de los delitos perseguidos (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a los funcionarios), por las necesidades de una compleja instrucción y el carácter de las diligencias de investigación.   

Por último, La Audiencia sostiene que el imputado conoce con toda su fundamentación el auto por el que se eleva la detención a prisión en el que además de enumerar las imputaciones se dice concretamente: "...constan motivos bastantes para considerarle criminalmente responsable de dichos delitos en consideración al resultado de las investigaciones llevadas a cabo en el curso de esta instrucción y a la vista del contenido de las intervenciones telefónicas acordadas en el seno de la misma".

    "De lo hasta ahora actuado aparece indiciariamente que el imputado forma parte de un entramado delictivo, dedicado, por precio o recompensa en especie, a obtener, fraudulentamente adjudicaciones de contratos públicos eliminando la concurrencia en lo posible de empresas ajenas a dicho entramado, mediante la manipulación tanto por parte de los encargados de las empresas adjudicatarias como por parte de los imputados con cargos políticos de relevancia en el seno del Principado de Asturias, de las citadas adjudicaciones; así pues de medios probatorios, como intervenciones telefónicas, y documentación unida a autos, derivan indicios suficientes para considerar al imputado implicado en la citada mecánica delictiva a través de su cargo de Consejero de Educación y Ciencia", sostiene el Auto.

       Respecto a la imputada María Jesús Otero el Tribunal ha estimado que existen indicios de los delitos apuntados en el auto recurrido en tanto que la imputada, supuestamente, "con abuso de la funciones de su cargo de Directora General de Planificación, Centros e infraestructuras de la Consejería de Educación y Ciencia, con la anuencia de su superior el Consejero Riopedre, y previo concierto con los representantes de determinadas empresas".

   Según la Audiencia, la imputada "dispensaba un activo trato de favor a las mismas adjudicándoles continuadamente obras o servicios públicos a cambio de recibir importantes sumas de dinero que eran ingresadas en alguna de sus trece cuentas bancarias personales o bien en cuentas de empresas vinculadas a sociedades en las que la misma participaba con otros familiares y/o amigos".