El informe final de conclusiones elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que el exconsejero obtuvo de las empresas de Correa 106.000 euros en 2004, 115.000 en 2005, 196.866,01 en 2006 y 70.188,55 en 2007 por la obtención de estas adjudicaciones.

También refleja que López Viejo, que ingresó junto a su mujer, Teresa Gabarra, 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, defraudó a Hacienda 1.925.718,14 euros en los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2006 y 2008.

La ONIF también destaca que en los años 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del exconsejero madrileño "sufrió importantes acrecentamientos" que no se corresponden con las rentas que recibió como "empleado público de la Comunidad de Madrid y como diputado regional en la Asamblea".

"De manera que estas manifestaciones de riqueza no pueden haberse generado por ahorro de su renta declarada", concluye el organismo tributario.

DECLARARÁ EL DÍA 8

El juez también ha dictado este martes una providencia, en el que cita a López Viejo para que declare el próximo 8 de abril. El exconsejero está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

También interrogará ese mismo día como testigo a Eduarda Cavada Ipiña, empleado por cuenta ajena de la emrpesa Turismo y Actividades Recreativas de Estepona.

El exconsejero madrileño tendrá que responder ante el magistrado por los detalles contenidos en este último informe de la Agencia Tributaria y los elaborados anteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

COMISIÓN EN CADA OPERACIÓN

En un auto dictado en octubre pasado en el que el juez citó a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ruz señalaba que López Viejo recibió "cuantiosos pagos" de la red 'Gürtel' como consecuencia de "la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de Madrid".

De la instrucción se deduce que López Viejo ejerció labores de "intermediación" entre varias consejerías del Gobierno regional y la red de Correa a través de "sociedades pantalla o velo para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios". Estas empresas intermedias, según el auto, solían recibir una comisión variable de entre el 5 y el 11,5 por ciento del contrato adjudicado.

El juez cifró entonces en 8,7 millones de euros el importe pagado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la trama 'Gürtel', que habrían obtenido un beneficio irregular de 4,9 millones de euros. Este dinero se habría repartido en "abonos a favor" de López Viejo, comisiones a personas vinculadas con las empresas de Correa y un porcentaje del 5 por ciento para la empresa Over.