El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, opina que retrasar aún más la edad de jubilación "podría estar justificado" para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y ha puesto sobre la mesa una medida adoptada en algunos países, donde la edad de acceso legal a la jubilación depende de la esperanza de vida.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, Linde ha señalado que el déficit de la Seguridad Social se debe a que los gastos han crecido un 3,9% entre 2007 y 2015, casi cuatro veces más de lo que han aumentado los ingresos en el mismo periodo (+0,9%).

En este sentido, ha rechazado que la reforma laboral de 2012, aprobada por el PP y CiU, sea responsable de esa caída de las cotizaciones. "De ningún modo puede achacarse a la reforma laboral lo ocurrido con los ingresos de la Seguridad Social. La devaluación salarial ha contribuido algo, pero lo fundamental es el desempleo (causado por la crisis) sin la menor duda", ha insistido.

En estas circunstancias, el sistema de pensiones se enfrenta fundamentalmente a un reto demográfico por el envejecimiento de la población --que conlleva un menor número de cotizantes-- y el aumento de la esperanza de vida --que hace que haya que pagar pensiones durante más tiempo--, asociado además a unas nóminas más elevadas para los jubilados a resultas de unas mayores y mejores carreras de cotización.

REDUCIR LA TASA DE SUSTITUCIÓN

En este contexto, Linde ha señalado que ya se han tomado medidas para compensar los desequilibrios con las reformas de las pensiones del PSOE, que en 2011 retrasó la edad de jubilación a los 67 años a partir de 2027, y del PP, que en 2013 introdujo el factor de sostenibilidad y desvinculó la evolución de las pensiones del IPC.

Así, al margen de los efectos positivos que tendría una mejora del mercado laboral y de la productividad, el gobernador ha defendido que haría falta reducir la tasa de sustitución --el porcentaje del último salario que se recibe como pensión inicial-- aunque ha señalado que eso ya se ha conseguido con el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno 'popular', que empezará a aplicarse en 2019.

En este punto, ha reconocido que el aumento de la inflación plantea un problema de pérdida de poder adquisitivo que no se ha dado en los últimos ejercicios, y ha admitido que las pensiones españolas son inferiores a las de otros países, aunque también los salarios son más bajos, si bien ha pedido comparar tasas de sustitución, parámetro que sitúa a España en el cuarto lugar, tras Chipre, Grecia y Portugal.

Sin embargo, incluso en un escenario de pleno empleo, la reducción de la tasa de sustitución necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema en el medio y largo plazo sería "muy elevada", por lo que Linde cree que "lo sensato" es buscar soluciones tanto por la vía de reducción de la tasa de sustitución como de incremento de los ingresos.

"Pero el informe del Banco de España (sobre pensiones) no defiende unas opciones u otras. Sólo expone las alternativas porque no le toca al Banco de España elegir. Nosotros no queremos hacer ninguna propuesta concreta, no quiero entrar en el debate político", ha apuntado en este punto.

VINCULAR LA EDAD DE JUBILACIÓN CON LA ESPERANZA DE VIDA

Sin embargo, el gobernador ha defendido que podría ser necesario aplicar nuevos retrasos de la edad de jubilación, dada la mayor esperanza de vida, las menores exigencias físicas de los trabajos, el retraso en la entrada al mercado laboral y las mejores condiciones de envejecimiento.

"Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y retrasar la jubilación tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad del sistema", ha insistido, señalando que algunos países han optado incluso por establecer "enlaces automáticos entre la esperanza de vida y la edad de jubilación" y por aplicar cuentas nocionales que, en cualquier caso, "mejoran la transparencia" pero "no son la panacea ni solucionan el problema".

Asimismo, sería positivo "extender" la incidencia de los fondos privados de pensiones para "complementar" los recursos públicos durante la jubilación, aunque este tema es "complejo" y requiere de un "análisis" exhaustivo sobre los periodos transitorios, si se hacen obligatorios o voluntarios o los niveles de rentabilidad aceptables en contextos de baja productividad, entre otras cosas.

BUSCAR NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

La segunda vía a explorar para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es buscar nuevas vías de financiación. En este punto, Linde rechaza la posibilidad de incrementar las cotizaciones sociales por el impacto que esto tendría sobre el mercado laboral.

"Las cotizaciones son impuestos al empleo. En España son ya más altas que en nuestro entorno y, en principio, una vuelta de tuerca a las cotizaciones no es aconsejable por su impacto sobre el empleo", ha reiterado.

Además, ha alertado de que destopar las cotizaciones generaría un "fuerte incremento de los costes laborales" y afectaría a la relación entre contribuciones y pensiones si no se incrementan a la vez las pensiones máximas.

Otra posibilidad sería destinar los fondos de la Seguridad Social únicamente a las pensiones de jubilación y financiar el resto de pensiones --como viudedad u orfandad, entre otras-- con los Presupuestos Generales del Estado, lo que "exigiría reducir otros gastos públicos o aumentar la imposición general", algo que el gobernador desaconseja porque podría afectar a su vez al crecimiento económico.

Linde ha eludido precisar qué figuras impositivas deberían tocarse, aunque sí se ha mostrado favorable a que fueran impuestos indirectos porque la tributación en España ya recae mayoritariamente en los impuestos directos.

VOLVER A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL

En este contexto, el gobernador cree necesario mantener un mecanismo automático de equilibrio como el actual índice de revalorización, con su actual diseño u otro, y también ha emplazado a las Administraciones públicas a "volver a la senda de consolidación fiscal y reducción de la deuda para situar las finanzas públicas en la mejor posición para afrontar" los retos futuros, que exigen una "estrategia amplia de política económica" y la "mayor transparencia posible".

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que "defender y preservar el sistema de pensiones público es fundamental". "Hay que hacer lo posible para preservarlo y cuidarlo. Es una prioridad económica y política absoluta", ha insistido, matizando que esto no es incompatible con defender el fomento de planes "complementarios" que puedan gestionarse de manera pública o privada.

"Con las reformas ya hechas, el sistema es sostenible en este momento. Lo que ocurre es que, aplicando esos factores, habrá una tasa de sustitución cada vez más baja. Obviamente, si mejora el empleo y la productividad las cosas cambian. Por eso, la reforma del sistema no se puede enfocar de modo aislado, hay que enfocarlo en el marco de todas las reformas económicas", ha zanjado el gobernador.